Hace varios años el pueblo panameño libra una lucha de vida o muerte contra los gobernantes neoliberales que quieren privatizar el sistema de seguridad social de Panamá. Sindicatos, gremios (COMENENAL) y asociaciones han frenado el tren desbocado del gobierno, pero no lo ha detenido aún.

El gobierno actual logró privatizar las reservas de la Caja de Seguro Social. Ahora quiere introducir una reforma que convierte a los asegurados en clientes de empresas privadas. Si los neoliberales han fracasado en toda la región, ¿porqué introducir esta privatización a Panamá? Sencillo: Transfiere parte de los salarios de los trabajadores a los inversionistas. Además, le permite al gobierno traspasar fondos públicos a las empresas privadas. Al mismo tiempo, la reforma condena a los trabajadores y a los pensionados a la pobreza.

La política social neoliberal tiene sus antecedentes históricos. Desde 1980 Chile ha estado a la vanguardia de la reforma del sistema de seguridad social en América latina. Hace más de dos décadas el entonces ministro chileno de Trabajo, el empresario José Piñera, anunció el innovador plan para crear las cuentas individuales de ahorro previsional. En la actualidad, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, busca la manera de desmantelar el sistema que empobrece a los chilenos. Los países que alguna vez se subieron con entusiasmo al modelo de seguridad social chileno, ya se bajaron hace rato.

¿Qué salió mal? Las reformas de la década de 1980 beneficiaron a los especuladores de las bolsas de valores con el rápido crecimiento del mercado privado de pensiones. Fue el motor del mal denominado milagro económico de Chile. Más de 25 años más tarde, el gobierno chileno admite que más de la mitad de la población no tiene lo suficiente en sus cuentas individuales para jubilarse.

La idea original detrás de la privatización era incrementar las ganancias de los inversionistas. Si bien el motivo era bien visto por los capitalistas locales y EEUU, la privatización no puede reemplazar un sistema público diseñado para repartir el riesgo de manera equitativa a través de toda la población. Los sistemas públicos establecen pisos (y techos) a las pensiones con el fin de garantizar que todos tengan una pensión decorosa.

En cambio, en el sistema de las pensiones privadas los jubilados reciben pagos basados en lo acumulado por la inversión de sus ahorros. Cuando el asegurado invierte en la bolsa de valores, su ganancia es compartida con los “gestores” quienes controlan las inversiones. Además, le descuentan las comisiones. En consecuencia, millones de trabajadores llegan al final de sus años productivos sin suficientes ahorros para jubilarse.

Según la banca internacional, las pensiones de jubilación de los trabajadores chilenos en el sistema privado no promedian más del 40% de sus salarios previos, muy por debajo del mínimo necesario para mantener a los adultos mayores. Aún peor, casi la mitad de todas las mujeres chilenas recibirán sólo el 20% de sus salarios al jubilarse, lo que virtualmente asegura que la jubilación las hunda en la pobreza.

Irónicamente, la banca internacional (EEUU), que abanica estos sistemas privados, reconoce que casi la totalidad de los ahorros dependen de las instituciones públicas. Es decir, los gobiernos transfieren fondos públicos a las aseguradoras privadas para garantizar sus ganancias. También genera dudas la “gestión de inversiones” que cobra altas comisiones para actuar esencialmente como corredores de emisiones gubernamentales.

Panamá, 24 de julio de 2008.

- Marco A. Gandásegui, hijo (Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA)