El presidente Evo Morales acaba de recibir, en el referéndum del 10 de agosto, el contundente respaldo del pueblo boliviano, que con una votación favorable del 67,4% ratificó su mandato y sus programas de cambio, otorgándole una mayoría envidiable para un dirigente político, que en cualquier otro rincón del planeta hubiese sido reconocido como incuestionado ganador, plenamente ratificado por sus compatriotas.

Pero ello no ocurre en Bolivia. La oposición derechista, que participó a regañadientes del referéndum y acepta sus resultados con beneficio de inventario, anunció un "paro cívico" para el 19 de agosto, en abierto desconocimiento de la autoridad del presidente Morales, alegando que el diálogo a que convocó el mandatario, no arrojó resultados "satisfactorios", al no aceptarse sus demandas, que apuntan a un desmembramiento del país a través de reclamos "autonómicos" francamente secesionistas.

"Los hijos de los descuartizadores de Tupac Katari (líder indígena ajusticiado en 1781) hoy quieren descuartizar a Bolivia", advirtió Evo Morales, en un discurso pronunciado en Cochabamba.

El presidente advirtió acto seguido que "las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, responderán a un mando único porque son instituciones del Estado y no serán divididas". Fue un mensaje con destinatario cierto, una respuesta al prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, quien el pasado fin de semana anunció que no reconocería ninguna fuerza policial que no estuviese bajo su autoridad.

Costas habló al día siguiente de que grupos de acción de la "juventud cruceña" molieran a palos al comandante de la policía de Santa Cruz, coronel Wilge Obleas y al comandante general de esa fuerza de seguridad, general Miguel Gemio. Ello ocurrió como resultado de los incidentes que se produjeron cuando los agentes del orden intentaron desalojar a discapacitados, que alentados por los "autonomistas", habían ocupado predios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El "paro cívico", la exhortación a la desobediencia civil y los agresivos discursos de los dirigentes de la "medialuna" separatista confirman que la derecha boliviana ha resulto ir por más,. una vez fracasado su intento de "deslegitimizar" en las urnas la autoridad constitucional de Morales.

Informes fidedignos indican que en los departamentos "rebeldes", particularmente en Santa Cruz, hay grupos armados organizados y dirigidos por ex jefes militares. La incógnita es hasta donde se atreverán a llegar, ya que todo hace presumir que las fuerzas armadas, antaño reiteradamente golpistas, esta vez responden al presidente y están dispuestas a impedir por todos los medios un desmembramiento del país.

La actual situación plantea también un dilema para el gobierno de La Paz. Ante el desafío de la oposición y tomando en cuenta la irrenunciable obligación de ejercer su autoridad, ¿sería aconsejable recurrir a la fuerza, cuyo uso sería de indiscutible legitimidad para reprimir intentos claramente subversivos? ¿Podría en tal caso asimilar el inevitable costo político de usar la fuerza para garantizar la legalidad?

La derecha no lo ignora y está apostando muy fuerte a crear un ambiente nacional de conmoción y violencia.

En julio, en la etapa más aguda del lockout que realizaban las organizaciones de propietarios rurales argentinos contra una resolución de la presidenta Cristina Fernández, que establecía gravámenes móviles a las exportaciones de granos, un numeroso grupo de intelectuales argentinos expresó su alarma por el clima político enrarecido que se estaba generando y por la proclamada intención de los "ruralistas" de no aceptar otra solución que la plena aceptación de sus demandas, aunque para ello debiera vulnerarse la legalidad. El grupo de intelectuales, que difundió su inquietud a través de una serie de "Cartas Abiertas" a la población, acuñó una palabra desde entonces incorporada al lenguaje político y académico. Habló de un intento "destituyente", de sentido opuesto al que inspiró a quienes en la segunda mitad del siglo XIX edificaron las instituciones de la República y elaboraron las normas que reglan su gobierno.

Algunos portavoces del sector rural habían advertido que si el Congreso aprobaba la cuestionada resolución presidencial, ellos no acatarían el pronunciamiento del Poder Legislativo y seguirían con los cortes de rutas y sus planes de desabastecimiento. Finalmente, el revés sufrido por el gobierno en el Senado, donde naufragó la resolución, evitó verificar si esas amenazas eran ciertas.

Hace algunas semanas el escritor chileno Ariel Dorfman, al referirse a la situación boliviana, evocó otro episodio "destituyente", que involucró a los militares de su país. Recordó que las fuerzas armadas chilenas adelantaron el cruento golpe de estado que perpetraron en 1973, al tomar conocimiento de que el presidente Salvador Allende se proponía, precisamente aquel fatídico 11 de septiembre, convocar a un referéndum para que la población decidiera si debía seguir en su cargo.

Lo cierto es que ha comenzado a cundir preocupación en los medios democráticos y progresistas sudamericanos ante la posibilidad de que el gigantesco esfuerzo renovador de la sociedad boliviana, emprendido por Evo Morales, al frente de la amplia mayoría de sus compatriotas, se estrelle contra el poderoso muro de los intereses del establishment. Si ello ocurriera, ¿habría que llegar a la conclusión de que existe un límite infranqueable para la posibilidad de impulsar cambios sociales profundos a través de los mecanismos democráticos normales? .

Esa preocupación se hace extensiva al Paraguay, donde han comenzado a surgir voces, afortunadamente todavía aisladas, que advierten sobre el peligro que afronta el presidente Fernando Lugo si decide cumplir con sus promesas preelectorales de reforma agraria, lucha contra la corrupción y una sociedad más igualitaria.

Un hasta ahora desconocido "destituyente" paraguayo, el gobernador colorado de Paraguarí, Tomas Riva, advirtió el sábado a sus correligionarios que "queda en nuestras manos la responsabilidad de retomar el poder, porque eso es lo que va a ocurrir, estos tipos no irán lejos y ya está estudiada la estrategia. Sin el Partido Colorado es imposible gobernar al Paraguay".

- Oscar J. Serrat, de la redacción de MERCOSUR Noticias.