La capital antioqueña ha atravesado en las últimas tres décadas situaciones de conflictos, violencias y paradójicamente, ha sido “pionera” en escenarios de búsqueda de salidas a eso que algunos analistas han caracterizado como “conflicto urbano”, “crimen organizado”, “narcotráfico”, con la guerrilla, el paramilitarismo, la delincuencia organizada; y con parches, bandas y combos (que han servido de “comodín”) y han sido cooptados coyunturalmente por los actores armados que han tenido una presencia o articulación nacional. En momentos determinados alguno de éstos grupos ha tenido presencia y domino territorial, incidencia social, monopolio de la fuerza y de negocios.

En la ciudad se han presentado igualmente estadios de negociación, incluso política, en varios periodos recientes, de los cuales se han desprendido momentos de “seguridad” que se evidencian en la disminución de los índices de los delitos de impacto social. Sin embargo, es necesario establecer una diferenciación entre las dinámicas actuales que se presentan en la ciudad, con procesos anteriores, que pueden ayudar a un análisis de lo que se viene re-configurando, de los avances y los riesgos que se presentan, de un período de paso del caos al orden, de la falta de Estado en los diversos barrios y comunas a un Estado que trata de hacer presencia y de copar los espacios que antes eran marcados por su ausencia, o por su desinterés de hacer presencia.

En antaño, el domino territorial, barrial y comunal, fue “cedido” a las bandas, direccionadas, acorde a cada periodo, por el narcotráfico, las milicias con ascendencia guerrillera, las oficinas (La Terraza y la de Envigado) y los grupos paramilitares (BM y BCN) que acabaron supliendo al Estado, garantizando “seguridades” lo que les permitió legitimarse, institucionalizarse y permanecer en el tiempo.

En noviembre de 2003 se realizó en Medellín la primera desmovilización en el país de un bloque paramilitar articulado a las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, llamado Cacique Nutibara e integrado por 863 combatientes. Este acto de desarme que desde su comienzo generó muchas incertidumbres y críticas sustentadas, en lo fundamental, en que tras esa desmovilización, al igual que las posteriores, no se desactivaron todas las estructuras armadas y las que quedaron por fuera del proceso continuaron activas, con poderes armados, económicos y con dominios territoriales.

Asimismo, se puso en práctica un modelo de reinserción en la ciudad, construido inconsultamente por el Gobierno nacional, que generó privilegios a los victimarios, además, de estar desarticulado de los escenarios de la sociedad civil.

Desde agosto de 2007, en Medellín, se siente un aire enrarecido que recorre las calles, los barrios, las comunas, los corregimientos, pero también, en los municipios aledaños vuelve a sentirse miedo, incertidumbre y zozobra. Pero no sólo es una sensación: en este período se ha presentado en el área metropolitana un incremento en los índices de criminalidad selectiva y organizada. Así se desprende de evaluar de manera cualitativa, por ejemplo, el número de asesinatos ocurridos en estos últimos diez meses, con modos operandi que recrean los últimos veinte años del conflicto urbano y armado por el que ha atravesado históricamente la ciudad.

Desde septiembre de 2007, se comenzó a incrementar la modalidad de desapariciones: sólo para este año la Fiscalía General de la nación reconoce 85, en Medicina Legal reposan 60 NN, además, 54 ciudadanos han sido ultimados en las calles por el accionar de sicarios. También, han venido apareciendo cadáveres con muestras claras de tortura, asfixia mecánica y cuerpos mutilados en las riberas del Río Medellín. En el primer semestre de 2008, se han presentado en la ciudad tres masacres: una en Aranjuez, barrio que en este período también, ha sido el de más alto índice de homicidios, la segunda en el barrio San Javier, en donde fueron asesinados un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, un capitán del Gaula del Ejército, un abogado y su chofer; y la tercera se presentó en el barrio Caicedo.

A todo ello debe sumarse el asesinato de 20 comerciantes, varios de ellos ligados al negocio de auto partes, venta de carros, y de 18 taxistas.

Todos estos hechos parecen guardar una estrecha relación entre sí, que por ahora, las autoridades no reconocen.

¿Son hechos aislados o están relacionados?

Luego del aniquilamiento y sometimiento del Bloque Metro y de la Operación Orión, alias don Berna, quien fue el primero en desmovilizar su bloque, el Cacique Nutibara, quedó con todo el poder en el Valle de Aburrá y sus principales socios quedaron al frente de los demás bloques de mando en Antioquia. Tal poder se manifestó claramente en abril de 2005, cuando alias don Berna, fue conducido de Santa Fe de Ralito, en Córdoba, a la cárcel de Cómbita, en Boyacá. En protesta por esta acción policial, buena parte del transporte en el Valle de Aburrá se paralizó por orden de sus lugartenientes.

Con el proceso de desmovilización y dejación de armas, se ha defendido la idea de que el Estado recuperó a Medellín, pero es necesario admitir que el poder paramilitar siguió intacto, al igual que sus estructuras, sus negocios, sus controles y su poder.

En octubre de 2005, alias don Berna, es trasladado de Cómbita a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, como una concesión de las autoridades nacionales al Gobierno local y a los líderes ex paramilitares, que reclamaban la cercanía de su máximo jefe, en apariencia para fortalecer el proceso de reinserción.

Pero un nuevo hecho volvería a fracturar las relaciones de alias don Berna, con sus hombres. El 24 de agosto de 2007 alias don Berna, fue trasladado de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a la cárcel de Cómbita. A partir de este momento que no tuvo expresiones populares como las ocurridas en abril de 2005, comenzó una serie de hechos delictivos, de enfrentamientos entre y en el interior de los integrantes de la llamada Oficina de Envigado, de las bandas controlados o cooptadas, y de los mismos desmovilizados.

Bajo este ambiente, el alcalde Sergio Fajardo, acabó sus cuatro años de gobierno e inició su periodo Alonso Salazar, quien, inicialmente, se declaró continuista del programa de su antecesor. Pero desde un comienzo, la nueva administración reconoció la presencia de “resacas del paramilitarismo en la ciudad”, se comenzaron a presentar una serie de acciones dirigidas contra líderes y personas que han suscitado dudas e incluso, denuncias por parte de comunidades: el 16 de mayo fue capturado el líder y edil de la comuna 8, Jhon William López Echavarria, alias Memín, perteneciente a la Corporación Democracia; el 21 de mayo fue capturado Alirio de Jesús Rendón Hurtado, alias el “Cebollero”, (sindicado de manejar las bandas Unión Calatraba y de pertenecer a la llamada Oficina de Envigado) asimismo, la entrega a las autoridades norteamericanas de Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias Rogelio, quien fue el último en el manejo de la Oficina de Envigado de la cuerda de alias don Berna.

En lo que va corrido del presente año, han asesinado a 27 desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara – BCN, pertenecientes a la Corporación Democracia, de ellos eran 15 coordinadores de zonas o proyectos comunales y barriales, un hecho que no puede pasar desapercibido y que fehacientemente indica el grado de relación o articulación de todo lo que viene sucediendo en la ciudad de Medellín.

El último suceso que prende alarmas o por lo menos centra la atención de diversos sectores de la sociedad local y nacional, fue el asesinato de Antonio López, con el cual, no sólo se pone de relieve lo que viene pasando en la ciudad, sino que además, se inicia un debate publico frente a la conflictividad urbana, al proceso de desmovilización, la criminalidad organizada, al deterioro del orden publico, la incidencia del narcotráfico, entre otros, donde intervienen las diversas voces de la ciudad.

El 4 de julio de 2007, la administración municipal comenzó a reconocer públicamente que muchos de los reinsertados le estaban haciendo trampa al proceso, el alcalde Fajardo, así lo hizo público cuando arguyó que el 10% de los que estaban en el programa de reinserción, es decir unos 400 hombres, estaban en actividades ilegales. Desde este periodo y según las mismas autoridades, quienes sustentan cifras de incremento, cada vez más víctimas, es decir en la ciudad de Medellín se aumentó el desplazamiento intra – urbano, el asesinato selectivo, la desaparición, la tortura, entre otros crímenes de lesa humanidad.

¿Una disputa entre paramilitares o con narcotraficantes?, ¿un proceso de desmovilización fracasado?, ¿enfrentamientos por poderes entre los mandos medios, consecuencia de que los grandes jefes del paramilitarismo fueron extraditados a EEUU? Son preguntas que no se pueden evadir.

Sus “sucesores”, que aun recorren y habitan esta ciudad, parecen estar en un trilema: la reinserción, el rearme o la muerte, (o la combinación de las dos primeras, en tal caso serían cuatro). De la última salida, encuentra explicación el asesinato de Antonio López, hombre cercano y mano derecha de don Berna.

En este recuento sobre Medellín, se denota una disputa y re-configuración de poderes, muy diferente al resto del país, una amalgama de desmovilizados, paramilitares de estructuras que no se desmovilizaron, narcotraficantes y bandas, éstas últimas sin “patrón” claramente definido y de nuevo en riesgo de ser cooptadas por el sector que maneja don Mario, el cual desde hace un par de años viene disputando y rodeando el departamento de Antioquia desde la región de Urabá y el golfo de Morrosquillo, zonas estratégicas en el tráfico de drogas, armas y dólares.

Todo parece indicar que los antiguos jefes paramilitares de Antioquia perdieron poder, control en territorios y barrios, incluso en negocios y existen disputas internas y externas, por ello las dudas en el proceso de reinserción de su modelo. La nueva realidad, es una verdad de a puño: Diego Fernando Murillo Bejarano, más conocido como alias don Berna, fue el hombre del poder y del control de bandas, de economías, de la oficina de Envigado, de políticos, de funcionarios de instituciones oficiales y judiciales y ante su extradición, nuevos y viejos ex aliados entraron en la disputa para llenar el vacío y acceder al control de poderes.

Cambios en el mapa del conflicto se aprecian en Medellín y en Antioquia, que de seguro repercutirá en el escenario nacional, hay que considerar que vienen tiempos complejos para la cuidad y el departamento; y de ellos podríamos salir avante, si se reconocen y corrigen errores de un pasado reciente que nos ha dejado múltiples lesiones y enseñanzas. En este panorama de violencias y conflictos, ameritamos un cambio de mando en Medellín, un mando legal y legitimo que se constituye en el Estado social y de derecho, garante de derechos fundamentales para toda la ciudadanía.

Observatorio de Derechos Humanos
Instituto Popular de Capacitación -IPC