La promulgación de la ley indígena en medio de una controversia nacional nos hace pensar en los costos que para México han significado los errores históricos de sus gobernantes, pues los indicios que tenemos ante las primeras reacciones aparecidas en la prensa, incluso el mismo día en que dicha ley fue publicada en el Diario Oficial, nos hacen ver que estamos nuevamente ante uno de esos errores históricos. Además, hay que tener en cuenta que hay de reacciones a reacciones, es decir, no todas tienen la misma calidad y el mismo peso. Considero que dos de estas reacciones tienen que ser especialmente valoradas, me refiero a las que vienen de parte del Congreso del estado de Chiapas y a las del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pues las personas que conforman dichas instituciones están en contacto directo con el conflicto chiapaneco, a cuya solución, en principio, debió haber ayudado esta ley. Insensibilidad En una nota publicada vía Internet por el periódico Reforma a las 21:37 horas del día 14 de agosto, fecha de publicación en el Diario Oficial de esta ley, se dice: En el pleno de la sesión ordinaria, diputados del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, suscribieron un punto de acuerdo, donde solicitaron al Senado de la República y Congreso de la Unión una nueva revisión a las modificaciones en materia indígena que hoy entraron en vigor. "Los diputados de la LX Legislatura consideramos que en la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena prevaleció un clima de insensibilidad ante los planteamientos de los diversos sectores, entre ellos el de los pueblos indígenas inmersos en el conflicto armado". Menciono en seguida las declaraciones de dos diputados, José Juan Ulloa Pérez, del PRD, y Edgar de León Gallegos, del PRI. El primero advirtió que la decisión del gobierno federal de promulgar la ley obviamente es un elemento de tensión militar, y creemos que cerró las puertas a cualquier posibilidad de reencauzar las negociaciones de paz con el EZLN; no es posible que la Federación, en lugar de buscar alternativas de paz, esté apostando al uso de la fuerza para resolver los diversos conflictos en el sureste del país. La misma nota refiere que el legislador mencionado advirtió que la promulgación de la reforma constitucional podría ser una justificación para que grupos de poder, ligados a la ultraderecha, ordenen una serie de acciones contra pueblos y comunidades indígenas que sin más alternativas se alzaron en armas para reclamar justos derechos y advirtió, dice la nota, que otra consecuencia posible ante la promulgación de dicha ley es la generación de reacciones de otros movimientos armados que permanecieron a la expectativa de las acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para conseguir la reivindicación por la vía pacífica y negociada de los pueblos indígenas del país. De la reacción del diputado Edgar de León Gallegos, que es el presidente del Congreso del estado, la nota del Reforma refiere que el legislador sostuvo que es lamentable que la publiquen (la ley indígena) sin darnos ese compás de espera para que los estados que rechazaron esa ley pudieran aportar ese bagaje de conocimiento que hacía falta, sobre todo las propuestas de los pueblos indígenas de estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y continúa la nota afirmando que este legislador agregó que existe una situación delicada, que quién sabe cuál será el resultado, ojalá no sea un resultado que tengamos que lamentar, porque todos los chiapanecos queremos la paz, una paz con desarrollo y mucha justicia social... Respecto a las reacciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la nota del Reforma refiere lo siguiente: El organismo humanitario consideró que con esta acción queda cancelada indefinidamente cualquier posibilidad de diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Advirtió además que la decisión del presidente Fox es "altamente riesgosa" y podría tener como consecuencia un estallido social, al clausurar el camino de la legalidad y del diálogo para la resolución de conflictos como el de Chiapas. "El CDHFBC lamenta profundamente la actitud de los legisladores federales y del presidente Vicente Fox. Ante semejantes acontecimientos, la paz y la verdadera inclusión de los pueblos indios a la nación se pospone indefinidamente, lo que sólo puede generar mayor descomposición social y mayor violencia", apuntó. Estas declaraciones denuncian que estamos preparando, por medio de grandes errores, futuros horrores para el país, por eso las profundizo con los siguientes comentarios. ¿Mayor descomposición social? Hasta ahora en el escenario del conflicto chiapaneco habíamos visto actuando al Ejército Mexicano, al EZLN y a los grupos paramilitares (la ubicación de estos últimos, lejos de ser anónima, está más que localizada dentro de la estrategia contrainsurgente de "guerra de baja intensidad"). Ante la promulgación de la ley indígena, opiniones de legisladores chiapanecos, como la del diputado Ulloa Pérez, contemplan la entrada en escena de otros grupos que vendrían a incrementar la violencia, algunos de ellos, dice él, son los grupos de poder, que, ligados a la ultraderecha, ordenen una serie de acciones contra pueblos y comunidades indígenas que sin más alternativas se alzaron en armas para reclamar justos derechos. Una de las interpretaciones a esta hipótesis puede ser la justificación que tienen ahora los terratenientes para recuperar las tierras que abandonaron al comienzo del conflicto el 1ro de enero del 94, y que han sido ocupadas hasta este momento por los pueblos indígenas. La solución a estas ocupaciones estaba contemplada por la "Ley Cocopa" a través de la reforma al artículo 115, que permitía realizar una remunicipalización en los estados con población indígena, para otorgar territorios a dichos pueblos, en donde ellos tuvieran la facultad de acceder al uso de la tierra y a la explotación de los recursos naturales en forma comunitaria. La ley aprobada, al suprimir la reforma al artículo 115, deja un foco de conflicto, que puede desbordarse por donde la avizora el diputado Ulloa. En la opinión de este legislador, otros grupos que podrían entrar en el escenario actual para aumentar la violencia, no únicamente en Chiapas, sino también en otras partes del país, podrían ser los demás grupos armados (pensemos en las FARP, en el ERPI y en el EPR, por ejemplo) que permanecieron a la expectativa de las acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para conseguir la reivindicación de los pueblos indígenas del país por la vía pacífica y negociada. En mi opinión, ante la promulgación de una ley indígena como la que se aprobó, estas primeras reacciones que prevén una mayor "descomposición social y una mayor violencia", porque "queda cancelada indefinidamente cualquier posibilidad de diálogo", no se deben minimizar calificándolas sólo como exageradas y alarmistas. El mapa de los conflictos armados del mundo actual es una advertencia para nosotros. Dentro de Latinoamérica, para no ir más lejos, tenemos a una Colombia convulsionada por grupos armados de varias denominaciones, a los que se agregan los grupos paramilitares y el narcotráfico, ante los que el Ejército Colombiano parece estar luchando con un dragón de muchas cabezas. No podemos seguir cometiendo errores; ya en 1968, por citar un movimiento social que ha tenido una importante trascendencia, en lugar de buscar las soluciones profundas y justas para ese momento de la historia de México y su futuro, se respondió con la represión, en la masacre de la plaza de las tres culturas, a los reclamos muy válidos que hacían los estudiantes y los profesores universitarios. ¿Cuál fue el resultado de ese error histórico? Siguió creciendo la dependencia económica de México; hoy tenemos menos suficiencia alimentaria; pesa sobre el país un endeudamiento externo que compromete al máximo nuestros recursos, que en su mayoría ya no son para nuestro desarrollo, sino para pagar la deuda externa; la corrupción ha obstruido el camino hacia la democracia durante todas estas décadas, etcétera. Y, algo más, la brutal represión dio pie a que se buscaran soluciones a los problemas del país por la vía armada, y así surgieron a lo largo de la década de los setenta levantamientos como los de Guerrero, la Liga 23 de septiembre y algunos intentos de movimientos armados en Chiapas, aún antes de que se pusieran las bases al movimiento que se manifestó el 1ro de enero del 94. La ley indígena, así como fue aprobada, es una franca represión para los pueblos indios. No sigamos cometiendo errores que nos conduzcan a vivir horrores. La afirmación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el sentido de que la promulgación de esta ley es "altamente riesgosa" y podría tener como consecuencia un estallido social, no es gratuita, pues proviene de una institución muy seria, cuyos diagnósticos son respetados no solamente en México, sino en el ámbito internacional, porque se sabe que provienen de un continuo y serio análisis de la realidad, muy bien documentado. Hoy por hoy, los pueblos indios, no solamente de Chiapas, sino de todo México, siguen siendo un punto de referencia para construir un México incluyente, con estructuras justas, que nos conduzcan a una paz duradera y al auténtico desarrollo. Es urgente que se abra el camino hacia la reanudación del diálogo en Chiapas, con una ley que refleje lo pactado con ellos por el gobierno federal en San Andrés Larráinzar. No sólo los chiapanecos, sino todos los mexicanos tenemos derecho a que las instancias que conforman el aparato del Estado actúen para preservar la paz social y no contribuyan a violentar su rumbo imponiéndole soluciones irreales por medio de leyes incompletas e inadecuadas a los asuntos que quieren regular. Es tiempo de corregir el rumbo de la historia, y de remover los ancestrales obstáculos que hemos puesto a nuestros hermanos indígenas para permitirles vivir plenamente su identidad cultural, dentro de la nación mexicana. * Mons. Raúl Vera López es obispo de la Diócesis de Saltillo.