El presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, Alberto Acosta, renunció a presidir ese cuerpo el pasado lunes 23 de junio. Este es un hecho de mucha importancia y merece un primer análisis. Recordemos que el economista Acosta fue el candidato más votado a la Constituyente de la coalición de gobierno "Acuerdo País", y uno de los principales pilares de las transformaciones en marcha en Ecuador.

Tanto por su respaldo popular, como por sus capacidades intelectuales, Acosta fue seleccionado para presidir la Asamblea que elaboraría la nueva constitución ecuatoriana. A lo largo de estos meses ha guiado ese proceso, intercalado con tareas legislativas asumidas por la Asamblea, y bajo un fuerte ataque desde sectores conservadores y representantes de la política tradicional.

Ante la proximidad del vencimiento del plazo para redactar la nueva constitución, fijado para el 26 de julio, distintos asambleístas, y entre ellos el propio Acosta, sostenían que sería necesario extender los plazos para asegurar un texto de calidad y con suficiente legitimidad. Esa postura chocó con los reclamos de otros actores políticos, incluyendo a muchos integrantes de la coalición de gobierno, y el propio presidente de la república, Rafael Correa, quienes rechazaron extender ese plazo y por lo tanto exigían acelerar los ritmos y reducir el tiempo dedicado a los debates.

Acosta, tal como indica su carta de renuncia, no deseaba sacrificar la pluralidad del debate y la calidad del texto por la premura de los tiempos. A su juicio la Asamblea Constituyente debe ser un "espacio democrático por excelencia", y en tanto la democracia tiene como "condición intrínseca fundamental, que todos y todas puedan escuchar y ser escuchados", era necesario asegurar la continuidad de ese debate. Sin embargo, el consejo político de Acuerdo País le retiró el apoyo, reclamando acelerar las votaciones de manera de llegar a la mágica fecha límite. Frente a esta nueva circunstancia, Acosta renunció a la presidencia de la Asamblea, para volver a su sitio como Constituyente.

Esta renuncia ha generado un gran impacto tanto dentro de Ecuador como en el exterior. Esto se debe a que las reformas constitucionales han sido ensayadas por otros gobiernos progresistas: Venezuela y Bolivia. Tanto en Bolivia como en Venezuela ese proceso ha sido contradictorio y tensionado, mientras que el caso ecuatoriano, el más reciente, aparecía como el más ordenado, y alimentaba las esperanzas de que en esta ocasión se lograría un texto de buena calidad, y que estuviera revestido de amplia legitimidad social. Parece oportuno examinar estos casos para analizar las opciones en Ecuador.

Comencemos por la propuesta de reforma constitucional venezolana, la que no nació de un reclamo ciudadano, sino de los intereses presidenciales para aplicar cambios más o menos específicos. Esto hace que el proceso venezolano antes que buscar una constitución común a todos, fuese interpretado como una agenda de Hugo Chávez. Ello no sólo impidió crear un consenso sobre principios básicos, sino que acentúo las divergencias entre chavistas y anti-chavistas. Muchas personas vieron allí su oportunidad para expresar su disconformidad con la marcha del gobierno de Chávez, sin detenerse a evaluar la calidad de esa propuesta constitucional. El resultado es bien conocido: la reforma constitucional fue rechazada por la ciudadanía.

Esta es una primera lección que debe tenerse presente en el caso ecuatoriano. Un texto constitucional no es una plataforma partidaria, ni puede reflejar los intereses presidenciales, sino que debe expresar acuerdos comunes a todos los ciudadanos. Justamente este es uno de los riesgos que se enfrentan en la sede de la Constituyente ecuatoriana, en Ciudad Alfaro, ya que el proyecto podría terminar siendo una expresión de una agenda gubernamental, y su votación sería un referéndum sobre la figura presidencial.

En el caso boliviano, la gobernante coalición Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, entendió que una nueva constitución le permitiría refundar el país. Pero el proceso fue entorpecido, cuestionado y bombardeado desde la oposición. Uno de los problemas fue que muchos actores del MAS quedaron enredados en repetir esas viejas prácticas políticas, para finalmente optar por apurar el proceso y aprobarlo a como diera lugar. Se llegó así a un texto que muestra desde problemas de redacción, hasta conceptos contradictorios. Allí se sacrificó la calidad para asegurar los plazos políticos. Las consecuencias de esa decisión fueron que el texto constitucional en lugar de apaciguar el debate político nacional al servir como referencia de un marco básico de conceptos y valores compartidos por amplias mayorías, terminó alimentando los fuegos de la crisis política y las resistencias desde diversas minorías.

Todas estas son lecciones importantes. En Ecuador, la Asamblea Constituyente también ha sufrido tensiones y cuestionamientos de todo tipo. Es cierto que las intervenciones en la Asamblea pueden usarse de manera constructiva para mejorar el texto constitucional, pero también fueron aprovechadas por los grupos opositores para entorpecer, cuestionar y torpedear todo el proceso. Esa oposición, amplificada en muchos medios de prensa, generó enormes tensiones, explica algunos atrasos, y despierta dudas en la ciudadanía. Pero ¿alguien podía suponer que la oposición actuaría de otra manera? La "política de la farándula" enturbia el proceso, pero no se la combate con la anulación del debate, sino que el antídoto está en lograr una discusión de calidad. El silencio no es la solución frente a la vieja política.

Lo cierto es que la marcha de ese debate, con todas sus luces y sombras, alimentó críticas dirigidas hacia Acosta por permitir que todos los asambleístas hablaran. El presidente Rafael Correa llegó a afirmar que Acosta era "demasiado democrático", aludiendo a la necesidad de acortar los debates, aplicar las mayorías automáticas, y aprobar el texto constitucional. Correa confundía su rol presidencial, de tipo ejecutivo, que puede ordenar a los ministros y secretarios, con el papel de un cuerpo colegiado, y por si fuera poco de constituyentes, donde todos guardan la misma representatividad y autoridad.

Es cierto que hay varios analistas de irreprochable reputación que defienden este cambio en la Constituyente ya que consideran que la "revolución ciudadana" enfrenta crecientes costos políticos, y que es necesario pasar cuanto antes a la campaña del "sí" a la nueva constitución (tal como se ha repetido en los últimos días, por ejemplo en la radio La Luna).

Es posible apelar a las mayorías que dispone la coalición de gobierno para forzar la aprobación de los próximos artículos. El uso de las "mayorías automáticas" como reflejo de la opinión presidencial, ha sido utilizado, por ejemplo, en la Venezuela de Chávez o la Argentina de Néstor Kirchner. En los dos casos se aprobaron las normas, pero también se terminó en deteriorar el papel del poder legislativo, en donde persistieron los vicios de la vieja partidocracia caudillista pero bajo otro ropaje.

Los riesgos de seguir ese camino para aprobar un texto constitucional son enormes. No sólo por los problemas indicados arriba, sino también debido a que una Constitución no es un simple decreto ni siquiera una ley. Un texto constitucional va mucho más allá en tanto apunta a un marco consensuado donde todos los ciudadanos se sientan representados y cobijados. De nuevo, Acosta acierta en esa cuestión cuando dice en su carta de renuncia a la presidencia que el proceso de la Constituyente debe "buscar y obtener un verdadero pacto social en el que las grandes mayorías pero también las minorías, se reconozcan y reconcilien: no debemos excluir". Agrega que "tenemos la necesidad de un cambio en la forma de hacer política, rescatando la política y repolitizando la sociedad; teniendo presente a cada momento que la democracia es para todos y para todas".

La "celeridad" termina limitando los debates, coquetea con el rechazo, y replica muchas prácticas de la vieja política, y por lo tanto no genera esa legitimidad de acuerdo incluyente. Precisamente por esas serias limitaciones se corre el riesgo de vaciar los contenidos comunes como proyecto de país, y caer en una consulta popular sobre el desempeño presidencial. No se pondrá tanto el acento en la calidad del texto, sino en expresar el rechazo o el apego a Rafael Correa.

La renuncia de Acosta también deja en evidencia otras divergencias sobre las estrategias de desarrollo que deberían seguirse en Ecuador. Esto se está haciendo cada día más evidente por el lento pero persistente viraje de Correa hacia posturas convencionales, tales como continuar con una política petrolera convencional o fomentar la inversión minera, ambas ancladas en una inserción internacional comercial dependiente. En otras palabras, estrategias que en su expresión práctica se hacen cada vez más parecidas a las políticas extractivas aplicadas en Perú o Colombia. Sus respuestas a quienes advierten sobre estos problemas desde la sociedad civil ecuatoriana, que enseguida caen en la crítica y la descalificación, tampoco pasan desapercibidas a nivel internacional, y en ese plano también se asemejan a lo que sucede en Colombia y Perú.

Todos observamos con atención lo que pasa en Ecuador. La renuncia de Alberto Acosta abre enormes desafíos para la marcha de la reforma constitucional, y para los procesos de cambio en Ecuador. Pero no puede pasar desapercibido que esa renuncia también es un ejemplo de una nueva política. Ella no puede ser interpretada bajo las viejas prácticas políticas, no apuntaban a los titulares de la prensa, ni a la figuración personal, ni tampoco a poner en riesgo a la coalición gubernamental. Es una renuncia que encierra la enseñanza sobre otra práctica política, comprometida con los principios y con un proceso de cambio. Acabamos de presenciar un magisterio profundamente democrático.

- E. Gudynas es analista de información en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social) y D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – América Latina).

 Publicado en el semanario Peripecias Nº 102 el 25 de junio de 2008.

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