San José

Mientras se habla de crisis alimentaria y de la necesidad de fortalecer la agricultura nacional; la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa aprobó, en forma unánime, la reforma integral a la Ley de Semillas (expediente n.º 16 098), un proyecto que defiende los intereses de la industria semillera trasnacional.

Si este proyecto llegara convertirse en Ley, entre otras cosas implicaría que:

-  Todas las semillas que se comercialicen en Costa Rica deben estar registradas y aprobadas por la Oficina Nacional de Semillas (Ofinase), y cumplir con los requisitos y procedimientos que ésta decida. Con esto, castigan legal y económicamente al agricultor que venda o intercambie semillas que no cumplan esas condiciones (art. 3, 17, 18, 23, 26, 27, 30 y 44). La posibilidad de excepciones a esta obligación queda pendiente de una decisión reglamentaria futura, sin ninguna garantía para las personas agricultoras.

-  Bajo el señuelo de elevar "la calidad", para su registro comercial las semillas deben cumplir, entre otras cosas, con los estándares exigidos por la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales la (UPOV) de ser distintas, homogéneas y estables (art. 18). Al ser la homogeneidad uno de los requisitos para el registro comercial, las semillas criollas se vuelven casi ilegales, la diversidad y la homogeneidad son contradictorias. Las semillas criollas se van diversificando al adaptarse, con la ayuda campesina, a diferentes climas, suelos, culturas y prácticas productivas. De allí surge la diversidad agrícola (art. 3, 17, 18, 23, 26, 27, 30 y 44).

-  Las semillas criollas o tradicionales deberán ser registradas, y con eso, las empresas semilleras podrían encontrar fácilmente materia prima para hacer sus nuevas variedades comerciales (art. 36).

-  La homogenización de la agricultura reduce severamente la diversidad alimentaria. Al restringir el uso legal de semillas sólo a las que estén registradas y certificadas, se  desconoce la importancia capital de la diversidad genética de los cultivos criollos. Pérdida de variedades de semillas significa erosión genética, mayor incidencia de problemas fitosanitarios y un mayor uso de fertilizantes y agrovenenos, también significa menos opciones de alimentos disponibles para la población

-  Serán delitos o infracciones la venta y difusión de información de semillas que no estén inscritas o que no cumplan con las especificaciones de la Ofinase, así como la venta de semillas sin una etiqueta que diga sus atributos de calidad (art. 43, 44, 45 y 46).

-  Aumentarán los costos de la comida para todas las personas: los nuevos costos en insumos, registros y certificación significarán costos adicionales para la agricultura, que al final se le transladarán a las familias consumidoras.

-  Se trata a los agricultores como "usuarios o consumidores de semillas", y a la semilla se le llama "producto terminado" (art. 1, 4, 10, 49 y 51). Ante esta situación se hace necesario responder: ¿Quién "termina" el producto? ¿Las semilleras como Monsanto, que ahora tiene un cuasi monopolio en la venta de semillas en Centroamérica? ¿De cuándo acá el agricultor no es el productor por excelencia y desde todos los tiempos de las semillas, como fruto de su trabajo tenaz y cotidiano?

Aprobación en las sombras

Este proyecto de ley se aprobó en sigilo: sólo se consultaron 13 instituciones, la mayoría de ellas del mismo gobierno y cámaras industriales, únicamente a una de las cuatro universidades públicas y a una agrupación de agricultores, ambas se manifestaron en contra.  No se consultaron a las organizaciones campesinas, indígenas, comunales y ecologistas que trabajan día a día con las semillas, tampoco al Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (Maoco) o la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), que se han manifestado varias veces sobre este tema. A pesar de que más de 130 000 personas demandaron consulta y discusión pública sobre el proyecto UPOV, que también afectaba el tema de plantas y semillas, nuevamente los diputados y diputadas desconocen su obligación de dar cuentas a la población y aprueban apresuradamente proyectos que apuntan a la destrucción de las familias productoras de alimentos. Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Partido Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario dan así un paso más para liquidar la agricultura nacional y los derechos de los agricultores y agricultoras, reconocidos incluso por la  FAO[1]. ¿Es esta la forma de reaccionar ante la crisis alimentaria?

 "La aprobación de esta ley es parte de una estrategia. Por un lado, las semillas protegidas con derechos de propiedad intelectual como los que da la Ley de Obtenciones Vegetales y UPOV-91, no pueden ser sembradas por quienes no paguen ese derecho de propiedad.  Por otro lado ahora la ley de semillas viene a controlarnos todavía más, ya no vamos tampoco a poder vender o compartir semillas que no estén registradas y que no cuenten con un certificado de "calidad". En el fondo lo que están haciendo es quitando el control de la semilla de manos de los campesinos para dárselo a las grandes empresas" manifestó José Oviedo, agricultor integrante de Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG).

Este proyecto de Ley de Semillas es producto de la presión internacional para que todos los países estandaricen sus leyes y así aseguren la comercialización para la industria semillera oligopólica y transnacional localizada principalmente en Europa y Estados Unidos. En ningún país del mundo estas reformas han tenido el objetivo de aliviar el hambre o fortalecer a los pequeños agricultores y agricultoras. Al contrario, en países donde se ha aplicado este tipo de legislación se deben pagar altos montos para poder comercializar nuevas variedades (p.e. en el Reino Unido se paga el equivalente a $3902 para inscribir y $585 anuales para mantener el registro), y las organizaciones sin fines de lucro que promueven las variedades tradicionales y su distribución libre en países de África, Asia, Europa del Este y América Latina, han debido cerrar o pagar multas de miles de dólares[2]. ¿Por qué no aprendemos de la experiencia, en temas con un impacto tan grande para nuestra alimentación y biodiversidad?

Este proyecto de Ley es un certero golpe a los derechos e intereses de agricultores y agricultoras costarricenses, a su conocimiento tradicional sobre las semillas criollas, a la diversidad de la alimentación, a la seguridad y soberanía alimentarias. Su aprobación en Comisión es un paso más para agravar la crisis y para acabar con nuestra soberanía alimentaria. Esto se hace todavía más evidente al ver otras mociones y proyectos aprobados por la Asamblea Legislativa en estos últimos días, que eliminan las pocas protecciones que habían quedado frente al Convenio de la UPOV-91, y abren la puerta al patentamiento del conocimiento tradicional.

Desde la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) haremos todo lo necesario para que este proyecto no llegue a ser ley de la República, y llamamos a las organizaciones campesinas, indígenas y ecologistas, así como a los Comités Patrióticos y a todas las organizaciones solidarias de este país a compartir esta lucha.

Mayor información:

Red de Coordinación en Biodiversidad, rcbcostarica@gmail.com

Silvia Rodríguez Cervantes, drasilviar@gmail.com

Grace García Muñoz, graciagarcimunoz@gmail.com

Eva Carazo Vargas, evacarazov@gmail.com

Nancy Hidalgo Dittel, nhidalgo@itcr.ac.cr

Isaac Rojas, gavitza@racsa.co.cr

Jaime García González, Coordinador RCB, biodiversidadcr@gmail.com

Notas

[1]   Artículo 9 del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, suscrito por Costa Rica   (ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/it/ITPGRs.pdf ))

[2]    La Asociacion Kokopelli se enfrenta a su segundo juicio por la difusión de semillas de variedades agrícolas tradicionales.