Está en curso una operación integral de ocupación del territorio y desmantelamiento del proceso indígena del Norte del Cauca. Las acciones de guerra y terror se combinan con propaganda, acciones cívico-militares, falsos positivos, imposiciones legales, proyectos económicos y megaproyectos de transnacionales. El proceso indígena representado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN, se encuentra en riesgo inminente de ser destruido. La evidencia apunta a que toda la capacidad destructiva del poder transnacional y del régimen colombiano se ha puesto en marcha en contra de la autonomía y la vida de nuestros pueblos. Corresponde a esta agresión una respuesta que sume todas nuestras capacidades y conciencias, a la vez que requiere de respaldo solidario externo dada la magnitud y capacidad de los agresores.

No es fortuito que en el Norte del Cauca se presenten constantes violaciones de derechos humanos y actos de violencia protagonizados por todos los actores armados contra la población civil, ya que existe un proceso indígena en resistencia que representa una alternativa de vida para los pueblos que se oponen al despojo y a la explotación, como principios para acumular riqueza. Es decir que hay un choque de dos lógicas de pensar: la tierra convertida en el negocio como privilegio de unos pocos y la Libertad de la Madre Tierra como principio para defender la vida y el territorio. Por lo tanto, el proceso político organizativo del norte del Cauca, es un estorbo para el poder económico transnacional y por eso nos reprimen.

Represión que se hace cada vez más fuerte con el ataque y el señalamiento a nuestros líderes, y a nuestra comunidad por parte de los grupos armados legales e ilegales que no respetan nuestro proceso y con sus acciones pretenden hacernos parte del conflicto, desconociendo nuestra posición de autonomía y nuestra lucha por la defensa de la vida y el territorio, como principio fundamental de la comunidad Nasa; por defender nuestro pueblo y negarnos a ser parte de la guerra seguimos pagando un alto precio que es cobrado tanto por los paramilitares, como por las FARC y la Fuerza Pública. No bastaría con recordar algunas masacres perpetradas en nuestro territorio para dimensionar la magnitud de la agresión, como: la Masacre del Nilo que dejó 20 víctimas en el 91 y todas las del 2001 como la Masacre del Naya con 100 víctimas, la Masacre de Gualanday con 13 víctimas y la de San Pedro con 8 víctimas.
También, la Fuerza Pública ha cometido múltiples asesinatos contra los Nasa, recordemos algunos de éstos: niño Wilder Fabián Hurtado, asesinado en Jambaló en el 2006; Silvio y Amparo Chaguendo, asesinados en Corinto en el 2008 por el Ejército Nacional, Belisario Camayo en el 2005, Pedro Poscué en el 2006 y Lorenzo Largo en el 2007, fueron asesinados por el ESMAD en la Liberación de la Madre Tierra que se adelanta en el Resguardo de Huellas Caloto, específicamente en la finca “La Emperatriz” y “El Japio”. Cabe mencionar que estas propiedades están sembradas de caña de azúcar de Ardila Lulle y pino de la multinacional, Smurfit Cartón Colombia.

Toda esta agresión que viene de distintos bandos, mayoritariamente desde el Gobierno y los paras, terminan favoreciendo el proyecto de derecha. De igual forma, las FARC a pesar de luchar expresamente contra el mismo régimen le hacen daño al proceso de resistencia.

Esto también, sucede y contribuye a la agresión. Por ejemplo, en el 2001 Cristóbal Secue de Corinto, en el 2003 José Diego Vitonás y en el 2006 Paola Andrea Yule Vitonás de Toribío, entre otros, han sido ajusticiados por las FARC.

Los anteriores son hechos que hacen parte de una misma estrategia de terror y guerra, sin importar de donde venga, en la práctica, el terror y la ofensiva terminan por fomentar que nos desplacemos de nuestro territorio para facilitar la entrada a las transnacionales. Por esto, en la actualidad el conflicto se ha intensificado en localidades como: Corinto, Toribío, Jambaló y Caloto, donde hay fuerte presencia militar y todas las acciones van en contra de la población civil, utilizando sicarios de la policía para aterrorizar a comuneros, tal como sucedió el pasado 18 de septiembre, cuando dos hombres con uniforme del Estado, le dispararon desde una moto sin placas a un joven del resguardo de Huellas Caloto. Lo sorprendente es que después de los hechos, cuando miembros de la ACIN, fueron hasta el Comando de la Policía, encontraron la misma moto con las placas puestas. Ese mismo día, se presentan combates en Jambaló y es asesinado un comunero, mientras se desplazaba en una motocicleta hacia una vereda. Al día siguiente, en horas de la madrugada se presentó un enfrentamiento entre las FARC y el Ejército en la finca “La Emperatriz”, colocando en alto riesgo a la comunidad que vive cerca de ese predio.

En Corinto y Toribío, los hostigamientos son permanentes, el ejército y las FARC intimidan y señalan a la comunidad. Hace 3 semanas en López Adentro Corinto, llegó el ejército en la madrugada allanar las viviendas sin ninguna orden, insultaron a la gente y violaron los derechos de esta comunidad. Al no encontrar armas, salieron hacia una vereda cercana, bloquearon las entradas y empezaron a disparar cerca de un Colegio donde se encontraban en clases. Este lunes 22 de septiembre, se volvieron a presentar hostigamientos en Toribío y las violaciones de derechos humanos en todo el territorio son constantes. Entonces, toda esta agresión hace parte de un plan integral de ocupación que se desarrolla en el Norte del Cauca, como una de las zonas escogidas para implementar el Plan Colombia II. Por esto es necesario ahondar en el plan de agresión integral que tiene como eje principal el Plan Colombia II y que son el marco general de todos los hechos que se presentan en el territorio del Gran Pueblo (Cxab Wala Kiwe)

Plan Colombia Fase II

El Norte del Cauca, ha sido definido como una de las zonas para la implementación del Plan Colombia II o Estrategia de “Recuperación Social del Territorio”, nombre oficial con el que lo presenta el Gobierno colombiano. La evidencia demuestra que las intenciones y consecuencias de este plan, consisten en la ocupación de nuestro territorio ancestral y el sometimiento de nuestro pueblo, con el fin de integrarlo a los intereses del capital transnacional. Ello significaría el fin de nuestro proceso social y de nuestro pueblo como cultura ancestral, en el lenguaje oficial, este Plan implementa 5 estrategias en cada zona que son:

1. Control del territorio y lucha contra las drogas y el crimen organizado.
2. Reactivación social - Siete herramientas de equidad (asistencia humanitaria).
3. Reactivación económica - Impulso a la generación de ingresos legales para el desarrollo local.
4. Fortalecimiento del servicio de justicia formal y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
5. Reconstrucción del tejido social a través del uso del tiempo libre y la cultura ciudadana.

Enmascarando con este lenguaje de tono asistencialista un proyecto de conquista y sometimiento, en la medida en que estas estrategias presumen sin sustento en la realidad que el proceso indígena del Norte del Cauca, está vinculado con el crimen organizado y el narcotráfico, que no existe una actividad social autónoma organizada, que carecemos de propuestas y proyectos económicos propios de modo que debemos ser incorporados a la economía transnacional como único mecanismo de acceso a “recursos legales”, como si nuestras actividades actuales y proyectadas fueran ilegales. Además, ignora nuestros sistemas de derecho y justicia propios, también, reconocidos por la Constitución Nacional y finalmente propone reconstruir un tejido social que ya está construido y ha merecido el reconocimiento nacional e internacional por su coherencia, cohesión y sentido de vida. Estas estrategias parten de ignorar intencionalmente la existencia de nuestro proceso y cultura ancestral y de presentarnos como organizaciones criminales con el propósito de someternos destruyendo nuestra cultura e identidad y desmantelando nuestro proceso organizativo.

Las zonas de implementación del Plan Colombia Fase II corresponden con las que anteriormente se denominaban de “Rehabilitación y Consolidación”.

El Plan se propone:
1. Garantizar la legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional recuperadas por las Fuerzas Militares y de Policía.
2. Fortalecer y legitimar la fuerza pública.
3. Desarrollar acciones integrales de tipo económico y social para complementar la Política de Defensa y Seguridad Democrática en el marco de la Recuperación Social del Territorio.
4. Subordinar la acción al grado de control territorial por parte de la fuerza pública.

En el caso de los territorios indígenas del Norte del Cauca, debemos recordar que estas son tierras legítimamente recuperadas por nuestros mayores, después de 500 años de despojo, en un proceso de lucha pacífica que ha tenido un costo enorme en vidas humanas y en sufrimiento. Es más, el maltrato y la represión al que hemos sido sometidos por parte de las instituciones del Estado, lo obliga a procesos de justicia y compensación que aún no ha cumplido. El Estado colombiano, tiene una deuda con nuestros pueblos, nos debe entregar, según acuerdos con carácter vinculante, tierras que nos permitan completar el proceso auténtico de recuperación. Pero además, el propio Gobierno ha reconocido el déficit de tierras en el que nos encontramos y que nos impide sobrevivir en las condiciones actuales. Con este proyecto del Plan Colombia II, no solo ignora los derechos, el déficit de tierras y las deudas adquiridas con nuestros pueblos sino que se propone despojarnos de nuestros territorios una vez más, bajo el pretexto de una recuperación al mando de las Fuerzas Armadas y de Policía. En esencia, se trata de una invasión a territorios ancestrales y legítimamente indígenas, a través de una acción cívico militar integral que transforma los territorios en “teatros de operaciones” para incorporarlos por la fuerza a la economía global en la lógica del capital transnacional.

La fase II del Plan Colombia, es una ocupación militar para el despojo de los pueblos y transcribe literalmente la doctrina de coordinación interagencial, expuesta en el documento “Amistad y cooperación por las Américas” o “Estrategia 2016 ” del Comando Sur de los EEUU (USSOUTHCOM) y es dirigida desde un Centro de Coordinación y Acción Integral (CCAI) financiado y supervisado por la Embajada de los EEUU y ubicado en las oficinas de Acción Social de la Presidencia de la República. El Plan, corresponde con lo planteado en el documento Visión Colombia 2019 de la Presidencia de la República, para la consolidación de la Seguridad Democrática, bajo la supervisión de “madrinas” o “padrinos” en cada zona definida. A través de la implementación del Plan Colombia fase II, los territorios se transforman en la perspectiva de articularlos a las iniciativas continentales, cuyo propósito es incorporarlos a las iniciativas y planes del capital transnacional. Las zonas de implementación del Plan Colombia fase II, se ubican en las costas Pacífica y Atlántica, las fronteras con Ecuador y Venezuela y el Norte del Cauca. Todas estas zonas son de interés geoestratégico prioritario para el desarrollo de la integración infraestructural de las Américas (IIRSA, Plan Puebla Panamá, Plan Pacífico, etc.).

Estrategias de agresión

La implementación del Plan Colombia fase II viene avanzando en el Norte del Cauca, con particular fuerza en el Cxab Wala Kiwe (territorio del gran pueblo), o área territorial de los 7 Proyectos Comunitarios que confluyen en la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca). La agresión integral contra el proceso autónomo de los pueblos indígenas incluye:

1. Terror y Guerra. Creciente presencia de grupos armados legales e ilegales con cobertura territorial en aumento y acciones de combate, presión, represión, intimidación, reclutamiento forzado, propaganda y violación de derechos humanos y derechos fundamentales contra la población civil. Los actores armados intentan imponer la polarización de modo que no quede más alternativa que incorporarse a alguno de los actores en armas, cerrando espacios y negando de hecho la presencia y existencia del proceso indígena comunitario que defiende su derecho a ejercer control integral legítimo para la defensa y protección del territorio.

2. Sometimiento económico-institucional. Desarrollo e implementación de mecanismos integrales que generan despojo y empobrecimiento de la población como sustrato para imponer “soluciones” a través de leyes, programas y proyectos institucionales. Proyectos que obligan a las comunidades a dividirse y a someterse. Van orientados hacia el desmantelamiento del proceso indígena que es reemplazado por control territorial transnacional para la exploración y explotación de recursos, programas asistenciales focalizados y al encadenamiento productivo-territorial al Capital transnacional.

Es palpable la presencia de grandes transnacionales mineras, madereras, de agrocombustibles y la imposición de privatización de bosques, páramos, parques, aguas y servicios públicos. Estos se articulan con programas de erradicación orientados desde Acción Social de la Presidencia de la República, y financiados por los EEUU que imponen monocultivos específicos (como Palma Africana, Caña de Azúcar, Cacao, etc.) y deben ser aceptados sin discusión so pena de fumigación y desplazamiento forzado. Complementados con programas asistenciales (también de Presidencia de la República) que ofrecen limosnas y subsidios para compensar el despojo, a cambio del sometimiento a los planes del Gobierno (Familias en Acción, Guardabosques, etc.).

3. Propaganda y sometimiento ideológico. Un sofisticado plan que se articula a los dos anteriores y que involucra desde el entretenimiento y la enajenación, el bloqueo a la información sobre la verdad y la transmisión de versiones distorsionadas, hasta la promoción de cultos y sectas religiosas funcionales al proyecto económico, pasando por el currículo escolar y los discursos y prácticas culturales que tergiversan la realidad. La propaganda conduce a que se acepte como normal e inevitable el sometimiento en condiciones de explotación al proyecto neoliberal que promueve el Plan Colombia fase II. La propaganda se desarrolla con el propósito de encubrir, enmascarar y legitimar las intenciones reales del proyecto de despojo cultural-territorial que para ello se presenta como “recuperación social del territorio”.

A pesar de la magnitud de la agresión, el Pueblo Nasa no se arrincona, por el contrario, en medio de la guerra sigue trabajando por el fortalecimiento del Plan de Vida, hace lo posible desde la precariedad para consolidar su autonomía, se informa, reflexiona, decide y actúa para seguir defendiendo la vida y el territorio desde la palabra y el pensamiento de ser Nasa. Lee el contexto en el que está inmerso y a partir de esto intenta tejer propuestas alternativas desde las bases con otros pueblos y procesos para empezar a construir esa agenda de unidad popular y consolidar la resistencia pacífica entre los pueblos. Pero para que este proceso y el de todos los pueblos de Colombia, no sean exterminados es necesario todo el apoyo y la solidaridad de los otros pueblos. Es decir que corresponde a esta agresión una respuesta que sume todas nuestras capacidades y conciencias, a la vez que requiere de respaldo solidario externo dada la magnitud capacidad de los agresores.

Mientras ustedes, leen este texto nosotros recorremos las montañas, estamos reuniéndonos en las veredas, en las escuelas, canchas, bosques, centros educativos, casetas comunales, sedes de los cabildos y haciendo uso de todos los espacios y recursos posibles para ganarle a la agresión y pervivir.

Septiembre 26 de 2008

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN

http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8772