Así como hace un tiempo el almirante en retiro Luis Gianpietri, hoy primer  vicepresidente de la República, consiguió que se debatieran las actividades  del Instituto de Defensa Legal en la Comisión de Inteligencia del Congreso,  hace dos días logró que el IDL fuera nada menos que parte de la agenda de  la Comisión de Defensa y Orden Interno.

¿Tan amenazados se sienten por el IDL los sectores ligados al almirante  Gianpietri (apristas, fujimoristas y demás aliados), que se dedican a  hablar sobre nosotros en dos comisiones que deberían dedicarse a otro tipo  de asuntos? Sólo la prepotencia y el desprecio por la ley que prima muchas  veces en el Congreso, puede explicar que ocurran este tipo de situaciones,  tan absurdas como arbitrarias. Es un caso más de utilización de una  institución del Estado, el Congreso, para amedrentar a instituciones a las  que temen por sus posiciones independientes y capacidad de incidencia.

A la reunión fue convocado el director ejecutivo de la Agencia Peruana de  Cooperación internacional (APCI), Carlos Pando, militante aprista,  recientemente nombrado en el cargo por el Poder Ejecutivo en reemplazo de  otro militante aprista. Por algo será que los apristas no quieren dejar de  controlar la APCI, el órgano encargado de registrar y fiscalizar a las  ONGs.

A pedido de los congresistas presentes, Pando informó sobre los recursos  que recibe el IDL de la cooperación internacional. Una información que no  solo está disponible en los registros donde estamos inscritos, sino que  hasta ha sido publicada en varias oportunidades como parte de la campaña de  difamación que contra el IDL vienen realizando tres conocidos diarios que  generalmente juegan en pared, ya que comparten la defensa de los mismos  intereses y el estilo, más conocidos como la prensa-bamba. Una campaña que,  por cierto, viniendo de quien viene, nos hace sentirnos muy seguros de que  estamos en el lado correcto.

Sobre el hecho de contar con recursos, teniendo más de 25 años de vida  institucional, reiteramos lo que siempre decimos: lejos de ser malo atraer  apoyo de la cooperación internacional, es muy positivo porque es como  atraer inversión extranjera. Y es además lo que nos permite trabajar por el  país de acuerdo a nuestras convicciones sin que le costemos un solo sol al  Estado Peruano o a los contribuyentes; muy distinto de lo que sucede, por  ejemplo, con los congresistas u otras autoridades, que le cuestan al país  un ojo de la cara, sin que muchas veces se justifique para nada.

Tener la capacidad de conseguir este tipo de recursos durante tanto tiempo  habla por el contrario bien del IDL. Quiere decir que hay diversas y  prestigiosas instituciones internacionales que confían en nosotros y se  sienten satisfechas con el uso que le damos a sus recursos. Parte de estos  fondos provienen además de concursos públicos, en los que participan  cientos y hasta miles de instituciones nacionales y extranjeras, y que  nosotros ganamos.

No hay razón pues para cuestionar la capacidad de una institución para  conseguir legalmente y en buena lid cooperación internacional. Y quienes  así lo hacen -en este caso Gianpietri y sus amigos- es en verdad por  intolerancia, por  desear que no exista quien pueda expresar posiciones  como las nuestras, y que solo ellos tengan la posibilidad de manifestarse  en sentido contrario. Y como están desesperados por lograrlo, recurren a  cualquier método, por más ilegal que sea, para evitar que accedamos a los  recursos de la cooperación internacional. Sabemos de varias gestiones que  el almirante Gianpietri y otros que comparten su obsesión contra los  derechos humanos han hecho por lo bajo para privarnos de recursos. ¿Todo un  almirante sería  capaz de negar algo que es absolutamente verdad?

Pero nuestro vicepresidente desconfió hasta de la información proporcionada   por el incondicional Pando, y dijo que él creía que el IDL tenía más plata  de la que informaba. ¿En base a qué pruebas hizo una afirmación tan  temeraria? No presentó prueba alguna. Como es su costumbre, él ataca y  ataca, diciendo todo lo que se le cruza por la mente, pero por alguna razón  cree que está exonerado de presentar pruebas. Hizo tan solo una especie de  cálculo al ojo de los recursos que él cree tendría el IDL, con un tipo de  lógica que, finalmente, hasta podríamos interpretar como un elogio de  nuestro trabajo.

Efectivamente, el almirante (r) dijo que él revisa constantemente la página  web del IDL (qué honor para nosotros, tratándose del primer vicepresidente  de la República) y que por toda la información que aparece allí, sobre todo  en relación a nuestros medios de comunicación, él infiere que el  financiamiento del IDL debe ser mucho mayor del que se cree. No, almirante,  es cierto que hacemos muchísimas cosas, y que, en contra sus deseos, hemos  logrado tener prensa escrita, radio, televisión y diversos productos  Internet, pero los recursos que tenemos son sólo -lamentablemente- los que  declaramos.

Pero, tal  vez ahora,  gracias a usted, podamos conseguir más recursos, ya  que estamos presentando a la cooperación internacional sus ataques y los  que promueves a través de personas y diarios cercanos, como indicadores  que,  de manera irrefutable, demuestran nuestra capacidad de impacto y el  cumplimiento de nuestros objetivos. Se agradece.

Este tipo de declaraciones durante la sesión del Congreso, fue creando un  clima tan contrario al IDL, que a Pando sólo le quedó salvar la situación  haciendo la siguiente promesa en tono de amenaza contra nosotros: el IDL  será sometido a toda una investigación de carácter in-te-gral antes de que  concluya el año. Es decir, de una sesión en la Comisión de Defensa y Orden  Interno salió la promesa de APCI para investigar a una institución privada,  el IDL; investigación que deberá ser hecha por un funcionario aprista,  nombrado en el cargo por el gobierno del que el almirante que propició la  medida es vicepresidente. Así se fiscaliza ahora a las ONGs: una  orden  casi militar del todo poderoso Gianpietri, que un sumiso jefe de la APCI  debe de acatar sin dudas ni murmuraciones.

¡Nos ganamos la lotería tres veces seguidas!

Reiteramos que no le tememos a ninguna investigación, porque no hay nada  que esconder, pero tal vez el nuevo jefe de APCI no ha tenido tiempo de  informarse que el año pasado ya hemos sido investigados por la misma APCI,  y no una sino dos veces. Y fueron dos veces en un año, porque supuestamente  salimos sorteados dos veces seguidas. ¿Habremos salido sorteados una  tercera vez? Existiendo cerca de 2,000 ONGs registradas ante APCI, salir  sorteados una vez es casi como sacarse la lotería, y, siguiendo la misma  lógica  salir tres veces seguidas, sería como que una misma persona se  sacara la lotería tres veces consecutivas. Ya, pues, quién podría creer que  todo responde al azar.

Y si no es por sorteo, APCI tiene la obligación de justificar el criterio  para escoger por tercera vez al IDL, tomando en cuenta que el mismo Pando  informó que de las cerca de 2000 instituciones que hay, sólo 345 han sido  investigadas. De hecho esta predilección por nosotros, es una prueba de que  era verdad cuando decíamos que todo esto de la ley contra las ONGs no era,  como sus mentores aprofujimoristas decían, para descubrir a ONGs que  estaban a favor de Bin Laden, sino para hostilizar a las que les resultan  incómodas al oficialismo por su independencia y capacidad de impacto.

Se trata obviamente de otra arbitrariedad, y, por lo mismo de una decisión  absolutamente reñida con la ley. APCI no tiene ningún derecho a  investigarnos una y otra vez, cuando le da la gana, sin tener ningún  criterio racional que lo justifique. Exigimos que Pando haga una  explicación de la decisión tomada en el Congreso.

APCI tendría el derecho de investigarnos una vez más si, por ejemplo,  hubiese algún indicio de que el IDL estaría haciendo actividades ilícitas.  Desafiamos a Gianpietri o a cualquiera de quienes nos tacan a que  demuestren una sola actividad o posición del IDL que pueda ser considerada  mínimamente en contra de la ley. Y el ejercicio es fácil porque todo lo que  hacemos es totalmente público, ya que en nuestro caso el máximo de  visibilidad es un fin en sí mismo.

Somos nosotros los que estamos claramente del lado de la ley. Y son más  bien quienes nos atacan los que se oponen a que la ley se cumpla, como  ocurre, cuando defienden la impunidad, obstaculizan la lucha  anticorrupción, defienden y admiran a las autoridades que han delinquido o  propician el mal uso de las instituciones del Estado o de la libertad de  prensa. El mundo al revés. Quienes no creen que es obligatorio cumplir con  lo que manda la ley nacional e internacional, por encima de cualquier otra  consideración, persiguen a quienes tienen como misión fundamental la  defensa de los derechos, libertades y deberes contemplados legalmente.

Y prueba de que no hay ninguna actividad ilegal que pueda imputársele al  IDL es que por más esfuerzo mental que hicieron los congresistas presentes  en la reunión para acusar de algo concreto al IDL, no lo lograron, y más  bien tuvieron que recurrir a afirmaciones francamente ridículas y que sólo  revelan ignorancia y mala fe.

Reiteramos también que estamos sujetos a una serie de mecanismos de  fiscalización permanente ya que no sólo estamos inscritos en ACPCI sino  también en Registros Públicos, Ministerios, Sunat, Essalud y Ministerio de  Trabajo. Y que las instituciones que nos apoyan, nos exigen informes,  inspecciones y auditorias externas. Por lo demás, a todos los integrantes  de una ONG se les pueden aplicar las mismas normas penales, civiles,  administrativas y de cualquier índole en caso que incurra en una ilegalidad  o ilícito, como a cualquier ciudadano.

¿El Almirante no tiene quien lo asesore?

El vicepresidente Gianpietri dijo así que le parecía que los objetivos  declarados por el IDL eran demasiado vagos y generales, y que por eso nos  creíamos con derecho a meternos en todo. ¿Y en qué cree el almirante que el  IIDL no tendría por qué meterse? No hay duda de que "por la boca muere el  pez": el juicio de Fujimori y el tema de la justicia militar, según el  mismo Gianpietri son dos asuntos con lo que no tenemos por qué meternos,  tal como efectivamente lo venimos haciendo.

Cuando el almirante en retiro era sólo un columnista más de Expreso  dedicado a atacar a todo lo que tuviera que ver con derechos humanos, no  era tan grave que se atreviera a decir cualquier cosa. Pero ahora que es  primer vicepresidente de la República y congresista, es imperdonable que no

procese mejor lo que dice en una instancia oficial, como autoridad, y  debería informarse y asesorarse mínimamente. Para comenzar, en el juicio de  Fujimori, hay tres abogados del IDL, representando a las víctimas como  parte civil, por lo que es imposible no tener nada que ver con dicho  juicio. Pero aún si no tuviéramos esa calidad de abogados, es deber y  obligación de todas las instituciones y personas a favor de la democracia,  los derechos humanos y el Estado de derecho vigilar y promover que no quede  impune los hechos por los cuales el Congreso de la República declaró la  vacancia presidencial e inhabilitó a Fujimori, y luego el Poder Judicial  del país solicitó su extradición y Chile la concedió.

Esto es lo que corresponde de acuerdo a la ley nacional e internacional,  más allá de las simpatías que el almirante Gianpietri mantiene por  Fujimori.

Y respecto a la justicia militar, como institución que, con todo derecho,  nos dedicamos a promover la existencia de un sistema de justicia  independiente y justo, tenemos todo el derecho a oponernos a que -como  quiere Gianpietri y sus aliados, en contra de la ley- dicho fuero militar  tenga competencias que en una sociedad democrática sólo pueden ser de la  justicia ordinaria y se mantenga como medio de impunidad. Más si nuestras  posiciones están amparadas por varios informes de la Defensoría del Pueblo  y diversas sentencias del TC, que gente como el almirante simplemente  desconoce.

Pero ya fue el colmo cuando el almirante dio a entender que APCI no sólo  debía investigar al IDL sino que tenía que intervenir para redefinir sus  objetivos, punto que demostró que nuestro vicepresidente no tiene ni la  menor idea sobre qué puede y qué no puede hacer un órgano administrativo  como APCI, pues es evidente que legalmente no tienen ninguna facultad para  decidir cuáles deben ser los objetivos de una institución privada.

Gianpietri parece haberse olvidado que el Tribunal Constitucional del país  declaró inconstitucional los aspectos centrales de la ley contra las ONGs  que apristas y fujimoristas lograron hacer aprobar en el Congreso; y que  una de las razones para ello fue que la ley pretendía que APCI tuviera un  nivel discrecionalidad en cuanto a los fines de las ONGs en base a lo que  se podría considerar intereses nacionales. Sin embargo, ahora Gianpietri,  desconociendo por completo lo resuelto por el TC, quiere que sea APCI la  que redacte los objetivos del IDL y de las ONGs en general.

La congresista Alcorta, también hizo su aporte, con la lucidez y  sensibilidad democrática que la caracterizan. Sentenció así que, con la  misma transparencia que exigen las ONGs al Estado, ellas también deben  informar, porque no se puede permitir -añadió- que instituciones privadas  que se benefician con recursos del exterior estén provocando actos de  violencia en el país. Ni más ni menos. Pero no se tomó la molestia de decir  a quienes se refería y en base a qué pruebas.

La congresista igualmente olvidó que si algo no tiene nada de transparente  ni de ejemplar son muchas de las actuaciones de este Congreso, al que ella  pertenece. ¿O le parecerá transparente y ejemplar la manera en que se ha  elegido la última junta directiva, o la forma que se está procediendo  frente a los actos de corrupción que todos los días incurren los  congresistas? Sería mejor que los congresistas -salvo obviamente la  excepciones del caso- se abstuvieran de hablar de transparencia,  fiscalización, buen uso de recursos, rendición de cuentas.

Gianpietri y Correo: unidos frente al crimen

Pese a que la Comisión de Defensa y Orden Interno nada tiene que ver con el  tema, a Pando se le preguntó también por -como no- la denuncia de Correo  sobre un posible conflicto de intereses debido a que Sofía Macher trabajaba  en el IDL y a la vez presidía el Consejo de Reparaciones.

Como ya hemos dicho una y otra vez, lo que pasa es que a Correo -al igual  que a Expreso y La Razón- nadie le cree las acusaciones que hace contra las  miles de personas e instituciones que considera caviar, y, por eso, cada  cierto tiempo tiene que inventar alguna nueva treta para seguir con sus  campañas de difamación.

Y hace ya un tiempo ha sacado de la manga la figura del conflicto de  intereses, y lo ve por todas partes. Primero lo usó para cuestionar la  participación de profesionales del IDL en la Comisión de Indulto de  Paniagua, y ahora lo usa en relación a la participación de Sofía Macher en  el referido Consejo.

Ambas acusaciones son absolutamente absurdas y no tienen ningún fundamento.  En primer lugar, porque no se puede usar la aplicación de este tipo de  delitos, inventados por el derecho para sancionar situaciones totalmente  distintas, para perseguir a instituciones y defensores de derechos humanos,  la verdadera finalidad de estas acusaciones como es obvio. Justamente  existen una serie de mecanismos especiales de protección de los defensores  de derechos humanos, contenidos en tratados, declaraciones y jurisprudencia  internacionales para evitar que, a través de maniobras como las de Correo,  se obstaculice la defensa de los derechos humanos.

Y es por eso que ya en el caso de los indultos, la Comisión Interamericana  hizo declaraciones públicas y escribió cartas a una serie de autoridades  pidiendo información y expresando preocupación por el uso de una figura que  no corresponde.

Cuando se trata de derechos humanos, no puede haber un conflicto de  intereses entre lo que la sociedad civil pretenda que haga el Estado, y lo  que puede terminar haciendo el Estado. Por una razón muy simple: el  cumplimiento de los derechos humanos, no es -como en otras materias que no  se refieren a estándares universales de carácter vinculante- una opción  entre varias, debiendo escoger el Estado entre ellas. No, el cumplimiento  de derechos humanos es la única opción que tiene el Estado desde el punto  de vista legal. El Estado, de acuerdo a la ley nacional e internacional,  tiene la obligación de respetar, cumplir y proteger los derechos humanos  frente a todos.

Por tanto, cuando se promueve desde la sociedad civil, o participando al  mismo tiempo en alguna comisión creada por el Estado sobre derechos humanos  -tal como ocurrió cuando se creó la Comisión de Indultos de Paniagua, o  ahora con la creación del Consejo- no puede haber un conflicto de  intereses, ya que todos están actuando en el único sentido que permite la  ley: proteger los derechos humanos. Lo que hay es un trabajo conjunto y  complementario en la única dirección que permite la ley.

Es por eso que los nombramientos que se hicieron de profesionales del IDL  en ambas situaciones, fueron hechos de manera pública, y sin ponerse como  condición que debían apartarse del IDL. Y ambas decisiones fueron  respaldadas por todos los sectores democráticos del país.

Sólo quienes creen y defienden que los Estados no tienen por qué respetar  necesariamente los derechos humanos, y quienes están dedicados a la  persecución de los organismos de derechos humanos, debido a las cuentas  pendientes que tienen en la materia o como voceros de estos últimos, pueden  forzar y distorsionar conceptos jurídicos, viendo conflicto de intereses  donde está claro que no los hay.

Otra vez: democracia versus autoritarismo

Para nosotros la hostilización y persecución del IDL, así como de otras  instituciones de la sociedad civil, de la Comisión de la Verdad y de  determinados sectores sociales expresan que se está gestando en el país un  autoritarismo parecido al de Fujimori y Montesinos. Y está claro ya el tipo  de alianza que impulsa la vuelta a los 90: apristas; fujimoristas; el  sector del poder económico más alto, conservador y excluyente; miembros de  las Fuerzas Armadas vinculados a actos de corrupción y violaciones de  derechos humanos, sin ningún espíritu de autocrítica; el sector más  conservador de la Iglesia Católica; y, por último, los medios de  comunicación y periodistas que -como en el pasado- defienden lo  indefendible a cambio de prebendas y negocios con el actual régimen.

Y nos atacan y nos persiguen porque defendemos y promovemos, al parecer un  buen nivel de impacto y de éxito, lo que choca con los intereses de esa  alianza (inclusión social, reformas institucionales, lucha contra la  impunidad, etc.), la que quiere el campo absolutamente libre para poder  beneficiarse sin problemas ni tensiones del crecimiento económico que vive  el país.

Algunos ejemplos muy concretos de actividades del IDL por las que en  realidad se nos ha puesto en la mira: defendemos a una de las víctimas de  El Frontón y hemos logrado en este caso una sentencia de la Corte  Interamericana que ordena una investigación judicial que hasta ahora no se  cumple; y acabamos de informar ante el Tribunal Constitucional para que no  se cometa la aberración de declarar la prescriptibilidad de un delito de  lesa humanidad. Somos -como ya hemos dicho- abogados de las víctimas en el  caso de Fujimori. Hemos hecho una serie de investigaciones en el ámbito de  las políticas de seguridad que comprometen la responsabilidad de altas  autoridades, y demuestran la total ineficacia del sector.

Hemos realizado una serie de acciones, que han tenido efectos muy  concretos, contra las leyes que pretende que la justicia militar continúe  siendo inconstitucional y un mecanismo de impunidad. Hemos denunciado y  fundamentado la gran cantidad de irregularidades que se han cometido en la  reincorporación del actual presidente de la Corte Superior de Lima, con la  complicidad de algunos os miembros del CNM.

También nos oponemos -contra la opinión de muchas autoridades y medios- a  que Villa Stein se convierta en diciembre en el nuevo presidente de la  Suprema, dado que sería el colmo que alguien que ha tenido nexos innegables  con el fujimorismo sea el que tome las decisiones respecto al juicio que en  segunda instancia deberá enfrentar dentro de poco el ex presidente a nivel  de la Suprema. Apoyamos la labor de la sala A del sistema anticorrupción, a  la que se la han intentando tumbar por todos los medios. Descubrimos el  intento -y nos opusimos- al copamiento del Tribunal Constitucional.

Creemos -y así lo expresamos permanentemente- que el crecimiento económico  debe de ser utilizado para resolver los problemas de fondo del país y no  para beneficiar sólo al sector más alto de empresarios, como viene  ocurriendo, y que hay un pésimo diagnóstico y manejo del conflicto social.  Criticamos y sospechamos de la falta de preocupación y de políticas  públicas para prever y sancionar la corrupción que se puede estar  produciendo en estos tiempos de bonanza, o la falta de política frente al  crimen organizado.

Es por el papel que estamos cumpliendo en este tipo de situaciones que nos  ataca y persigue el oficialismo (incluido los fujimoristas, quienes ya  están co-gobernando el país) así como determinado tipo de los medios de  comunicación dedicados a hacer el típico acompañamiento que suele haber en  este tipo de régimen. Y lejos de atemorizarnos haremos nuestro mayor  esfuerzo por seguir cumpliendo con nuestra razón de ser y no dudaremos en  utilizar todos los mecanismos, medidas y acciones amparadas por el  ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Invocamos también la solidaridad y la reacción a tiempo de todos los  sectores democráticos, poniendo a nuestro favor una trayectoria de más de  25 años, durante la que hemos demostrado nuestro compromiso inequívoco con  el país, el respeto del Estado de derecho y la defensa de las mejores  causas.

Boletín electrónico Ideelemail Nº 584, 05 de septiembre del 2008