La economía argentina no está ajena a la crisis mundial y en consecuencia es sacudida por los avatares de aquella, como las variaciones de los precios de las commodities. Ahora, sin ir más lejos, la soja, básica en las exportaciones del país y motivo de un reciente conflicto entre los productores agropecuarios y el gobierno de la presidenta Cristina Elisabet Fernández ha retrocedido en 100 dólares estadounidenses la tonelada en el mercado internacional.

El pasado viernes el mercado bursátil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una masiva caída de los papeles que se cotizan en el mismo y a nivel internacional se verificó una merma en la cotización de los bonos públicos bajo la presunción de que el tesoro argentino no estará en condiciones de afrontar el pago de los mismos a la hora de sus respectivos vencimientos y que por esa razón se tomó una nueva deuda a través de Venezuela.

Pero más allá de que la Argentina arrastra una peligrosa deuda externa que se originó en tiempos del genocida Proceso militar y que se agigantó en los tiempos del orden constitucional durante las administraciones de Raúl Ricardo Alfonsín y, fundamentalmente en las de Carlos Saúl Menem y Fernando De la Rúa, bendecida toda por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la gran banca, los condimentos que impulsaron esa caída son de orden político.

Para aventar algunos temores el gobierno argentino optó por utilizar los dineros recibidos por los papeles colocados a Venezuela en recomprar deuda que tiene vencimientos a partir de este fin de año con lo cual, inmediatamente, se produjo un rebote de la cotización de los bonos. Títulos cuya baja paridad hizo que en algún tiempo, menemismo mediante, se regalaran las empresas del estado o que en el alfonsinismo se abultaran, ficticiamente, inversiones empresarias.

Claro que un tema central en todo esto es el rol que desempeñan las llamadas “calificadoras de riesgo”. Una de ellas es parte esencial de este reciente problema de las finanzas argentinas, al margen de los aciertos u errores de los funcionarios argentinos o de los vaivenes de los precios de las commodities, o la salida de u$s 7.159 millones durante el primer trimestre del año reconocida por el propio Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Standard & Poor’s, la calificadora en cuestión, hace aproximadamente un mes, mucho antes de la cuestionada operación con Venezuela, ya había puesto en revisión negativa la cuestión de la deuda argentina. En ese marco, también, el famoso banco J. P. Morgan, por entonces, había elevado el riesgo país por encima de los 600 puntos, ahora incluso incrementado por la S&P. Algo que nada tiene que ver con la discusión sobre pobreza y distribución que algunos plantean y sobre las que se hacen encuestas sobre la insatisfacción de parte de la sociedad, sino con la solvencia pública.

Para estas calificadoras la cuestión política aparece como esencial. Los gobiernos de izquierda, los nacionalistas y aún los que simplemente no obedecen las órdenes que se les emiten desde los centros mundiales del poder, hacen que, automáticamente, sean castigados con mermas en la calificación de sus países. Por ejemplo, el economista estadounidense Walter Molano recordó que al Perú se le bajó la calificación cuando se pensaba que en las pasadas elecciones presidenciales podía triunfar Ollanta Humala.

Ahora, con la administración de Alan García, reconvertido a un neomercantilismo mal llamado “neoliberalismo”, las mismas calificadoras de riesgo le mejoraron la nota al país. Es que ahora el gobierno peruano está poniendo su énfasis en la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América y se ha sumado a Colombia en una alianza fáctica con los mismos EUA en la región frente a sus cada vez menos socios Bolivia y Ecuador en la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Como contrapartida los referidos gobiernos de Bolivia y el Ecuador, más los de la Argentina y Venezuela, y seguramente pronto el de Fernando Lugo en el Paraguay, constituyen una suerte de “Eje del mal” suramericano. Dentro de ese esquema hay que sopesar las calificaciones que se otorgan, sin dejar de observar, como ya se ha dicho, la existencia de problemas reales como algunos también ya mencionados.

Es interesante revisar un poco algunas calificaciones de estas empresas en un pasado no muy remoto para apuntar en la dirección correcta. Todos los que se interesan por las cuestiones económicas en su sentido amplio, y en particular los que atienden las de índole financiera, saben lo que está sucediendo en el mundo con una crisis que es la mayor que el sistema capitalista sufrido desde su colapso de 1929: una crisis que tuvo como disparador al fenómeno producido en los EUA con las llamadas hipotecas “subprime”.

A poco de desatarse este problema que hoy hace que existan en ese país más de tres millones de propiedades a la venta, pero sin compradores a la vista, el Comité Bancario del Senado estadounidense, el titular del mismo, Christopher Dodd, solicitó la comparecencia de las grandes calificadoras de riesgo del país: la ya citada Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s, para que explicasen, a santo de qué, dieron calificaciones de hasta Triple A para beneficiar a operaciones hipotecarias hoy incobrables.

Dodd, importante senador de la bancada demócrata en el Congreso de los EUA, sostuvo entonces: "Desde mi punto de vista tienen mucho que explicar sobre las razones que les llevaron a otorgar calificaciones AAA -la nota crediticia más alta que puede recibirse- a una deuda que nunca lo merecía'', según una entrevista concedida a la publicación especializada “El Economista”, de España.

La cuestión le costó la cabeza a la por aquella época titular de S&P, Kathleen Corbet, mientras las acciones de la empresa propietaria de la calificadoras caían de u$s 60 a u$s 50, y desde Bruselas, la Unión Europea se preocupaba por el hecho de que tanto la misma S&P, como las también mencionadas Fitch y Moody’s hubiesen privilegiado los intereses de sus firmas clientes por encima de advertir sobre el riesgo que afrontaban con dichas operaciones quienes invertían en los fondos de inversión y bancos en los que colocaban sus dineros los ahorristas, más que por una cuestión de mero optimismo.

S&P y Moody’s aparecieron como las más cuestionadas en ese escándalo que sucedió, algún tiempo después, a las estafas sufridas por los inversores de empresas como Enrom y World Com. Algo que también fue motivo de análisis por expertos de la Comisión Europea , bajo el liderazgo de Charlie Mc Creevy, quién expresó al diario “Financial Times”, de Londres, que “El mercado de deuda de hipotecas subprime no habría crecido tanto como lo ha hecho si no hubieran contado con calificaciones favorables de las agencias”, y acotó que “Si las agencias de rating creen que todo va a seguir como si nada hubiera ocurrido, están muy equivocadas”.

Algunas cosas más se pueden agregar a todo ello, pero lo cierto es que los dictámenes de las calificadoras, más allá de las argumentaciones técnicas que se introduzcan en ellos, no están ajenas a sus objetivos políticos y a sus propios intereses de negocios, y en tal sentido deben ser considerados.

- Fernando Del Corro es periodista, historiador, docente de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.