“El pueblo chiquitano ejerció su derecho ciudadano y fue a votar masivamente en el referéndum, ahora, tenemos como un desafío grande la aprobación y puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado donde se reconocen varias de nuestras demandas y que de una vez se respeten nuestros derechos como pueblos indígenas”, asegura Ángela Durán dirigente de la Organización Indígena Chiquitana (OICH)

A decir de Duran, en la región de la chiquitanía departamento de Santa Cruz, la defensa y puesta en práctica de los derechos humanos de los pueblos indígenas se hace cada vez más difícil, “este domingo 10 de agosto durante el referéndum revocatorio, en el cantón de Santa Rosa de la Roca – municipio de San Ignacio de Velasco-, nuestros hermanos y hermanas que asistieron a votar y participar como delegados para vigilar la transparencia de la consulta fueron insultados y expulsados del lugar de votación por los miembros del Comité Cívico”.

Esta situación de intolerancia se vivió también en la localidad de San Rafael, “un grupo de cívicos que apoyan al prefecto de Santa Cruz comenzaron a amedrentar a nuestros compañeros y compañeras indígenas para que voten a favor del prefecto e incluso los amenazaron para que muestren la papeleta de votación para saber por quién votaban” según declaración de la dirigenta de la OICH.

La OICH, ante esta situación, está decidida a lanzar un pronunciamiento a nivel nacional e internacional para denunciar estos hechos de intolerancia y violación de sus derechos que se vienen reiterando continuamente, “vamos a denunciar este hecho a todo el país y ante la Organización Estados Americanos OEA para que sepan que en la chiquitania cada vez hay menos democracia, pues por pensar diferente o defender los derechos empiezan a perseguir y amenazar a nuestros hermanos indígenas”

En diciembre del 2006, en la región chiquitana, fueron atacadas y quemadas varias sedes de la OICH y también perseguidos dirigentes indígenas por parte de los grupos cívicos, desde aquella fecha hasta ahora las amenazas, persecuciones y agresiones han ido en aumento. Por su parte, las y los dirigentes indígenas han denunciado los hechos ante la justicia boliviana, han presentado los casos ante el Relator de la Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, pero todavía no han recibido una respuesta favorable hacia la protección y la libre práctica de los derechos humanos del pueblo indígena chiquitano.

“Nosotros creemos que esta situación de persecución va a continuar y por eso tenemos que denunciar lo que pasa y exigir a las autoridades que hagan cumplir la ley, nosotros lo único que hacemos es ejercer nuestros derechos reconocidos por la constitución y la leyes de Bolivia” manifiestó Durán en representación de la OICH.

Fuente: Agencia Intercultural de Noticias Indígenas (AINI), Santa Cruz, Bolivia

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