En los debates sobre la futura Constitución apenas se ha topado el tema de las universidades ecuatorianas. Pero así como en economía hemos heredado un sistema excluyente e injusto construido en los últimos veinticinco años; así como en política hemos tenido en igual época la hegemonía de una “clase” que construyó un Estado de partidos; y así como en materia social hemos recibido un país jerarquizado bajo el dominio de un cerrado grupo de clanes y minorías poderosas, también en materia de educación superior el Ecuador todavía lleva el peso de las viejas instituciones, principios y leyes.

En las últimas décadas, los criterios neoliberales y privatizadores sirvieron de telón de fondo para la proliferación de universidades privadas. El modelo económico impulsado afirmó, a su vez, las carreras vinculadas con la administración de empresas y los negocios. Crecieron los postgrados, incluidos aquellos de “fin de semana”. Casi todas las universidades se consolidaron como instituciones con predominio de las “clases” por sobre la investigación. Y hasta el CONESUP perdió la mira de lo esencial en las políticas universitarias. El reglamento de investigaciones que hemos recibido como herencia estrangula aquello que pretendía fomentar. Y mientras largos años se dejó de actuar frente a una universidad que la Asamblea Constituyente tuvo que clausurar, paradójicamente hasta hoy se impide el reconocimiento como títulos de “cuarto nivel” de los doctorados de cinco postgrados que la Universidad Católica de Quito tiene desde hace muchos años atrás.

Podrían citarse otros tantos ejemplos para ilustrar cómo se ha manejado la educación superior en el Ecuador durante la misma época que hoy tratamos de transformar con una nueva Constitución. De manera que el cambio de la universidad ecuatoriana hacia el futuro tendrá que dejar atrás las viejas herencias organizativas, los caducos sistemas académicos, las leyes de ese pasado y, sin duda, la institucionalidad que supuestamente debía ser la rectora de la marcha universitaria del país. Si las universidades ecuatorianas no se deciden a superar la primacía de la docencia formal por la institucionalización permanente de la investigación como fundamento y esencia de su quehacer académico, el Ecuador no podrá convertir en realidad los principios que propone el proyecto de nueva Constitución para el adelanto de la cultura, la ciencia y el desarrollo integral del país.

Desde la perspectiva de la universidad ecuatoriana del futuro, vale considerar que la nueva Constitución introduce una serie de principios innovadores: la educación superior estará articulada al sistema nacional de educación y al Plan de Desarrollo; las carreras se supeditarán a las necesidades del desarrollo; se reconoce la autonomía responsable; se institucionaliza la acreditación, la evaluación y la rendición de cuentas académicas; se reconoce la gratuidad de la educación superior. También será importante la creación de los nuevos organismos de regulación universitaria, que dejen atrás a los actualmente existentes.

Publicado en El Telégrafo
Primer Diario Público
Ecuador, lunes 25 de agosto de 2008

- Juan J. Paz y Miño Cepeda es historiador ecuatoriano, coordinador del Taller de Historia Económica.

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