Las últimas semanas hemos asistido a una dura confrontación entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) entorno a una nueva Reforma del Sistema de Pensiones. Confrontación que deja un saldo de fallecidos y heridos, además de enfrentamientos de mineros y maestros contra campesinos y vecinos (todos sectores empobrecidos del país), que era obligación del gobierno evitar. Muchas son las razones para que el problema llegase a los extremos que llegó. Desde nuestro punto de vista, la principal consiste en la tozudez gubernamental de negarse a eliminar la privatización de la seguridad social de largo plazo en Bolivia y en la incapacidad de encarar todas las tareas que dicho objetivo exige.

Es necesario aclarar que la privatización del sistema de Pensiones no consiste en que los aportes de los trabajadores son manejados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), este es un aspecto secundario, sino en que la jubilación de una persona pasó a depender de lo que ésta puede acumular en una cuenta personal administrada por una AFP y del rendimiento que los dineros acumulados en dicha cuenta pueden obtener en el mercado de valores y/o adquiriendo bonos del Estado. A esta forma de obtener una pensión la denominaron pomposamente “capitalización individual”, expresión que sintetiza la supeditación de las pensiones a los vaivenes del especulativo mercado financiero y reduce las mismas al ámbito de competencia estrictamente individual. Ambos factores constituyen el meollo de la privatización de las pensiones y están plenamente vigentes en Bolivia, donde acceder a una jubilación y adquirir una pensión capaz de satisfacer las necesidades humanas no está en función del grado de organización solidaria de los trabajadores y la sociedad en su conjunto, tal cuál lo desarrollaron empírica y teóricamente años de historia de la Seguridad Social en el mundo.

Esta fue la esencia de las reformas de pensiones en Latinoamérica y Bolivia de los años 90, que para hablar en precisión no fue una Reforma sino un proceso de abandono y negación de la Seguridad Social de largo de plazo. Evidentemente, el resquebrajamiento de la Seguridad Social latinoamericana y la quiebra inminente de sus sistemas de pensiones era de tal magnitud, que no es difícil imaginar a los gobiernos suramericanos y a sus reformadores, incluso, a algunos operadores del sistema y sindicatos de trabajadores dando la espalda y cerrando los ojos para huir del problema y terminar introduciéndonos en un sistema de pensiones dónde prima el “sálvese quien pueda”, mejor dicho, el capitalícese quien pueda. Así se renegó de componentes como la solidaridad, la transferencia intergeneracional, la unidad de gestión y otros principios que definían y daban forma a la seguridad social. Ciertamente, los sistemas de seguridad social latinoamericanos estaban “enfermos” de corrupción, sobrevivían seriamente afectados por los cambios demográficos y la crisis económica, de tal manera que los aportes de los activos no alcanzaban para cubrir las rentas de los pasivos, y una serie más de mecanismos nocivos que se habían generado al calor de las componendas y prebendas políticas; sin embargo, el “remedio” fue peor que la enfermedad, al punto que terminó matando la Seguridad Social trabajosamente construida en nuestros países.

La Privatización de las Pensiones en Bolivia

La concreción de la privatización del Sistema de Pensiones en Bolivia se concretizó en la Ley Nº 1732, de la cual conviene llamar la atención sobre el mecanismo para acceder a una jubilación, que está reflejado en el artículo 7º que a la letra sostiene: “La prestación de jubilación se pagará al Afiliado, independientemente de la edad, cuando tenga en su Cuenta Individual un monto que permita el financiamiento de una Pensión igual o superior al Setenta por ciento (70%) de su Salario Base y de la prestación por muerte para sus Derechohabientes”.

Para que el mecanismo funcione se requiere que una persona afiliada aporte mensualmente el 10% de sus ingresos, que son acumulados en su cuenta individual, dichos ingresos junto al de todos los afiliados es invertido por las AFP en Bonos del Estado y/o en la Bolsa de Valores, inversiones por las que se obtiene réditos que una vez prorrateados son sumados a la cuenta individual de cada afiliado. Este es el mecanismo de capitalización individual, que luego de años de aportes continuos y después de años de inversiones se espera que lo “capitalizado” logre cubrir al menos el 70% del ingreso promedio obtenido por el afiliado los últimos 60 meses (salario base).

¿Cómo se mide si lo aportado y acumulado por el afiliado alcanza para cubrir el 70% de su salario base? En primer lugar, se estima la esperanza de vida del afiliado, posteriormente se prorratea el monto acumulado en su cuenta individual entre cada uno de los años que dicho afiliado tendría que recibir una renta, obteniéndose así una mensualidad, que si es menor al 70% del salario base no obtiene la jubilación y se encuentra en la obligación de seguir aportando. Esta forma de asignar las pensiones perjudica y discrimina a las mujeres, como es sabido ellas tienen mayor esperanza de vida que los varones, por lo que su capital acumulado debe ser prorrateado por más años, lo que obliga a las mujeres a aportar más tiempo o mayores cantidades. La forma de cálculo varía también en contra del afiliado, si este tiene derechohabientes, pues el cálculo también varía dependiendo de la edad de los mismos. Demás esta decir que las formulas de cálculo que utilizan las AFP son herméticamente guardadas, en este caso con avenencia de la Superintendencia de Pensiones valores y Seguros (SPVS).

Lo que nos lleva a una segunda interrogante: ¿Sí la jubilación de una persona es “resultado” del monto acumulado en su Cuenta Individual, después de cuántos aportes puede la misma alcanzar el 70% de su Salario Base? De acuerdo a estimaciones realizadas en el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), suponiendo ingresos permanentes y constantes, y una alta rentabilidad (más del 8%) de las inversiones realizadas por la AFP, la única manera de cumplir el requisito estatuido en la Ley (el 70%) es realizando al menos 300 aportes mensuales o, dicho de otro modo, después de 25 años de trabajo. Algo muy difícil de conseguir en Bolivia, en primer lugar, la inestabilidad laboral existente hace difícil, sino imposible, que la mayoría de los bolivianos gocen de una continuidad laboral de 25 años; en segundo lugar, porque la baja productividad del país no garantiza una elevada tasa de retorno a las inversiones realizadas con los aportes de los trabajadores, incluso después de la autorización para que inviertan en el exterior es muy difícil lograr una tasa de retorno por encima del 8%.

Aunque la Ley 1732 y los propugnadores de la privatización de las pensiones gritaran a los cuatro vientos que se puede obtener una jubilación “independientemente de la edad”, nuestros ejercicios demuestran que el 70% exigido, en el mejor de los casos, sólo es posible rebasando los 60 años de edad. Al parecer, los reformadores, ya previendo esta situación, estipulan que “A partir de los sesenta y cinco (65) años de edad, el Afiliado, independientemente del monto acumulado en su Cuenta Individual, tendrá derecho a solicitar voluntariamente la prestación de jubilación en su favor y de sus Derechohabientes. La pensión de jubilación se pagará como resultado del monto de la Cuenta Individual del Afiliado”.  Es decir, se jubilará a las personas con lo que pudieron ahorrar una vez que cumplan 65 años, claramente puede verse que el sistema no pierde financieramente, sólo da lo que cada trabajador pudo ahorrar y ni un centavo más, no importa si esta suma está por debajo del mínimo nacional o muy por debajo del promedio de manutención de una familia. Por otra parte, si tomamos en cuenta que la esperanza de vida en el país, de acuerdo con las más optimistas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), oscila los 63,91 años para los varones y los 67,49 años para las mujeres, no será exagerado sostener que con el actual sistema de pensiones los trabajadores bolivianos están condenados a trabajar y aportar hasta morir.

Así, en Bolivia se pasó de un sistema de reparto, que aunque defectuoso y en quiebra, se basaba en la solidaridad intergeneracional, a uno donde importa sólo el individuo y lo que pueda acumular a lo largo de su vida laboral. De hecho a lo único que se prestó atención fue al diseño de un mecanismo que haga sostenible financieramente al sistema de pensiones,  prescindiendo, por ejemplo, de la aportación del Estado y de los sectores más pudientes de la sociedad.

Intentando Remozar la Privatización del Sistema de Pensiones

Lamentablemente, el gobierno de Evo Morales no está dispuesto a eliminar la privatización del sistema de pensiones aplicado en Bolivia a partir de abril de 1997. Su propuesta no apunta a restituir las bases políticas, técnicas, económicas y financieras para un sistema de Seguridad Social integrado y universal, sino tan sólo a remozar y alisar las aristas más funestas de la capitalización individual. Veamos, el Artículo 12 del anteproyecto presentado señala:

“La Pensión de Vejez en el Régimen Contributivo se pagará al Asegurado, independientemente de la edad, cuando financie con el Saldo Acumulado en su Cuenta Personal Previsional más su Compensación de Cotizaciones cuando corresponda, una Pensión igual o superior al sesenta por ciento (60%) de su Referente Salarial y la Prestación por Muerte para sus derechohabientes.

A partir de los sesenta (60) años, aún sin cumplir el requisito señalado precedentemente, el Asegurado podrá acceder a una Pensión de Vejez con el Saldo Acumulado en su cuenta Personal Provisional más su compensación de cotizaciones Mensual cuando corresponda”   

Puede apreciarse que la pretensión del gobierno es “suavizar” los requisitos para alcanzar la jubilación, en primer lugar lograr el 60% y de no conseguirlo, poderse jubilar a los 60 años. Por lo demás, la lógica de acumulación privada e individual, así como de supeditar la renta al grado de “capitalización” alcanzado por  la ahora Cuenta Personal Previsional, no cambian. Por el contrario, esa forma privatizada de las pensiones es férreamente defendida por los personeros del gobierno que en sus palabras “están protegiendo los ahorros de los trabajadores”.

Que los “ahorros” no garantizan una pensión suficiente y acorde a las necesidades de quienes los realizan o, que lo hacen únicamente cuando el trabajador ha aportado por más de 25 años, parece no interesarles. A lo mucho el gobierno pretende crear una Pensión Solidaria, consistente en “compensar” un monto a todas aquellas personas que no hayan logrado “ahorrar” una cantidad suficiente como para acceder a una renta equivalente al 70% de un Salario Mínimo Nacional. En concreto, el fondo solidario beneficiará sólo a aquellos que hayan aportado por lo menos 10 años y no logren una jubilación de al menos Bs. 402, en cuyo caso el Fondo Solidario aportaría para que dichas personas alcancen ese monto.

Estos cambios sumados a la propuesta de eliminar las AFP y crear una Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo (GSSLP), son presentados por el gobierno como la restitución de la Seguridad Social y nada esta más alejado de la verdad. De mantenerse la lógica de obtención y asignación de las pensiones, la capitalización individual, reemplazar a las AFP es simplemente formal. De hecho, en nada afectaría que estas se quedaran a cumplir un servicio de administración de aportes, sí cambiáramos lo central, es decir, asignar una pensión independientemente de lo que un afiliado haya podido acumular en su cuenta individual.

A estas contradicciones del gobierno debe sumarse la ironía de que muchos afiliados a las AFP, han salido a la palestra a defender sus “ahorros” sin percatarse que esos “ahorros” no garantizan una pensión digna y suficiente. Los medios de comunicación y, por supuesto la oposición, han contribuido a esa confusión y no han cejado en su intención de mantener privatizado el sistema de pensiones, y para el colmo, en manos de las actuales AFP.

Restitución de la Seguridad Social

No, no es nuestra intención aquí defender la propuesta de Ley de Pensiones de la COB, que como bien dijeron los personeros del Ministerio de Hacienda es financieramente insostenible. En efecto, la COB está proponiendo volver al sistema donde la generación activa aporta para pagar las rentas de la generación pasiva, modalidad conocida como sistema de reparto, que financieramente se basa en la transferencia intergeneracional de recursos. Sin embargo, habrá que reconocerles a los técnicos de la COB su intención de no casar la asignación de la jubilación a los rendimientos financieros de la capitalización individual, sino reconocerla como un derecho, que hace que todo trabajador que haya llegado a una determinada edad (en su propuesta 55 años) pueda acceder a una renta que le garantice su subsistencia y el mantenimiento del nivel de vida alcanzado por el mismo en toda su vida laboral. Aparte de este acierto muchos otros aspectos, que no viene al caso enumerar aquí, son muy discutibles en la propuesta de la COB.

Evidentemente, en la mentalidad neoliberal, asignar una pensión y establecer el monto de la misma al margen de los rendimientos financieros que los aportes de los afiliados permiten, es prácticamente una aberración, cuando desde nuestro punto de vista la aberración está en fijar el monto de una pensión sólo con lo que una persona haya podido “ahorrar”. La propuesta de la COB escapa de esta lógica neoliberal, sin embargo, no resuelve adecuadamente la modalidad y los mecanismos de financiación de su propuesta, pues, restituir el sistema de reparto sólo con los aportes de los activos no es financieramente sostenible. Lo cierto es que un verdadero sistema de Seguridad Social no puede basarse solamente en el aporte de sus afiliados, por lo que debe buscarse una serie de fuentes alternativas de financiación, tristemente, la propuesta de la COB no aborda estas cuestiones.