El fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dado a conocer el jueves 26 de junio de 2008, es claro en concluir que la votación en la Comisión primera de la Cámara de representantes mediante la cual se aprobó el acto legislativo que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez se hizo utilizando dádivas y prebendas para lograr el voto decisivo de la entonces representante Yidis Medina. Este voto fue comprado mediante el otorgamiento a Yidis Medina de puestos y lo propio se hizo para lograr que el también representante a la Cámara, Teodolido Avendaño, se ausentara del recinto en el debate y la posterior votación. Con el voto de Yidis Medina a favor del acto legislativo se logró la mayoría de 18 votos requeridos para aprobar la reelección. En la sentencia que condena a Yidis Medina a 47 meses de arresto domiciliario la Corte Suprema de Justicia, señala que en el proceso se comprobó el delito de cohecho y que la procesada aportó prueba documental para llegar a dicha conclusión.

Sobre la comprobación de los hechos de corrupción que se utilizaron para lograr la aprobación del Acto Legislativo ya no existe duda pues el máximo tribunal de justicia penal en el país ha dictado sentencia. Queda pendiente el juicio a Teodolindo Avendaño que no hará más que ratificar, por las pruebas que ya evaluó la Corte en el caso de Yidis Medina, que también allí se utilizaron dádivas y se manejaron recursos del Estado para lograr que este representante se ausentara de la votación y de esta manera garantizar el mínimo de votos requeridos para la aprobación del Acto Legislativo. Así, pues, la Corte Suprema, comprobó que la votación se hizo quebrantando los principios democráticos y violentando las reglas del juego definidas en la Constitución que les confiere a los parlamentarios, autonomía y libre examen, frente a los proyectos puestos a su consideración. En esta ocasión la Corte Suprema, comprobó que mediante el otorgamiento de recursos del presupuesto público se compró la conciencia y el voto por lo menos de la parlamentaria conservadora Yidis Medina. Con ello el Acto Legislativo se aprobó de manera fraudulenta. Insisto que fue el Acto Legislativo y no las elecciones de mayo de 2006 que llevaron nuevamente a la presidencia a Álvaro Uribe Vélez. La ilegalidad e ilegitimidad se refieren a la aprobación del Acto Legislativo que permitió la reelección del Presidente Uribe. Es por ello improcedente realizar un referendo para ratificar la reelección de Uribe. La sentencia de la Corte Suprema se refiere a la compra del voto de Yidis Medina que fue como lo señala la misma sentencia definitivo para lograr el mínimo de votos necesarios para que se aprobara dicho acto legislativo que fue el que posteriormente permitió la reelección de Uribe en las elecciones de mayo de 2006.

La Corte Suprema de Justicia ha obrado con acatamiento a las normas constitucionales, a sus funciones y a los supremos valores de la democracia. No debe quedar la menor duda sobre la necesidad de respaldar las decisiones judiciales, precisamente, en momentos en los cuales el primer ciudadano del país, que es el Presidente Uribe, cuestiona la legitimidad de dichos fallos. Es claro que el hoy ciudadano presidente y sus funcionarios utilizaron recursos del erario público para corromper a los congresistas y de esta manera lograr que se reformara la carta política. Queda en manos de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General avanzar en las investigaciones sobre los funcionarios que participaron en la compra de los votos de los parlamentarios. Como se sabe el delito de cohecho involucra necesariamente a quién ofrece y da y a quien recibe. En este caso los que ofrecieron fueron los funcionarios del Ejecutivo en primer término el ex ministro del interior y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega, el actual ministro de la protección social, Diego Palacios Mejía y el entonces secretario general de la presidencia, Alberto Velásquez. En las últimas horas se sabe que el Procurador General de la Nación Edgardo Maya Villazón ya ha formulado pliego de cargos contra ellos y se espera que haya sanciones disciplinarias. En la Fiscalía General de la Nación el proceso esta enredado, pues, aún no se resuelve sobre las inhabilidades del actual Fiscal General Mario Iguarán Arana para investigar a sus antiguos colegas en el gobierno de Uribe, pues, todos sabemos que el actual fiscal fue viceministro de Justicia del actual gobierno. Aún no se resuelve sobre quienes llevarán estas investigaciones.

Las propuestas realizadas por el Presidente de la República en su comunicado del 26 de junio merecen dos comentarios. El primero el que se refiere al rechazo y la condena a la sentencia de la Corte Suprema a quien de manera injusta e irresponsable señala como cómplice del terrorismo. No es la primera vez que Uribe arremete contra la Corte no solo de manera injusta sino temeraria. Aún en la Fiscalía General de la Nación esta sin resolver una querella contra el magistrado Iván Velásquez, coordinador de la Unidad de Investigadores de la Corte Suprema de Justicia que sigue el proceso contra los parlamentarios acusados de colaborar y representar políticamente a los grupos paramilitares y que en su inmensa mayoría forman parte de la coalición que apoyó con sus votos la primera y la segunda elección de Uribe. En este caso José Orlando Moncada, alias “Tasmania” que había acusado al magistrado de la Corte de ofrecer dádivas a cambio de implicar a Uribe en un crimen, se ha retractado y ha develado un montaje que según la Revista Cambio en la edición de la presente semana, incluyó la entrega de una casa para su familia a cambio de implicar al Magistrado Velásquez. Tasmania se ha ratificado en su retractación ante la Fiscalía General de la Nación y ha señalado a su abogado Sergio Jaramillo y a Juan Carlos Sierra, alias “el Tuso”, de haber urdido la falsa acusación detrás de la cual estaría el primo del Presidente, Mario Uribe hoy detenido por orden de la Fiscalía General de la Nación por presuntos nexos con los grupos paramilitares. La decisión de la Corte en la sentencia que condena a Yidis Medina y el señalamiento de que efectivamente hubo un delito de cohecho para aprobar su reelección, enfurecieron a Uribe quien como se dice popularmente se despacho contra la Corte Suprema como ya lo había hecho en el caso de alias “Tasmania” denuncia sobre la cual se ratifico el pasado seis de junio y como antes lo había hecho contra el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia. No es nuevo que Uribe descalifique a los magistrados de la Corte Suprema y a sus decisiones judiciales. Es precisamente por lo que los demócratas todos y sin distingos, debemos rodear y respaldar las decisiones de la Corte Suprema en la lucha contra la corrupción y el crimen.

Un segundo comentario tiene que ver con la propuesta de adelantar un referendo para que se ratifique la elección de Uribe. Esto es una falacia como ya lo hemos indicado, pues, lo que esta en el centro de la decisión judicial es sobre la ilegalidad e ilegitimidad del Acto Legislativo que permitió la reelección de Uribe para el período 2006-2010. Es por ello que la propuesta es improcedente y es una cortina de humo.

Un gobierno de los atajos

No es la primera ni será la última vez que el presidente, Álvaro Uribe se vea en líos con la justicia por la utilización de atajos y medios que rayan con conductas delictivas. Mediante pronunciamientos públicos absolvió al entonces director del DAS Jorge Noguera Cote quien se encuentra vinculado a investigación penal en la Fiscalía General de la Nación, exonero a los militares hoy vinculados a investigación penal por el asesinato de varios líderes de la comunidad de paz de San José de Apartadó, ha cuestionado las investigaciones contra parlamentarios por sus nexos con el narcotráfico, ha acusado a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y ahora, pretende desconocer el fallo de la Corte Suprema mediante el cual se comprobó la ilegalidad del Acto Legislativo que permitió su reelección. También desconoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba congelar las extradiciones de los jefes paramilitares mientras no confesaran toda la verdad y repararan a las victimas.

Múltiples son las acciones de gobierno que utilizan los atajos para abrogarse poderes y desconocer los fallos judiciales. Muchos decretos reglamentarios de la ley de Justicia y Paz están demandados ante el Consejo de Estado y la propia Corte Constitucional ha admitido una demanda porque dichos decretos interpretan de manera inadecuada el texto de la ley. En fin, muchas actuaciones del gobierno utilizan el atajo para abrogarse funciones que ni la constitución ni le ley le otorgan al ejecutivo.

Queda ahora en manos de la Corte Constitucional el fallo de la Corte Suprema para ver si tiene consecuencias en el fallo de este organismo que declaro ajustada a la constitución el Acto Legislativo que permitió la reelección de Uribe. El Tribunal Constitucional tiene la última palabra.


- Pedro Santana Rodríguez, Presidente, Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org