São Paulo, Brasil

Las acciones parapoliciales y sentencias fundamentadas en la ley de los años de plomo, muestran que la herencia de las dictaduras militares siguen vivas. Los agronegocios y la sojización de las tierras.

Los movimientos sociales en América Latina vienen enfrentando una represión judicial por parte de los gobiernos nacionales y regionales que producen causas y condenas a los militantes populares.

Otras acciones muestran que la herencia de las dictaduras del continente sigue vigente. En Argentina, se van a cumplir dos años del secuestro y desaparición de Julio López, testigo de los juicios contra torturadores de la última dictadura; la esposa del ceramista de la fábrica recuperada Zanón -hoy FaSinPat- fue secuestrada dos veces siendo golpeada, asfixiada y su rostro cortado por un bisturí. Así mismo, tres hombres armados golpearon a la defensora de los derechos humanos Sonia Torres de 77 años y titular de agrupación de Abuelas de Córdoba.

Por el lado brasileño, la violencia tiñe de rojo las tierras en disputa. En su vasta dimensión territorial, Brasil vio nacer diversas organizaciones de trabajadores Sin Tierra dispuestas a luchar por la reforma agraria, combatir la represión policial y a los pistoleros contratados por los estancieros. Desde la década del 80, según datos de la Comissão Pastoral da Terra, casi 1.800 personas fueron asesinadas. Una “democracia” que mató más que la dictadura militar (1964 -1985).

Ahora el sistema represivo pega por el costado jurídico. Los 55 casos de prisión política a los indios mapuches de Chile, dejan a la vista el abuso de medidas cautelares y prisión preventiva, además de la práctica de allanamientos similares a los vividos en la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

La persecución y atentados contra militantes Sin Tierra en Paraguay llevaron que seis paraguayos buscasen refugio en Argentina hace dos años. Sin embargo, la justicia argentina no solo negó la petición, sino que encarceló a los paraguayos y estudia su extradición. Otro claro ejemplo de la criminalización de la protesta social, ha sido que los tribunales argentinos -ante la lucha de los movimientos sociales- persiguieron y abrieron procesos a 5 mil militantes, en su mayoría en los últimos 10 años.

Como un arma silenciosa, las causas judiciales en los cajones de jueces y fiscales esperan el momento justo. Parece que el momento ha llegado.

Durante el año pasado, el comandante del Batallón Militar del Estado de Rio Grande do Sul, João Cerutti, realizó informes de inteligencia que sirvieron a los fiscales, Luciano Faria y Fabio Sbardelotto, para acusar con suposiciones y ninguna prueba concreta a militantes sin tierra. El Consejo Superior del Ministerio Público, ha finales del 2007, tomó la decisión de prohibir cualquier movilización del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), incluyendo marchas, intervención en las escuelas de los asentamientos, criminalización de sus dirigentes y “desactivar” todos los acampamentos en el estado sureño de Brasil. Las decisiones fueron puestas en práctica en los acampamentos de Nova Santa Rita, y en las manifestaciones del Día de la Mujer de este año.

El procurador general del estado de Rio Grande do Sul, Mauro Henrique Renner, argumentó que "frente a las investigaciones realizadas, es razonables, que algunos de los sectores del MST perdieron el foco y están desbordando de sus derechos constitucionales". El 9 de julio, fueron condenados por el juez Carlos Haddad, el abogado de la Comissão Pastoral da Terra, José Gonçales Afonso, y Raimundo Santos da Silva, referente de la Federação dos Trabalhadores Rurais do Pará.

El estado riograndense, representado por la gobernadora Yeda Crausius, acuso a los luchadores populares de "empleo de grave amenaza", "actos terroristas", y por "incitar la subversión". Todas estas figuras que están en la Ley de Seguridad Nacional, marco legal de los torturadores de la dictadura brasileña y que hoy sobrevive dentro del régimen democrático.

En junio de este año, los promotores Luís Aguilar Tesheiner y Benhur Biacon pidieron el desalojo de un campamento del MST en el norte del Estado, presentando un documento que parecía salido de la dictadura, afirmando que los campamentos era “verdaderas bases operacionales destinadas a la práctica de crímenes e ilícitos civiles causadores de enormes daños, no solo de los propietarios de la estancia Coqueiros, pero para toda la sociedad”.

Estos hechos pusieron a todo el arco de organizaciones populares en la zona más conflictiva por la lucha de la tierra en estado de alerta. No es casualidad que en este lugar ya nacido, ha 20 años, el MST.

"Pasados más de 500 años se siguió enviando para las metrópolis las mismas riquezas, a cuesta de nuestra inmensa pobreza, controlada por una profunda violencia que hace parte de la sociedad de clases, para mantener muchos trabajando y produciendo riqueza para unos pocos. Solo con mucha violencia, primero el látigo, la burocracia, y si no alcanza, la policía con sus balas y palos ponen todo en su debido lugar", destaca una Carta de los Movimientos Sociales de Rio Grande do Sul, entregada a la comisión de Derechos Humanos del Senado Federal y a la Asamblea Legislativa, denunciando la criminalización en mes de junio pasado.

En marzo de 1935, un gran levantamiento revolucionario se expandió por las ciudades del nordeste, Recife y Natal, y luego en Rio de Janeiro, en ese entonces la capital de Brasil. Esta país estaba bajo el mando del riograndense Getúlio Vargas que a través de un levantamiento militar en el sur brasileño se hizo del poder en 1930. Frente a la dictadura varguista, se formó un amplio frente de izquierda que llevó el nombre de Alianza Nacional Libertadora, reuniendo militantes de varias vertientes con un objetivo común: una revolución nacional y popular.

Así, militantes del Partido Comunista, tenientes del ejército, socialistas y varios “antiimperialistas” se alzaron en armas en lo que quedó conocido como la Intentona Comunista. Reprimido con ferocidad por el régimen varguista, nace de la sangre de los caídos, los fundamentos jurídicos para reprimir a los futuros luchadores a plomo y tortura: Ley de Seguridad Nacional (LSN).

Para el jurista y profesor aposentado de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, Fabio Comparato, encuadrar a los militantes del MST en la LSN es un delirio. Los ataques al MST en el Rio Grande do Sul, según Comparato, son una respuesta del poder local a las campañas del movimiento contra la venta de tierras para plantaciones de eucalipto a papeleras extrajeras, como la sueco-finlandesa Stora Enzo, que ya adquirió grandes áreas en la frontera, violando restricciones existentes en la ley para la comercialización de áreas con esas características.

Frente a las denuncias presentadas por la Central de Movimientos Populares y la Comissão Pastoral da Terra, el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH) decidió, el martes 12, criar una comisión especial para investigar la criminalización de los movimientos sociales en el estado de Rio Grande do Sul.

Según el relator de la propuesta, el representante nacional del Ministerio del Desarrollo Agrario, Gercino Silva, se deberá crear un ministerio y una policía especiales para cuestiones de conflicto agrario en el estado riograndense.

“El Tribunal de Justicia debe crear un tribunal agrario, el Ministerio Público debe crear una fiscalía agraria, la Defensoría Pública debe crear una defensoría agraria, el gobierno del estado debe crear una comisaría y, principalmente, se debe crear una Policía Militar Agraria, capaz de respetar los derechos fundamentales del trabajador rural que demanda providencias para la ejecución del programa de reforma agraria, así como garantizar el derecho de propiedad al legítimo propietario de un área productiva, legamente destacada del patrimonio público y que esté cumpliendo función social”, explicó Gercino Silva.

El ministro de la Secretaria Especial de los Derechos Humanos y el presidente del CDDPH, Paulo Vannuchi, destacó la importancia de que el trabajo de la comisión sea imparcial. “Coloco como ponderación, para que la comisión especial sea, de hecho, interpretada en Rio Grande do Sul, como una comisión que no tiene prejuicio y que no sale de Brasilia ya con una posición. No es nuestro papel”.

Ante esta avanzada represiva tanto el MST, como otras organizaciones de derechos humanos y sociales, han presentando formalmente los reclamos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Una zona rica y fronteriza en donde el agronegocio crece sin parar. Los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul son grandes exportadoras de commodittes alimentario; Entre Ríos, Misiones y Corrientes, provincias argentinas, tiene la soja y el eucalipto avanzando sobre las hectáreas productivas. Además de los socios del Mercosur como Uruguay y Paraguay bajo los mismos designios del mercado mundial.

La capacidad organizativa de los trabajadores rurales de la zona, su legitimidad y objetivos, dejan muy preocupados a los nuevos señores feudales del agronegocio.

Los tres estados brasileños al sur del país son responsables por el 42 por ciento de la producción nacional de granos, según los datos del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). La gran mayoría de las hectáreas plantadas son de soja que generan por año 19.668 millones de toneladas, en constante expansión, y una facturación anual de 6 mil millones de dólares.

Por otro lado, el aumento de tierras destinadas al eucalipto en los Estados mencionados viene preocupando a los movimientos sociales y pequeños productores. Lino de David, ex presidente de Emater (Asociación Riograndense de Emprendimientos de Asistencia Técnica y Extensión Rural), declaró en una conferencia realizada por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación) el año pasado, que la región sur del continente está siendo colonizado por las empresas multinacionales para la explotación del eucalipto.

En Rio Grande do Sul ya son 260 mil hectáreas, Uruguay presenta 700 mil hectáreas, al sur de Chile la asombrosa cantidad de 2 millones de hectáreas, Argentina asume el tercer lugar con 500 mil. David justifica estas acciones por los países del norte (Estados Unidos, Canadá y Escandinavia) porque tienen un ciclo de corte de 35 años; ya en los países del Cono Sur el ciclo se achica para 6 a 7 años, generando ganancias más rápidas.

Otro dato a tenerse en cuenta es lo que el ex presidente de Emater destacó que la empresa sueco-filandesa, Stora Enzo, propietaria de grandes extensiones de tierras en América Latina, en el año 2005 presentó ganancias por 25 mil millones de dólares, dos veces más que el presupuesto del estado de Rio Grande do Sul.

El conflicto promete mantener una situación tensa entre los trabajadores rurales y los empresarios del agro ya que la tendencia es que los cultivos de soja y eucalipto continúen avanzando en la región.

El juez federal Felipe Veit aceptó, el 11 de abril, las acusaciones hechas por la fiscalía a los ocho militantes sin tierra: "depredación" y "propaganda de lucha entre las clases". Con el claro objetivo de encuadrar dentro de la LSN, los fiscales justificaron su acción en una supuesta relación entre ciertos militantes con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FERC).

Como la guerrilla colombiana es considerada por la ONU como “organización terrorista” se quiere hacer lo mismo con los sin tierra, consiguiendo penas más duras a los luchadores populares. Cualquier semejanza con lo que pasa en el país vecino en manos del presidente, Álvaro Uribe no es mera coincidencia.

Según datos, el número de familias expulsadas de sus tierras, por acción de privados (lea pistoleros contratados), tuvo un aumento más que significativo de 140 por ciento comparado con los números a nivel nacional de hace dos años. Pasó de 1.809 familias en 2006 para 4.340 en 2007. También aumentaron las personas amenazadas de muerte que en 2007 fueron 259, un incremento del 25 por ciento en comparación con el año anterior.

En la zona del conflicto, las familias expulsadas fueron 30 en 2006. Sin embargo para el año 2007 pegó un salto para 720 familias. Además, se elevó el número de trabajo esclavo donde pasó de 108 personas en 2006 a 229 en 2007.

La asesora jurídica de Terra de Direitos, Maria Rita Reis, destacó con preocupación que lo que está sucediendo en Brasil no son acciones aisladas y que se está reviviendo un “Estado de Excepción”.

“Estamos preocupados con la garantía de los derechos humanos en Brasil, porque el Poder Judicial llegó al absurdo de usar la Ley de Seguridad Nacional, de la dictadura militar, para prohibir la movilización del MST en Rio Grande do Sul”, destacó la letrada.

La abogada también remarcó las acciones de los estancieros y sus pistoleros que sin autorización judicial realizan desalojos sin que sean penalizados por la justicia.

En declaraciones al diario Estado de S. Paulo, el 7 de junio de este año, uno de los representantes nacionales del MST, João Pedro Stédile fue tajante al definir la situación y el futuro de la reforma agraria en Brasil: "Toda región con gran concentración de pobres y reducción del espacio para la pequeña agricultura, tiende a convertirse en un foco permanente de lucha por la conquista de la tierra. Mientras el gobierno no resuelva los problemas del la gente, ella estará dispuesta día a pos día, año a año, a participar en las acciones de ocupación de las grandes propiedades".

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata,  Argentina.  

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