Organizaciones populares acuerdan realizar el III paro cívico nacional
09/07/2008
- Opinión
Tegucigalpa
Organizaciones populares y sociales agrupadas en la Coordinadora Nacional de Resistencia llevaron a cabo en esta ciudad el Tercer Encuentro Popular, donde acordaron la realización de un nuevo Paro Cívico Nacional.
El Tercer Paro Cívico Nacional que comprende la realización de marchas, mítines, asambleas informativas y tomas de puentes y carreteras se llevará a cabo el próximo cinco de agosto en las distintas regiones del país.
La acción lleva el propósito de presionar al gobierno para que cumpla con la demanda de los doce puntos que contienen la derogación de la Ley Marco del Agua Potable y Saneamiento Básico, aprobada en el 2003 y que permite la municipalización del servicio de agua, para que luego sea dada en concesión a empresas privadas.
Asimismo que el Congreso Nacional apruebe una nueva Ley de Minería a partir de propuestas surgidas de los sectores sociales y populares, la suspensión de todos los proyectos de construcción de represas, hasta definir una propuesta que se sostenga sobre la protección del medio ambiente y en el marco de la soberanía del Estado.
Además incluye la derogación del Decreto Ejecutivo del Salario Diferenciado y de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, que atenta contra la vigencia de los estatutos y la contratación colectiva.
El pliego de exigencias reclama el respeto a la libre sindicalización, sobre todo en las maquilas, la derogación de la Ley de Modernización Agrícola y la aprobación de una nueva Reforma Agraria.
El respeto a los pueblos indígenas y negros que son víctimas de de los intereses empresariales nacionales y extranjeros con miras a la explotación de los territorios que ancestralmente les pertenecen.
Pide poner en marcha la Estrategia Nacional para la Redistribución de la Riqueza frente a la conocida Estrategia de Reducción a la Pobreza que ha sido demagógica, inoperante y que responde como un simple paliativo a los duros golpes que el neoliberalismo les da a los pueblos de los países empobrecidos.
De igual manera exige un estricto control de precios que detenga las alzas a los productos de consumo popular; la nacionalización de la importación de los combustibles; el fortalecimiento de las empresas del Estado; ENEE, SANAA, HONDUTEL; la derogación de los contratos de SEMEH y las plantas térmicas.
También plantea el establecimiento de la educación pública gratuita en todos los niveles y con todos los beneficios para la población estudiantil. Salud pública con medicinas y atención oportuna en el sistema hospitalario central y del Instituto Hondureño de Seguro Social.
En los últimos meses el valor adquisitivo de los salarios de los obreros se ha reducido en un alto porcentaje debido al incremento del precio en los combustibles, por lo que las organizaciones populares y centrales obreras pugnan por una revisión general de salarios.
Las CNRP y centrales obreras estiman que en el paro Cívico Nacional participarán alrededor de 100 mil personas de las organizaciones populares y de la sociedad civil, sindicatos, campesinos, maestros, patronatos y grupos religiosos.
Organizaciones populares y sociales agrupadas en la Coordinadora Nacional de Resistencia llevaron a cabo en esta ciudad el Tercer Encuentro Popular, donde acordaron la realización de un nuevo Paro Cívico Nacional.
El Tercer Paro Cívico Nacional que comprende la realización de marchas, mítines, asambleas informativas y tomas de puentes y carreteras se llevará a cabo el próximo cinco de agosto en las distintas regiones del país.
La acción lleva el propósito de presionar al gobierno para que cumpla con la demanda de los doce puntos que contienen la derogación de la Ley Marco del Agua Potable y Saneamiento Básico, aprobada en el 2003 y que permite la municipalización del servicio de agua, para que luego sea dada en concesión a empresas privadas.
Asimismo que el Congreso Nacional apruebe una nueva Ley de Minería a partir de propuestas surgidas de los sectores sociales y populares, la suspensión de todos los proyectos de construcción de represas, hasta definir una propuesta que se sostenga sobre la protección del medio ambiente y en el marco de la soberanía del Estado.
Además incluye la derogación del Decreto Ejecutivo del Salario Diferenciado y de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, que atenta contra la vigencia de los estatutos y la contratación colectiva.
El pliego de exigencias reclama el respeto a la libre sindicalización, sobre todo en las maquilas, la derogación de la Ley de Modernización Agrícola y la aprobación de una nueva Reforma Agraria.
El respeto a los pueblos indígenas y negros que son víctimas de de los intereses empresariales nacionales y extranjeros con miras a la explotación de los territorios que ancestralmente les pertenecen.
Pide poner en marcha la Estrategia Nacional para la Redistribución de la Riqueza frente a la conocida Estrategia de Reducción a la Pobreza que ha sido demagógica, inoperante y que responde como un simple paliativo a los duros golpes que el neoliberalismo les da a los pueblos de los países empobrecidos.
De igual manera exige un estricto control de precios que detenga las alzas a los productos de consumo popular; la nacionalización de la importación de los combustibles; el fortalecimiento de las empresas del Estado; ENEE, SANAA, HONDUTEL; la derogación de los contratos de SEMEH y las plantas térmicas.
También plantea el establecimiento de la educación pública gratuita en todos los niveles y con todos los beneficios para la población estudiantil. Salud pública con medicinas y atención oportuna en el sistema hospitalario central y del Instituto Hondureño de Seguro Social.
En los últimos meses el valor adquisitivo de los salarios de los obreros se ha reducido en un alto porcentaje debido al incremento del precio en los combustibles, por lo que las organizaciones populares y centrales obreras pugnan por una revisión general de salarios.
Las CNRP y centrales obreras estiman que en el paro Cívico Nacional participarán alrededor de 100 mil personas de las organizaciones populares y de la sociedad civil, sindicatos, campesinos, maestros, patronatos y grupos religiosos.
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