Estado comunitario, Estado de derecho o Estado de bienestar

12/06/2008
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 “El ministro Zuluaga enfatiza en que "la totalidad del proyecto se encuentra fundamentada en una noción asistencialista del Estado" y dice que se quiere transformar el Estado de Derecho en "un Estado de Bienestar".

Óscar Iván Zuluaga, Ministro de Hacienda en respuesta a Proyecto de la Senadora Cecilia López(1)

Desconozco la propuesta que radicará la senadora liberal Cecilia López, mediante la cual pretende que el Estado garantice un mínimo vital –renta básica- a todos los colombianos, para así obligarlo a cumplir el mandato de garantizar los beneficios de los derechos sociales mínimos.

De inmediato saltó la liebre. El ministro Zuluaga advirtió que de esta manera se modificarían los alcances del Estado de Derecho por el de Estado de Bienestar, atribuyéndole a este último su noción asistencialita. Con este tipo de réplicas, seguramente no habrá debate o confrontación de ideas.  Para saltar la ignorancia, valdría la pena regalar al ministro una cartilla de la constitución vigente que define a Colombia como un ESTADO SOCIAL DE DERECHO, comúnmente reconocido como el ESTADO DE BIENESTAR.  A ese ESTADO DE DERECHO, el de la democracia liberal que tan sólo enarbolaba principios de libertad, se sumó el ESTADO SOCIAL, el de los principios de igualdad.  Algunos han querido retornarnos al ESTADO DE DERECHO (Liberal) del siglo XVIII y por eso lindan hoy con el pensamiento neo-liberal, por tan sólo pensar en “aquellos bienes sociales primarios” (“libertades básicas, ingresos y riquezas, condiciones sociales para el respecto de sí mismo y la dignidad”) y volcarnos al reconocimiento de la desigualdad como “ley natural” y la compasión (socorrer a los más necesitados de los necesitados). Es decir, recuperar esa estrecha noción del estado asistencialista que, equivocadamente, el Ministro atribuye al Estado de Bienestar.

Por supuesto, este es el sustento ideológico del llamado ESTADO COMUNITARIO; un aparato tan sólo destinado a perpetuar la desigualdad; “un país de propietarios donde todos se sientan dueños y responsables de un activo y de un destino” (a unos les tocó ser ricos y a otros pobres, con activos y suertes diferentes).  Buscar, que los ricos sigan siendo más ricos, acompañados de la “Seguridad Democrática” en sus inversiones, con la posibilidad de pedirles luego compasión o algo de retribución para los más necesitados (responsabilidad social).  El mercado en trance de milagros o actos de solidaridad.  Eso del Estado interventor es algo para desterrar, según Uribe.

En la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo vigente, dejé como constancia que éste era “una puerta de negación del Estado de Bienestar” y que, por consiguiente, “los defensores del Estado Social de Derecho no podemos figurar en los listados de quienes concilian con la validez o vigencia de la Seguridad Democrática o el Estado Comunitario, ni seremos cómplices de la negación del bienestar de los colombianos, ni de la acumulación voraz de las riquezas de nacionales y extranjeros que saquean a este país”.  El debate con relación al modelo de Estado pasó casi desapercibido, pese a que éste no debería estar en discusión tras su aprobación en el año 1991.  No obstante, el Uribismo a toda consta lo ha querido desconocer, hasta el punto de querer imponer su plan de gobierno, como política de Estado por encima de la Constitución.

La llamada “confianza” en el vértice, apoyada en el pilar de la “seguridad democrática” por un lado, y el de la “seguridad de la inversión” por el otro, para logar como consecuencia “la armonía social”, no es nada más ni nada menos que la puesta en práctica de una de las tesis en discusión en el mundo: el mercado sin estorbo alguno, organizando la sociedad para sus intereses, en lugar de ese Estado que organiza la sociedad para la satisfacción de sus necesidades.  En las discusiones planteadas por parte del Gobierno se llegó a decir “No hay debate entre más Estado o más mercado: El PND provee tanto un mejor Estado como más y mejores mercados”, como para salir de paso a ese golpe de conciencia o de traición.  Así, el único sendero posible, es la estrategia del crecimiento “alto y sostenido” como para mejorar las condiciones de equidad e ingresos de la población, “un Estado promotor del desarrollo social, con criterios de sostenibilidad y generación de ingresos, en clara oposición al Estado asistencialista”.  Ahora, si ese Estado “ayuda” (diferente a redistribuye), lo debe hacer con criterios de focalización para “poder acceder a las acciones… las cuales, en todo caso, tienen un carácter transitorio”.

Tiene razón la senadora Cecilia López al afirmar que el llamado Sistema de Protección Social (Ley 789 de 2002) fracasó o, por lo menos, “cumplió su vida útil” puesto que, de acuerdo con los organismos multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamericano y Fondo Monetario) que lo inspiraron, “el tema de los subsidios debe ser transitorio y no permanente”.  Ese famoso “Sistema de Manejo de Riesgos” –SMR-, que al copiarlo lo hicimos como “Sistema Social de Riesgos” –SSR-, fue acompañado de una clara definición: “medidas del sector público para promover la seguridad de ingresos de la personas, durante los períodos en que la economía presenta caídas drásticas del PIB”, las que, al traducirlas en la Ley 789, pasaron a ser permanentes, es decir, no condicionada a la caída del PIB, dirigidas a los más desprotegidos, este sí, un modelo de carácter meramente asistencialista.  Como los desprotegidos cada vez son más y el mercado no es la solución, la senadora Cecilia López propone “un mínimo vital” para que el Estado sea el que atienda dichas falencias y en alguna medida se garantice una vida digna.  Esto levantó ampollas en el Ministro de Hacienda, con la disculpa de siempre: el Estado carece de recursos para ello e implicaría cambiar el Plan de Desarrollo.

En el ideario del Polo Democrático Alternativo –PDA– está claro el abogar por un Estado y un Régimen Político que “haga realidad el Estado Social de Derecho, que respete y haga efectivo los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población”, porque esos derechos deben ser la razón de ser del Estado en procura de su universalización.  Acompañaremos el debate, desde todos nuestros espacios que, con algunas dificultades, conservamos ante la soberbia, el señalamiento y el autoritarismo del presidente Uribe.

- Germán Enrique Reyes Forero, Representante a la Cámara Polo Democrático Alternativo

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

Nota

(1) http://www.eltiempo.com/politica/2008-05-30/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4216775.html

https://www.alainet.org/es/active/24712?language=en

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