En democracia, el poder radica en el pueblo y este lo ejerce directamente o lo encarga temporalmente a autoridades que elige. Estas lo ejercen por delegación y deben cumplir los compromisos que asumieron y rendir cuentas a la gente. Delegar el poder no es perderlo o regalarlo. Se delega, con restricciones: el pueblo tiene el derecho a recuperarlo y dárselo a otro, si la autoridad incumple, gobierna mal, roba o abusa.

La revocatoria del mandato es un mecanismo democrático y pacífico de resolver una crisis de representación política, de hacer respetar la voluntad popular. Pero, en el Perú, la revocatoria es complicada y no se puede revocar a los congresistas ni al Presidente. ¿Por qué solo se puede revocar a los menos poderosos –regidores, alcaldes, consejeros o presidentes regionales–, pero no a los que pueden más: los congresistas o el Presidente? ¿Acaso no los nombró el mismo voto popular? ¿Acaso el pueblo no puede recuperar la máxima autoridad que delegó si lo estafan o conducen mal? Esto debe cambiar.

Crisis agudas en Venezuela o Bolivia se enfrentaron convocando referendos revocatorios. En Ecuador habrá un referendo sobre la nueva Constitución: si pierde, el presidente Correa dejará el cargo. Hace poco, enfrentado violentamente por la oposición de derecha que manipula sentimientos descentralistas mal manejados, Evo Morales convocó un referendo revocatorio llamando a los bolivianos a votar si continúa su gobierno y las políticas de cambio emprendidas o no. No reprimió, llamó al voto. Recibió 68% de apoyo, y con esa ratificación popular llamó a la oposición al diálogo y a parar el violentismo escisionista, a discutir y replantear las autonomías.

En el Perú, solo 1 de cada 5 peruanos respalda a García y 75 de cada 100 lo rechazan. Los conflictos y las protestas se multiplican azuzados por la inflación, los privilegios a los más ricos, la exclusión de las mayorías, la corruptela y el abuso de poder. García rechaza el diálogo que los movimientos reclaman. Envía ministros sin poder de decisión ni voluntad de cambio a tontear a la gente. Entornilla a su repudiado gabinete. Desprecia las luchas y las encuestas que demandan cambio de rumbo. Responde al repudio popular moviéndose en carros blindados, rodeado de policías y guardaespaldas, con la corte de una prensa servil, mañosa y cómplice, blindado por su alianza con el fujimorismo.

Provocador, gasta millones en la campaña "El Perú Avanza". Nadie averigua en un Congreso entretenido en la repartija de cargos, entre tránsfugas y ratas. Escupe en la cara a los damnificados del Sur. Encima de abandonarlos, los enfrenta al resto de peruanos (recordándoles que han dejado de recibir lo gastado en la reconstrucción). Mentiroso, impone su propaganda autobombo, mientras esquiva los huevos podridos de la gente. Amedrenta las marchas de damnificados del 15, militarizando la zona ante la movilización pacífica. Encima, la Cancillería, el Congreso y APCI persiguen a las Casas de Amistad con Venezuela y con Cuba, maltratando la solidaridad médica cubana o las viviendas donadas por los venezolanos, mientras Favre se va de Forsur sin rendir cuentas: ¡el mundo patas arriba!

El precio internacional del petróleo cae, pero aquí suben el combustible y la inflación. García anuncia demagógicos gastos públicos, pero sin nuevos ingresos que podría obtener del impuesto a las sobreganancias mineras o una reforma tributaria en que los más ricos paguen más. Más leña a la inflación. ¿Recortes? Sí, pero al presupuesto del Vaso de Leche, congelado hace años. Obligó a las madres a tomar las calles y hacer retroceder a Del Castillo. Rechaza aumentar los sueldos y salarios que caen, mientras las ganancias empresariales, la productividad del trabajo y el costo de vida suben. Ignora a los despedidos por el fujimorato y sus demandas, pero privilegia a sus engreídas, las transnacionales mineras, petroleras y gasíferas: les subsidia el combustible a pesar de sus enormes ganancias, a muchas no les cobra regalías, no aplica el impuesto a las sobreganancias (unos S/.5,000 millones anuales) ni revisa los contratos lesivos. Para remate, quiere arrasar con la propiedad de la tierra comunal en la sierra y la selva: entregarla a las transnacionales que explotan nuestros recursos naturales. Han lotizado el 72% de la Amazonía y hay denuncios privados sobre casi el 55% de las comunidades campesinas en sierra y costa. Más de 15 millones de hectáreas están en concesiones mineras de los nuevos dueños del Perú.

La protesta se multiplica. La crisis internacional la alentará. La ira está a flor de piel. La exigencia de un cambio de rumbo se generaliza. Amenazar a quienes protestan, enjuiciarlos o usar a la policía y a las FFAA como guardia pretoriana no funciona. Menos cuando pretenden convertir la Caja Militar Policial en una AFP cualquiera y el personal gana miserias. No. Eso solo genera más violencia y sangre.

Vamos a una salida política democrática y responsable: que García y el Congreso se sometan a un referendo revocatorio, que el Perú decida si se mantiene este gobierno o se cambia de rumbo y se refunda la República. Ese es el camino.

La República, 18 de agosto de 2008