El pasado 10 de junio, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Enrique Cornejo, reveló la estrategia gubernamental destinada a eliminar definitivamente la pobreza en el país, la cual consistía en trasladar a los millones de peruanos que viven en zonas alejadas en condiciones de extrema pobreza a las “ciudades intermedias”, donde se focalizaría la acción de los programas sociales como electrificación, saneamiento y el programa Juntos.

Pero ¿la estrategia es adecuada para resolver el problema de la pobreza? Parece que está lejos de ello, porque la solución no está en acercar a los pobladores rurales a los espacios intermedios donde el Estado puede fácilmente proveer de infraestructura y atención de servicios, sino se debe diseñar modelos de atención adecuados a la dinámica de las zonas rurales alejadas.

Siguiendo la lógica de la propuesta, ¿cuáles serían esas ciudades intermedias en Ayacucho? Por su dinámica y envergadura, podrían ser cuatro: Huamanga, Huanta, la Mar y Lucanas. Pero también es válido preguntarse ¿en qué medida la dinámica económica, infraestructura de servicios, redes de atención, disponibilidad de espacios territoriales de estos centros urbanos están acondicionadas para la recepción de miles de pobladores? Entonces se evidencia que la lógica gubernamental solo ha enfocado la posibilidad de otorgar atención de servicios básicos y ha obviado la reproducción de la economía familiar campesina, que se entramparía con la dinámica de economías poco desarrolladas y que giran en torno a actividades económicas de comercio y de servicios, como es el caso de la ciudad de Huamanga.

El planteamiento corre el riesgo de constituirse en un modelo centralista de atención de salud localizado en espacios urbanos con pobladores marginados del mercado. Asimismo la dinámica económica de estas ciudades intermedias tienen como principal sustento la provisión estatal de servicios, en el mejor de los casos a cambio de actividades de baja productividad y en el peor de ellos a cambio de constituirse en una población cautiva a formas clientelistas de un poder centralista.

Algunas reacciones plantean que la iniciativa más que una estrategia es un componente de una estrategia mayor destinada a fragmentar las comunidades campesinas y liberalizar las tierras comunales para la inversión privada. La reacción no deja de tener asidero, si es que la estrategia -como también lo anuncio el ministro- se implementará a partir de la identificación de centro poblados y ciudades intermedias donde desarrollar la acción, es decir no en todas, lo que hace sospechar que podrán ser en aquellas zonas rurales posibles de generar inversión.

La naturaleza de la estrategia no convence del todo y está claro que desde el gobierno, la intención es mostrarse a nivel nacional como un gran estratega en la lucha contra la pobreza y a nivel externo como el gestor de mejores condiciones para la inversión privada.

La estrategia no pasa de ser un nuevo exabrupto gubernamental y de un intento de búsqueda de un patrón populista que permita legitimar al presidente Alan García y facilite su posibilidad de ser reelegido. Sin embargo, habría que destacar que la región existen iniciativas mejor elaboradas sobre como brindar un mejor servicio público a los pobladores de las comunidades alejadas y poco accesibles para el Estado. Un ejemplo es en el sector educación con las llamadas “instituciones educativas de formación en alternancia” que se están implementando a manera de piloto en dos centros poblados (Uchuraccay, Distrito de Huanta y Cayramayo, Distrito de Vinchos). La idea es que los estudiantes de nivel secundario concurran a cada uno de los centros y se establezcan por 15 días para su aprendizaje y los 15 días restantes del mes retornen a sus centros poblados.

Felix Palomino
Asociación SER-Oficina regional Ayacucho

Fuente: Asociación SER (Perú)

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