El joven periodista y documentalista Allan Antonio Martell Pereira y su equipo de producción fueron agredidos por autoridades políticas locales mientras se encontraban filmando de noche un documental sobre el problema del agua que afecta a los habitantes del pueblo de Huizucar, un municipio rural aledaño a la capital de El Salvador. Los funcionarios del gobierno municipal les destruyeron las cámaras, según la denuncia de Martell ante la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la FELAP (Federación Latinoamericana de Periodistas).

 “Las tomas de ayer por la noche (jueves 18) pretendían ilustrar cómo la gente espera durante la noche hasta muy tarde para conseguir agua en cántaros –recipientes de 30 litros–”, explicó Martell. “El servicio les llega a un sistema de chorros públicos –hay seis en el casco urbano y solo sirven cuatro–, y el agua llega cada cuatro días, siempre por la noche”, añadió.

 El periodista Martell, de 23 años, corresponsal de Radio Bálsamo, y Roberto Guzmán, de 30 años, tesorero de la Asociación de Desarrollo Comunal Visión (ADESCOVI), fueron agredidos por José Arias, síndico municipal de la alcaldía de Huizucar, según una denuncia recibida hoy en la CIAP-FELAP. El documental fue encargado por la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA), organización que administra Radio Bálsamo.

Según la denuncia, quince minutos después de haber iniciado las primeras tomas, apareció un sujeto vestido con los colores de ARENA, el partido de gobierno de El Salvador, a quien Guzmán y otros vecinos identificaron como al vigilante de la Alcaldía, quien acusó a los presentes de simpatizar con el partido izquierda FMLN, que según todas las encuestas ganará las próximas elecciones legislativas y municipales de enero 2009 y las presidenciales de marzo, también el próximo año. Posteriormente, apareció Arias acompañado del concejal Julio Hernández.

"Empezaron a insultar a la gente. Yo estaba tomando fotos y vino el concejal Julio Hernández y me quitó la cámara. De repente vino el síndico de la alcaldía y él ya vino con la intención de agredirme", relató el representante de ADESCOVI. Según las víctimas de la agresión, Arias se plantó delante de Guzmán, alzó el machete desenvainado que llevaba consigo y le amenazó con agredirlo si persistía en tomar fotos. Posteriormente le quitó la cámara por la fuerza y la dañó. Inmediatamente después se acercó a Martell, bajó el machete y con la mano libre lo forzó a que bajara de sus hombros la cámara al tiempo que le decía "cálmate bicho, cálmate".

Los denunciantes explicaron que ésta es la segunda vez que un miembro del concejo municipal agrede a Guzmán La primera ocurrió el 29 de marzo 2008 durante un "cabildo informativo" organizado por la alcaldía. En esta oportunidad, un concejal intentó arrebatarle la cámara por la fuerza. César Erazo, gerente de operaciones de ACUA, ignora los motivos de los miembros del concejo para haber interrumpido una actividad pacífica.

"Lamentablemente en nuestro país hay personas que con prepotencia quieren resolver las cosas. No se puede anteponer la fuerza a la razón y a la necesidad humana de tener agua".

La agresión quedó parcialmente registrada en la cinta de video, pero aún no la hemos digitalizado”, explicó Martell. En esa localidad abunda el agua como recurso natural. “Sin embargo, los habitantes de la zona llevan luchando por ese recurso desde hace al menos diez años”, dijo Martell. “El gobierno municipal ha firmado varios acuerdos para distribuir el agua a localidades vecinas y a residenciales lujosas, pero no ha asegurado el suministro de la comunidad. Además, este gobierno local también impidió que la organización comunal del casco urbano en el centro del pueblo llevara adelante un proyecto propio para abastecerse a expensas del trabajo municipal”.

 El documental que desarrollaban las víctimas de la agresión del síndico municipal aspiraba a darle visibilidad a la situación del agua en ese municipio. Dijo Martell que en la alcaldía “nos tienen por fachada del partido de izquierda y han acusado a uno de nuestros compañeros, de origen vasco, de ser miembro de la ETA (pura verborrea)”.

En El Salvador existe una legislación copiada del “Patriot Act” de EEUU que penaliza hasta con 60 años las protestas sociales convirtiendo la figura de “desórdenes públicos” en un crimen en vez de una falta menor. En julio de 2007, la policía salvadoreña arrestó con violencia a los líderes y residentes de una comunidad que reclamó contra la privatización de los sistemas de abastecimiento y distribución de agua de El Salvador, el aumento del precio y la disminución del acceso y la calidad del agua local privatizada. Después de recibir balas de goma y gas lacrimógeno desde corta distancia, los manifestantes enfrentaron cargos que los amenazaron hasta con 60 años de presidio.

Martell y sus compañeros proyectan recurrir a la Relatoría de Defensa de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Entre los diez principios que deben cumplirse para que exista libertad de expresión en cualquier país, según la definición de la Relatoría, el quinto precepto es la libertad para difundir cualquier información, por cualquier medio, sin recibir ningún tipo de coacción o intimidación. “Nosotros trabajábamos como documentalistas en ese momento y fuimos coaccionados; considero que éste ha sido un atentado contra la libertad de expresión”, dijo Martell.

 Ernesto Carmona

Secretario ejecutivo de la CIAP-FELAP

Santiago – Chile

http://www.argenpress.info/2008/09/agresin-periodista-documentalista-en-el.html