(Intervención del autor en el foro “Democratizar las comunicaciones”, realizado en el marco del III Foro Social de las Américas en Guatemala, del 7 al 12 de octubre de 2008, en el que también intervino Néstor Busso, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Información Radiofónica, ALER y Sally Burch de la Agencia Latinoamericana de Información)

La nueva Constitución aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano el pasado 28 de septiembre contempla, en el campo de la comunicación, una serie de artículos que de ser aplicados abrirían la posibilidad de cambiar el modelo privado-empresarial que ha dominado al país en las últimas décadas y avanzar en el reconocimiento y afirmación de los derechos a la comunicación.

CONTEXTO

La conquista de derechos nunca ha sido un proceso fácil ni su concreción en la práctica será pan comido. El llamado poder mediático, especialmente en los países latinoamericanos que tienen gobiernos progresistas, ha reaccionado en forma furibunda para oponerse a los procesos de cambio que proponen políticas nacionalistas y una mejor redistribución de la riqueza.

Los medios han venido a sustituir a los partidos de la derecha neoliberal, fraccionados, debilitados y derrotados electoralmente. Son los grandes medios, en algunos casos con el auxilio de la jerarquía eclesiástica, los nuevos actores políticos encargados de la defensa del statu quo capitalista. Y en esta etapa, hasta se presentan como "el contra-poder" que cuestiona las reformas económicas, políticas y sociales que proponen e impulsan presidentes como Correa, Chávez y Evo Morales. Pero en América Latina, los grandes medios nunca han sido "contra poder", sino son el poder mismo, son una extensión de los grandes grupos financieros y empresariales o están fuertemente ligados o dependen del poder económico. Y todavía no han perdido ni han dejado de ser poder, porque no se han aplicado todavía medidas que limiten o recorten su poder. La concentración mediática continúa, la difusión de contenidos superfluos y ajenos a nuestras realidades permanece así como la utilización de métodos reñidos con la ética, la verdad y la profesión periodística.

Y en esta defensa a muerte de sus privilegios e intereses, blanden la bandera de la libertad de expresión confundiéndola con libertad de empresa. Ellos son los únicos que tienen la libertad de expresarse porque tienen la infraestructura, los periodistas, y la capacidad instalada para hacerlo. Los demás, los grupos sociales organizados, los movimientos indígenas, afros, de jóvenes, de mujeres, en fin, los ciudadanos de a pie jamás han tenido posibilidades de expresarse a través de los medios empresariales, a no ser como actores de la crónica roja.

Pero como las mercancías que venden los medios no son camisas o hamburguesas, sino noticias, donde la credibilidad es fundamental, éstos están sufriendo una fuerte crisis. Ya la gente no les cree ni les tiene confianza, porque de lo contrario, ¿cómo se explica que, por ejemplo, en Ecuador o Bolivia los votantes se pronuncien mayoritariamente por los candidatos o por tesis -en los referendos- que ellos combaten en forma unánime?

Los grandes medios muestran una incapacidad estructural para autocriticarse y revisar sus métodos. En el Ecuador, los medios, luego del contundente triunfo del "SI" en el referéndum del 28 de septiembre en el que se aprobó la nueva Constitución, continuaron como si nada hubiera pasado: mantienen la misma agresividad contra el proyecto del Presidente Correa, siguen entrevistando a los mismos voceros de la oposición, ensalzan a los líderes de la oposición -como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot- que defiende el modelo neoliberal derrotado en las urnas, en fin. La democracia, para ellos, no cuenta, el mayoritario pronunciamiento popular no es un dato a ser tomado en cuenta, lo que prevalece es la defensa de sus intereses de clase.

La falta de credibilidad en los medios, determina que los nuevos movimientos políticos, las organizaciones sociales y los ciudadanos busquen otros canales para informarse, otras formas de comunicación y de expresión. En alguna medida y en forma incipiente algunas radios y redes de radios comunitarias, sitios web, listas electrónicas de noticias, revistas y periódicos alternativos, algunos medios públicos, canales como TELESUR, etc. conforman un tejido comunicacional que envía el mensaje de que el monopolio de los medios dominantes puede ser roto, de que es posible desarrollar otra comunicación.

Este escenario ha sido propicio para debatir y plantear reformas legales en materia de comunicación en el marco del proceso de elaboración y aprobación de la nueva Constitución Política del Estado ecuatoriano. Hay que destacar que en la elaboración de las propuestas que finalmente se aprobaron en la Constitución jugó un papel importante el Foro Ecuatoriano de la Comunicación compuesto por una veintena de entidades académicas, gremios profesionales, medios alternativos, organizaciones indígenas, etc.

AVANCES

Comencemos señalando que la nueva Constitución, en relación a la anterior de 1998, registra algunos avances tanto en campo de la democratización de la comunicación, como en la conformación de un sistema de comunicación. La comunicación se incorpora transversalmente en todo el texto constitucional. Varios artículos de la nueva Constitución relacionados con educación, cultura, salud, participación social, derechos de los pueblos indígenas, de la niñez, las mujeres, las personas con discapacidades, entre otros, hacen referencia a la comunicación, el acceso a los medios, la información, la libertad de expresión.

Derecho a la comunicación

Un primer dato importante de señalar es que los derechos a la comunicación, la información y la cultura se incorporan a la Constitución en el mismo nivel que otros derechos igualmente vitales para el ser el humano como son la salud, la educación, el buen vivir y otros.

El derecho a la comunicación está plenamente reconocido para las personas tanto en forma individual como colectiva. Esto incluye el derecho a "una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y en sus propios símbolos". (Art 16- 1)

Así mismo se reconoce el "derecho a integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación". (Art 16-5)

Con estos artículos se supera la visión limitada e instrumental de la comunicación que la identificaba como medios, rescatando la dimensión interactiva y participativa de la misma como lo planteó el francés Jean D`arcy, director de información de la ONU en Nueva York, en 1969, quien fue el primero en formular el "derecho humano a la comunicación".

El derecho a la comunicación implica el derecho a participar en los procesos de comunicación, es decir que las personas no solo tienen derecho a recibir programas y servicios informativos sino que tienen derecho al uso y al acceso a los recursos de la comunicación.

Se afirma, asimismo, que el derecho a la comunicación está entrelazada y es el base para el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales en el marco del régimen de desarrollo o buen vivir (sumak kausay). Se lo enfoca, así mismo, el derecho como un proceso incluyente de las personas con discapacidad quienes tendrán derecho al “acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, auditiva y otras" (Art 16-3)

Para las comunidades, pueblos y nacionalidades se reconoce el derecho a "crear sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna", y el derecho a que "la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación y en los medios de comunicación" (Art 57- 21)

Acceso igualitario a las frecuencias radioeléctricas

En el Ecuador las frecuencias radioeléctricas están repartidas muy inequitativamente: El 85% de las frecuencias radiales está destinado a las radios comerciales, el 12% a las iglesias y apenas el 3% a los sectores comunitarios. Se debe anotar, además, que las frecuencias que son un bien público han sido objeto de reparto y mercantilización. La Contraloría General del Estado llevó a cabo una auditoría en la que detectó un sinnúmero de irregularidades en la concesión de las frecuencias recomendando la reversión de muchas de ellas.

En vista de esta situación, la Asamblea Nacional Constituyente, acogiendo las recomendaciones del Foro Ecuatoriano de la Comunicación, incluyó un artículo que reconoce el derecho a "la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas" (Art 16-3)

Al mismo tiempo, dispuso que el Ejecutivo conforme en un plazo de treinta días a partir de la aprobación de la Constitución una comisión para realizar una auditoría de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión, cuyo informe se entregará en un plazo de 180 días (Disposición transitoria vigésima cuarta).

De aplicarse el espíritu que prevalece en la Constitución, este proceso debería llevar a que el Estado revierta las frecuencias asignadas irregularmente y a asignarlas fundamentalmente a los sectores públicos y comunitarios a fin de romper el desequilibrio actualmente existente. El desafío para universidades, organizaciones sociales, colectivos, etc. que aspiran a contar con frecuencias para crear sus propios medios es enorme pues no solo deberán contar con la infraestructura y el equipamientos necesarios (recursos que siempre son escasos) sino que deberán desarrollar políticas, estrategias y capacidades profesionales y técnicas para operarlas. La pregunta que surge es ¿podrán hacerlo por si solos o tendrán necesidad de apoyo estatal para garantizar la "pluralidad y la diversidad de la comunicación" como dispone la Constitución, principio que, por lo demás, es ya practicado en algunos países europeos?

No a los monopolios y oligopolios

Como en la mayoría de países de América Latina, en Ecuador, los medios se encuentran concentrados en pocas manos. En lo que respecta a la televisión abierta, 19 familias controlan 298 frecuencias de las 348 existentes. En el campo de la radio la propiedad está menos concentrada, sin embargo, las mismas familias que concesionarias de las frecuencias de TV dominan gran parte de las estaciones de radio FM. 45 familias tienen el 60 por ciento de la concesiones de radio AM y FM que suman 1.196.

Pero lo más escandaloso ha sido la relación incestuosa entre los bancos y los medios, especialmente en la televisión. Fidel Egas, uno de los mayores accionistas del banco más grande del país (Banco del Pichincha) es propietario de la cadena Teleamazonas que tiene 43 concesiones a nivel nacional, además posee las revistas Gestión y Diners.

Otro grupo económico poderoso (El Juri- Banco del Austro) es propietario de la red de televisión TELERAMA beneficiaria de 14 frecuencias. Otros canales nacionales (Gamavisión, Telecentro, Cablevisión y varias radios) que formaban parte de un grupo de 193 empresas de propiedad de los banqueros prófugos William y Roberto Isaías fueron incautados por el Estado en este año debido a que adeudaban al Estado 661 millones de dólares.

La concentración de medios en manos de los bancos es un aspecto negativo para la democracia puesto que se anula la diversidad informativa, los medios dejan de cumplir su función social y pasan a defender los intereses de los grupos económicos de los que forman parte.

Esta situación condujo a que en la nueva Constitución se incluyera un artículo que impide “el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias”. (Art 17-3)

Así mismo, se prohíbe a las entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas controlar la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social. (Art 312).

Adicionalmente se incluyó una disposición transitoria (vigésima novena) que dispone que en el plazo de dos años, el sector financiero del Ecuador deberá deshacerse de las acciones que posee en los medios de comunicación.

La desvinculación del sector financiero es un paso adelante, sin embargo la lucha continuará pues no se afecta a los grupos económicos no financieros que continuarán controlando el aparato ideológico de reproducción del statu quo capitalista. Por ello mismo, una demanda urgente es democratizar la comunicación, es decir desmercantilizarla, sacarla de la esfera mercantil, llevarla a la esfera de la solidaridad, de la complementariedad, del intercambio, como plantea el sociólogo brasileño Emir Sader. En este sentido, la idea de una prensa pública es la idea de la construcción de consensos y en ella no solo se debe abordar la información e impulsar el debate sino construir nuevos valores “porque no hay otra forma de vida hoy día que dispute hegemonía con la forma de vida norteamericana”, según Sader.

Señalemos brevemente otros elementos que la Constitución incorpora:

1) Se garantiza el acceso universal a las tecnologías de la comunicación e información (Art 16.2). Se determina que el Estado facilitará e impulsará la incorporación del país a la sociedad del conocimiento y de las TIC en el proceso educativo propiciando el “enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales” (Art 347).

2) En relación a la integración latinoamericana, que es declarada como un objetivo estratégico del Estado, se señala como una obligación de éste: “proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y el Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales” (Art. 423)

3) Como parte del sistema del “régimen del buen vivir” (sumak Kausay) se incluye al sistema de comunicación social para asegurar el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer la participación popular. Este sistema estará conformado por las instituciones y actores de carácter público y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que voluntariamente se integren a él. Así mismo se establece que el Estado formulará la política pública de comunicación. (Art 384) Dentro del plazo de un año, el poder legislativo deberá elaborar una ley de comunicación donde se establecerá más precisamente los objetivos, las funciones, la composición del sistema de comunicación y el rol de los diversos actores.

4) Se incentiva que en la sociedad ecuatoriana se expresen aquellos que nunca han tenido voz al fomentar la creación de medios de comunicación públicos y comunitarios, a los cuales se los coloca en igualdad de condiciones que los medios privados.

5) Por último nos referimos al derecho a la información y a los contenidos de la misma. Este derecho ya no es exclusivo de los medios ni de los periodistas ampliándose a todos los ciudadanos y ciudadanas. “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1) Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior” (Art 18). De este artículo, rescatamos un elemento nuevo e importante: el derecho una información verificada y con “responsabilidad ulterior”. Con ello, a la vez que se consagra la libertad de expresión, se establece la responsabilidad social que tienen los medios y los emisores en general de emitir informaciones apegadas a la realidad de los hechos o acontecimientos y responder al mismo tiempo por los contenidos frente a los ciudadanos y en el marco legal vigente. Finalmente, se pone énfasis en los contenidos de la información, enfatizando en la necesidad de hacer “prevalecer los contenidos con fines educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación” y prohibición de “la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos”.

Para que se hagan efectivos los derechos y los avances consagrados en esta nueva Constitución será necesaria la conformación de un amplio movimiento por la democratización de la comunicación, que incluya a amplios sectores ciudadanos y no solamente a los directamente involucrados con el quehacer periodístico. Las tareas de este movimiento estarían relacionadas con una veeduría ciudadana para la aplicación integral de las disposiciones de la Constitución, la creación de un observatorio de medios y la elaboración de un proyecto de ley de comunicación que deberá tratar la Asamblea Nacional Constituyente en el plazo de un año.

Guatemala, octubre 2008