Medellín

El asesinato de Severo Antonio López Jiménez, reconocido ex comandante del bloque Cacique Nutibara y vocero del Movimiento nacional de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), deja bastantes dudas sobre el sistema judicial colombiano.

"Hay informaciones de que esta persona siguió delinquiendo, yo denuncié hace tiempo las actividades ilícitas y acompañé a varias personas a la Fiscalía que lo acusaban de varios homicidios en la comuna 8", le dijo a la prensa regional y nacional el alcalde de Medellín Alonso Salazar, un día después del crimen. Y agregó: "Por desgracia, y lo digo con el respeto que merece una persona que ya falleció, él realmente nunca se desvinculó de las actividades delictivas".

Lo afirmado pon el Alcalde Medellín concuerda con varias indagaciones adelantadas por la Agencia de Prensa IPC que encontró documentos de la Fiscalía General de la Nación que revelan  investigaciones sobre cómo, luego de su desmovilización en noviembre de 2003, este ex comandante paramilitar continuó con sus actividades delictivas, al parecer ligadas al narcotráfico y a varios asesinatos y desapariciones.

Salazar, en su declaración ante los medios de información, fue contundente al hablar de López Jiménez: “es una realidad que no se puede ocultar, no se trata de un héroe de la paz".

La posición del mandatario local coincide con los comentarios consignados en un informe enviado a la Fiscalía General de la Nación en febrero de 2006 por varios investigadores: “continúa siendo un pacifista de día y un “patrón” que ordena muertes y movimiento de armas y droga en las noches en los vehículos asignados para su movilización”.

En el documento también se advierte que alias Job, bajo la mano protectora de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, había acumulado un gran poder delincuencial, y se había convertido en “un verdadero obstáculo para la resocialización de los jóvenes en las comunas ya que mientras estudian y son atendidos durante el día para un cambio de vida para ellos y sus familias, en las noches vuelven a ser bandidos y sicarios”.

Los investigadores llegaron a estas conclusiones después de trabajar en la investigación de una serie de homicidios ocurridos a finales de 2005 y comienzos del 2006 en los municipios de Medellín, Bello y Caldas, en Antioquia, sobre los cuales nunca se tuvieron resultados concretos.

Cadena de muertes

Los funcionarios precisaron en sus hallazgos que, como autor intelectual, López Jiménez habría tenido responsabilidad en las muertes de Flavio Augusto Henao Pardo, Juan Carlos Parra Arias, Juan Camilo García Álvarez, Jesús Humberto Adarve Vergara y Jairo Alberto Ospina Olaya, alias “Alberto Cañada”, así como con la desaparición de Carlos Mario González Escobar, ocurridas a finales del 2005 y comienzos del 2006 en jurisdicción de Medellín, Bello y Caldas.

Inicialmente, los informes hacen referencia a la muerte de Juan Carlos Parra Arias y Juan Camilo García Álvarez, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados el 7 de enero de 2005 en un descampado de la vereda La Miel, del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. Ambos jóvenes, de 19 años de edad, se desempeñaban como escoltas de uno de los voceros de la Corporación Democracia, que aglutina a cerca de 4.200 desmovilizados de las Auc.

Según la información recabada por los organismos de investigación, días antes del hallazgo de los cadáveres, el vocero de los desmovilizados, bajo estado de embriaguez, increpó y amenazó a sus dos escoltas tras negarse a cumplir la orden de llevarlo a altas horas de la noche al municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, porque, según ellos, tenían muchas horas sin dormir y se sentían cansados, pues su “jefe” llevaba varias noches de rumba.

Tras una primera reprimenda, ambos escoltas solicitaron que los dejaran ir a sus casas a recoger una “muda” de ropa; no obstante, les negó el permiso y lanzándoles todo tipo de improperios y amenazas, les advirtió que estaban desobedeciendo sus órdenes, de lo cual enteraría a alias Job, para que tomara las medidas necesarias y evitara que se perdiera el orden y la autoridad al interior de la organización.

Los familiares de los escoltas muertos narraron que los jóvenes fueron citados a trabajar el 5 de enero y los vieron por última vez a las 11 de la noche de ese día saliendo del apartamento de su “jefe”. Dos días después, sus cuerpos fueron hallados, baleados, en zona rural del municipio de Caldas.

Las familias de Juan Carlos Parra Arias y Juan Camilo García Álvarez, ambos reseñados por las autoridades como jaladores de carros, reconocieron que “nunca fueron integrantes de las autodefensas del bloque Cacique Nutibara, los reclutaron dos días antes de entregarse este bloque, les dieron uniformes y por ende les limpiaban los antecedentes que tenían”.

Ligado a este doble crimen y también a alias Job, está el asesinato de Jairo Alberto Ospina Olaya, conocido en la comuna 8 con el alias de “Alberto Cañada”. Su muerte ocurrió el 18 de octubre de 2005 en el barrio Caicedo. Al momento de su deceso, pertenecía al programa de reinserción de la Alcaldía de Medellín.

Según versiones de testigos, que le relataron los hechos a representantes de la Misión de Observación y Verificación de la Organización de Estados Americanos (Mapp-OEA), esta muerte tendría que ver con un altercado sucedido en una cancha de fútbol barrial y propiciado por Ospina Olaya, quien le reclamó a alias Job, dura y físicamente, por la muerte de los dos jóvenes, quienes pertenecían a su grupo y estaban bajo su mando. Días después fue asesinado en su taller de cerrajería por dos hombres que le propinaron sendos disparos de ametralladora en la cabeza.

Las autoridades judiciales también pudieron establecer que la muerte de Flavio Augusto Henao Pardo, asesinado el 16 de noviembre de 2005 en el sector de La Sierra, centro-oriente de Medellín, fue ordenada por alias Job, quien canceló la suma de 1 millón de pesos a Carlos Mario González para ejecutar el crimen.

Lo curioso de este caso es que González, de acuerdo con las pesquisas adelantadas por los investigadores judiciales, fue desaparecido el 4 de enero de 2006, sin que hasta el momento se sepa de su paradero.

Las indagaciones adelantadas por los investigadores judiciales también permitieron establecer que Severo Antonio López Jiménez justificaba estas muertes ante su jefe máximo, alias don Berna, diciéndole que era una depuración de las estructuras de los grupos bajo su mando que operan en distintos barrios de la ciudad ya que, para esa época, “se venían presentando algunos excesos y abusos por parte de los líderes o comandantes de las zonas”.

Todos sin problemas

El caso de alias Job no es el único que tiene visos de impunidad en lo que tiene relación con la llamada “Oficina de Envigado”. La situación de otros dos hombres vinculados a esa organización ilegal así lo demuestran.

El primer caso corresponde al hoy desaparecido Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito, quien, a pesar de haber sido un reconocido narcotraficante del municipio de Envigado y uno de los jefes de la Oficina, se incorporó al Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), liderado por alias don Berna.

Además, el Gobierno nacional, a través de la Resolución 158, le dio el estatus de "miembro representante de las Autodefensas Unidas de Colombia", lo que le permitió hacer parte del grupo de jefes paramilitares que negociaban constantemente con el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz, pues se desmovilizó el 1º de agosto de 2005 como uno de los comandantes del Héroes de Granada.

Incluso, cuando los jefes paramilitares fueron recluidos por orden del Presidente de la República en el centro especial de La Ceja, Antioquia, Mejía Ángel fue excluido de ese grupo una semana después de la medida por cuanto contra él no había ninguna orden de captura vigente, tal como lo admitió el propio Gobierno nacional.

Días después de abandonar el centro de reclusión, Mejía Ángel desapareció. Fue visto por última vez en compañía de Carlos Mario Aguilar, conocido con el alias de Rogelio, un ex miembro del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, quien heredó el poder de la Oficina de Envigado.

Y justamente el segundo caso de impunidad corresponde a alias Rogelio, quien hoy está negociando su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Extrañamente, la justicia colombiana no tenía procesos de investigación en su contra ni ninguna orden de captura.

Fuentes consultadas, que solicitaron la reserva de la identidad, explicaron que desde finales de los años 90 el poder paramilitar y narcotraficante, representado por alias don Berna, corrompió diversas instancias judiciales y de investigación con el fin de impedir que los procesos penales contra su organización ilegal prosperaran.

Lo sugerido por el Alcalde de Medellín sobre el caso de alias Job, más los hallazgos de investigadores al servicio del Estado, revelan que los tentáculos de la mafia en los estamentos judiciales al parecer siguen engrasados y apuntándole a un objetivo concreto: la impunidad.

Agencia de Prensa IPC

Medellín, Colombia

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