En los últimos días, mucho se ha hablado de lo pequeños y medianos productores rurales. ¿Pero quiénes son realmente? ¿Sus intereses están representados en el conflicto? ¿Están cortando rutas?

Desde que el 11 de marzo pasado, Martín Lousteau, ex ministro de Economía, y Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior de Argentina, anunciaron un paquete de medidas económicas entre los que se destacó la suba de un 12 por ciento en las retenciones a las exportaciones de granos y oleaginosas, el país austral ha está viviendo más de cien días en medio de un conflicto sectorial tenso.

En ese entonces, los sectores rurales (aglutinados en la Mesa de Enlace) mostraron su desacuerdo realizando cortes de ruta en todo el país, reclamando “dialogar” con el Gobierno Argentino para que se revean las retenciones, y se retrotraigan al 11 de marzo, cuando el impuesto a las exportaciones era de 33 por ciento.

El plan de acción de los “ruralistas” argentinos está marcado por las decisiones de los presidentes de las cuatro principales entidades agropecuarias: Mario LLambías, Eduardo Buzzi, Luciano Miguens y Fernando Gioiano, líderes respectivamente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).

Si bien los medios, y los ruralistas en conflicto, quieren mostrar a la sociedad que están unidos, que hay un solo campo en lucha, la realidad parece demostrar lo contrario. A pesar de que la Federación Agraria, se jacta de representar a los medianos y pequeños productores, éstos no lo ven así. La Federación Agraria dice representar a los pequeños productores pero en Jujuy esas entidades no existen” expresó Omar Romano representante del Movimiento de Campesinos de Jujuy.

”No nos representan, y no estamos de acuerdo con sus reclamos porque creemos necesario una política integral de desarrollo rural que apunte a la soberanía alimentaria y no solamente a la especulación financiera y engordar a los que trabajan para los agronegocios”, señaló Benigno López, del Movimiento Campesino Formoseño (MoCaFor).

El principal referente de “Unión por Jujuy”, Rubén Daza, opinó “que los sectores que hoy protestan puede estar en las rutas, puede estar sin vender, sin exportar, justamente porque tiene capacidad para hacerlo, el pequeño productor jujeño no puede dejar su campo tanto tiempo”.

Ante esta falta de representación de sus intereses, el pasado 17 de Abril –Día Internacional de Lucha Campesina- se fundó el Frente Nacional Campesino (FNC), que reúne a más de 200 mil pequeños productores, minifundistas y agricultores familiares. Entre las 27 organizaciones integrantes están: Movimiento Campesino Formoseño (MoCaFor), Movimiento Campesino Santiago del Estero (MoCaSE) y Movimiento Campesino Jujeño (MoCaJu).

A fines de la década de los años 80 surgió el MoCaSE, que actualmente aglutina a más del 50 por ciento de los campesinos de Santiago del Estero. Su accionar se basa en la lucha por la tierra y los derechos de los campesinos, tal como cuenta Pablo Orellana, integrante del movimiento desde 1989: “el objetivo es unirnos para que seamos más, y podamos luchar contra los que nos quieren atropellar, para defender principalmente la tierra, y poder reclamar créditos y mejoras en la comercialización de lo producido”.

En tanto el movimiento de Formosa surgió plenamente el 28 de febrero de 1999, integrado por pequeños productores agropecuarios, con escasas hectáreas de tierra, por obreros rurales que son campesinos sin tierra, y por algunas comunidades de pueblos originarios. Desde el comienzo reivindicaron el modelo productivo tradicional del campesino, exterminado durante la última dictadura militar de 1976, y el trabajo cooperativo de ayuda mutua. “Ya hemos construído y legalizado siete cooperativas y queremos profundizar eso, la propiedad colectiva de los implementos agrícolas y de las parcelas de tierra”, cuenta López, dirigente de MoCaFor.

En Jujuy, los campesinos vieron la necesidad de unirse en el año 2003, ante el avance imparable del cultivo de soja y tártago (ambos utilizados para agrocombustibles). Esto provoca que se reduzca la cantidad de tierras donde los campesinos pueden continuar con su cultivo de verduras o cría de ganado.

El principal objetivo de la autodenominada “quinta entidad agraria”, presentado en un comunicado, es el de aportar una respuesta diferente a las dos posiciones contrapuestas sobre el conflicto del campo, encarnadas por el gobierno y las cuatro entidades CRA, FAA, SRA y CONINAGRO.

“No apoyamos a las entidades del campo pero no significa que apoyemos al gobierno. Nuestra lucha va más allá, en un concepto de soberanía alimentaria que es para todo el pueblo, para que además de un plato de comida podamos tener una vivienda digna para vivir, una justicia equitativa y que no sea solo para los terratenientes o para quienes más plata tienen. Por eso creemos que el estado tiene que tomar cartas en el asunto y empezar a ver bien quienes somos los perjudicados con esas políticas", remarcó Pablo Orellana, representante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.

Por su parte Omar Romano del Movimiento Campesino de Jujuy destacó que en su provincia "más del 70 por ciento del agro está integrado por pequeños productores de verduras que enviamos a los mercados centrales. No contaminamos la tierra con la soja, como en una pequeña localidad jujeña conocida como la Capital del Tomate, que hoy está prácticamente cubierta con soja y caña de azúcar. Los productores jujeños todavía seguimos trabajando con caballos y bueyes, mientras vemos que el otro sector es beneficiado al tiempo que sigue contaminando el medio ambiente”.

También buscan políticas agrarias diferenciadas para cada tipo de productor, y dependiendo de la zona en la que se produce. “No son lo mismo los pequeños productores de la puna, del Chaco árido, de la Mesopotamia, de la pampa húmeda o árida, de los valles de Cuyo o de la Patagonia, que los productores a los que nosotros representamos que son más de 200 mil en todo el país", agregó Orellana del MoCaSE.

“Nuestro apoyo es para el sector del pequeño productor, pero al verdadero, no a los que ellos dicen que tienen 120 hectáreas, sino al que tiene media hectárea, 5 y 10 hectáreas”, resaltó Orellana.

Básicamente, este sector produce, sin utilizar semillas transgénicas, todo tipo de verdura, algodón y carne, excluidos totalmente de algún tipo de subsidio, ni línea de créditos u otros beneficios económicos que faciliten su trabajo rural, como sí tienen los pequeños productores de soja de la Pampa Húmeda.

A su vez, los pequeños productores de las provincias tienen otro problema, el del desalojo de sus tierras por el avance del cultivo de soja en todo el país. En muchos casos, los campesinos se ven obligados a alquilar porciones de sus tierras a los grandes productores de soja. Estos contaminan la tierra con agroquímicos, por lo que una vez retirada la siembra no se puede volver a cultivar nada más, dejando el suelo inutilizable.

En otros casos, campesinos arriendan tierras a precios muy caros por ello, no poseyendo los títulos que se necesitan para gestionar créditos. Esto genera falta de trabajo, haciendo que muchas familias dejen el campo para probar suerte en las ciudades.

“La soja expulsa a pueblos originarios y a las comunidades campesinas, es un método terrorista de expulsión de comunidades y de contaminación y acelera lo que puede denominarse un ‘genocidio en el campo’”, remarcó Benigno López de MoCaFor.

Todos los movimientos de campesinos hacen hincapié en la línea política que llevan adelante basándose en la soberanía alimentaria. Creen que es necesario “cambiar el modelo agropecuario y exportar valor agregado y no sólo materia prima, queremos un campo con campesinos y no de monocultivo”.

Si bien es verdad que Argentina es el tercer exportador mundial de soja, no es menos cierto que los mayores beneficiarios de esta producción desmesurada de soja son los grandes terratenientes y los empresarios del sector. “La plata que llega a nivel nacional jamás es repartida a los pequeños productores, queda en aquellos que tienen grandes extensiones de tierra”, dijo Omar Romano.

Actualmente 16 millones de hectáreas de tierra en Argentina están ocupadas con soja, según datos oficiales. Diez años atrás, la oleaginosa ocupaba solamente 5 millones de hectáreas. Asimismo, aproximadamente el 100 por ciento de esa soja es transgénica, cultivada con químicos también transgénicos que deteriora la tierra para futuros cultivos.

Las diferentes organizaciones que conforman el Frente Nacional Campesino, ven en este nuevo movimiento una posibilidad real de lucha por sus derechos, coordinadamente con otros campesinos del país que están en la misma situación.

Sin dudas el conflicto que actualmente tienen las patronales rurales con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, deja de lado a los pequeños productores familiares. Han dejado claro en sus comunicados de prensa, que no están apoyando el desabastecimiento que sufre el pueblo argentino, pero que tampoco apoyan totalmente a las medidas por el gobierno. Confían en que debe haber un punto medio entre las dos posturas que se muestran como intransigentes.

Los pequeños productores, ubicados fuera de Buenos Aires, lejos están de ver los beneficios del comercio internacional, o especular con el precio del dólar en la bolsa de Comercio de Wall Street. Ellos trabajan sus tierras para que sus hijos tengan un plato de comida todos los días.

La lucha que llevan adelante los campesinos argentinos es muy diferente a la encabezada por las cuatro entidades agropecuarias. Más de 200 mil personas de todo el país vieron que sus reclamos no formaban parte de los temas de debate en el conflicto. Entre otras cosas buscan reivindicar sus derechos sobre la tierra en la que trabajan día a día. Así fue como la necesidad de unirse dio como resultado el Frente Nacional Campesino, la quinta entidad rural.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.
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