Se ha abierto la fase final del proceso constituyente en Ecuador, la Asamblea Nacional ha entregado al Tribunal Supremo Electoral el texto la nueva Constitución, la vigésima en la historia republicana, y se ha convocado para el 28 de Septiembre a un referéndum, en el cuál el pueblo ecuatoriano aprobará o desaprobará este texto.

El voto favorable, esto es la ratificación, requiere del 50% + 1 del total de los votantes participantes.

Sin embargo los contextos políticos y sociales que se produjeron en las semanas últimas de la redacción y aprobación de la nueva Constitución del Ecuador abre más interrogantes que certezas, y coloca a la luz pública las complejidades políticas y económicas que rodean esta fase de transición posneoliberal.

El marco más amplio del texto de la nueva constitución es muy positivo, establece con claridad un modelo distinto al neoliberalismo, plantea una estructura económica diferente, a la que define como social y solidaria, a su vez recupera un rol controlador del estado frente al mercado, y propone un sentido de construcción social que denomina como el “buen vivir”, concepto que recupera de las culturas indígenas el “sumak kawsay”, esto es la armonía en las relaciones entre los seres humanos y de estos con la naturaleza, además proclama que el ser humano está por encima del capital.

Otro logro importante es el reconocimiento de la naturaleza como sujeta de derechos, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Ecuador, del idioma quechua como lengua oficial, de la justicia indígena, el agua como derecho humano y la soberanía alimentaria. Así como la gratuidad de la educación hasta el nivel universitario y respalda una seguridad social pública, no privatizable.

También hay que reconocer que en el ámbito de las garantías laborales se dan avances importantes, se eliminó la tercerización laboral y se ha aprobado elevaciones en los salarios básicos a nivel público y privado.

Sin lugar a dudas las organizaciones sociales, los partidos de izquierda, el movimiento de gobierno “Acuerdo País”, van a trabajar con fuerza para alcanzar el triunfo del SI en el referéndum del 28 de Septiembre.

Las inquietudes se presentan al evaluar los acontecimientos que rodearon el último mes de la Asamblea, los pronunciamientos del presidente Rafael Correa y del “buró político” de Acuero País y los métodos utilizados.

La sospecha no está en lo que el texto contiene, sino en cómo los sujetos del proceso se ordenan y posicionan para interpretar y aplicar (o desviar) el sentido profundo del nuevo texto constitucional.

Correa ha insistido en las últimas semanas en públicamente alertar que al interior del movimiento de gobierno existen “infiltrados”, que “siguen sus propias agendas”, pareciera llamar a una purga partidaria.

Un mes atrás el “buró” le pidió al entonces Presidente de la Constituyente, Alberto Acosta, que también es miembro de dicha instancia de dirección, “que se hiciera a un lado” y delegara la cabeza de la Asamblea al Vicepresidente Fernando Cordero, para acelerar la aprobación del texto constitucional. Y así se procedió.

Los puntos profundos de esta discrepancia parecen moverse en tres niveles: i) ¿cómo construir una dirección política del proceso?; ii) ¿cuáles son los contenidos de un sentido democrático?; iii) ¿dónde poner los acentos de la recuperación económica?

Sobre estos temas se distinguen claramente dos tendencias en el movimiento de gobierno “Acuerdo País”, el principal protagonista político, pues controla el ejecutivo, el legislativo y quisiera hacer igual con la función judicial.

Respecto de la dirección del proceso: los unos dicen que es necesario comprender que se está en una etapa frágil, de riesgo, que eso demanda de una conducción política precisa, rápida y con fuerte centralismo, esa dirección, por la característica misma del proceso ecuatoriano, gira alrededor de un personaje con vigor y celeridad como es el presidente Correa; los otros dicen, que el movimiento es plural, que contiene varias tendencias a su interior, que allí está su potencialidad, y es necesario trabajar esos acuerdos, el tiempo no puede ser la medida para el carácter de la conducción, sino la calidad del consenso.

Respecto de la democracia: los unos dicen que la raíz de la democracia está en la adhesión popular, que eso es lo que hay que cuidar, con medidas de apoyo directo y subsidios a los mas pobres, “no es la democracia del bla, bla”, del debate permanente, sino la democracia de la efectividad política, es necesario en el ámbito político, garantizar un modelo presidencialista y limitar el parlamentarismo; los otros dicen que el camino mismo tiene que ser democrático, participativo, de construcción de acuerdos, en el método se encuentra el contenido, y se debe construir las adhesiones con alianzas directas con los movimientos populares y partidos de izquierda ya existentes.

Respecto de la recuperación económica: los unos dicen que es indispensable una recuperación inmediata, caso contrario el proceso de cambio mismo pierde piso, y esa recuperación está en la minería y el petróleo, con una fuerte presencia estatal, pero “sin espantar” a las transnacionales, llegar a acuerdos convenientes para la patria, en la agricultura no es posible cerrar las puertas a los productos transgénicos y los agrocombustibles; los otros dicen que ir por la vía extractivista es un continuismo con las vías tradicionales capitalistas, hay áreas geográficas donde no debe explotarse el petróleo y los minerales, sobre la agricultura el pilar deberían ser las economías populares y cerrarse la puerta a los transgénicos y los agrocombustibles.

Para Correa el “infantilismo de izquierda” del siglo XXI es pretender que se mantengan intocadas las reservas mineras y petroleras, que los criterios ecológicos se superpongan a la lógica extractivista.

En los días últimos de la redacción constituyente, el “buró” de País puso los acentos en garantizar el presidencialismo, reelección inmediata y cambio en la corte suprema de justicia, y limitaciones al parlamentarismo.

Un dato decidor, es que dentro del campo popular, el sector con quién mas discreparon las resoluciones del “buró” de País, fue el movimiento indígena, en especial la CONAIE, en temas como la minería, el agua, el consentimiento previo para la explotación de los recursos naturales, la prohibición a los transgénicos, el reconocimiento del quichua. Pero también hay que reconocer que, salvo en el consenso previo, en los demás puntos el movimiento de gobierno terminó cediendo y se incorporaron al texto constitucional.

Estos mismos hechos muestran lo complejo del escenario de transición.

Se puede decir que el texto constitucional es mas radical en la definición del posneoliberalismo, que va más allá que la conducción real del presidente Correa y obedece a una visión del proyecto de cambio mas profunda, en el sentido de perfilar un modelo de desarrollo incluyente y sustentable, aunque sin alterar los aspectos de raíz del orden burgués, sin embargo la correlación de fuerzas que estuvo presente en la Asamblea Constituyente parece diluirse.

A su vez el liderazgo político real está concentrado en torno a la figura de Rafael Correa y el ejercicio de una verdadera dirección política colectiva no madura y gana predominancia el sentido de pragmatismo y alianzas con sectores burgueses.

Tres medidas políticas y económicas de estos días son muy decidoras de una vía estatal de mercado nacional: i) la incautación de los bienes del grupo financiero Isaías, entre ellos dos canales de televisión; ii) la aprobación de un mandato agrario que coloca en incentivos a las agroempresas la vía para enfrentar la crisis alimentaria; iii) el mantenimiento de una política de distanciamiento con Uribe y la ruptura de relaciones con Colombia.

Los escenarios que asoman en el horizonte como los mas probables, mantienen una continuidad del gobierno en manos de Correa y de Acuerdo País, parece poco probable un triunfo del NO, que implicaría una recuperación vertiginosa de la derecha, cosa que no acontece.

El tema más bien es la posibilidad de construir en la campaña del referéndum una movilización social que permita ganar conciencia en la población de los sentidos profundos que están presentes en la Nueva Constitución y construir fuerzas populares con capacidad de presión y propuestas, que puedan apoyar u oponerse, según sea el caso, a las políticas de gobierno, pero sin hipotecarse.

Dar atención al significado de la amplia movilización social que generó el proceso constituyente, no permitir que quede atrapado en los niveles de cúpula partidaria, ganar una conciencia de participación y propuesta, que luego permita presionar por que haya una coherencia real entre el texto de la Nueva Constitución y la definición de las políticas de gobierno.

Probablemente eso marcaría un escenario social y político cualitativamente diferente y aporta con energía a una verdadera transición posneoliberal.

(1) Ver nueva Constitución: http://www.asambleaconstituyente.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=5838&Itemid=105