Aquella tarde del 18 de octubre de 1977 los trabajadores del Ingenio Azucarero Aztra merendaban tranquilamente, junto con sus mujeres y sus pequeños hijos, sin pensar siquiera lo que les iba a suceder minutos más tarde. Esa mañana se tomaron las instalaciones del Ingenio exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo que estipulaba el pago del 20 % del alza del precio del azúcar. La dictadura, congraciándose con los Noboa, los Valdez, los Ponce Luque, subió el quintal del 220 a 300 sucres.

Entre tanto, el Gerente General de Aztra, Coronel (r) Jesús Reyes Quintanilla, enterado de la huelga, mantuvo contactos con el Ministro de Trabajo, Coronel (r) Jorge Salvador y Chiriboga; con el de Gobierno Bolívar Jarrín Cahueñas; con el Gerente de la Corporación Financiera Nacional, Alberto Quevedo Toro y con el triunviro, General Guillermo Durán Arcentales. Con una agilidad sorprendente, el mismo día el Subsecretario de Trabajo, doctor Arturo Gross C., declaró la huelga ilegal y pidió al Coronel Bolívar Jarrín Cahueñas que “disponga lo que el departamento de su digno cargo estime legal”. Jarrín Cahueñas inmediatamente envío una comunicación al Comandante General de Policía, Alberto Villamarín Ortiz, en la que textualmente manifestó: “agradeceré a usted, se digne disponer, se proceda al desalojo inmediato de los trabajadores de dicho ingenio que se encuentran apoderados de la fábrica impidiendo su normal desenvolvimiento”.

A las 5 de la tarde llegó de Babahoyo a La Troncal el destacamento la Peñas, compuesto por 100 policías fuertemente armados al mando del Mayor Eduardo Díaz Galarza. En el interior del ingenio se encontraba el Mayor Lenin Cruz, conocido elemento represivo, al mando de una dotación policial que desde semanas atrás se encontraba custodiando las instalaciones.

Las fuerzas represivas estaban dispuestas y en seguida se ejecutó la masacre. Un tal Teniente Viteri, megáfono en mano, les concedió dos minutos para que los trabajadores, mujeres y niños abandonen el lugar. El único sitio de escapatoria constituía una pequeña puerta, que bien podría compararse con una puerta de dormitorio…Por ahí debían salir 2000 personas… y en dos minutos. Los trabajadores replicaron con vivas a la huelga y se aprestaron a resistir con sus machetes, pero los policías armados con lanzabombas, metralletas, fusiles, bombas de mano y garrotes, arremetieron brutalmente.

Con alevosía y premeditación dispararon y golpearon a los hombres y niños obligándoles a lanzarse al profundo canal de riego, donde muchos, ya heridos, perecieron ahogados. Fruto de esta acción perecieron más de cien personas.

A las ocho de la noche, el Mayor Díaz comunicó a sus superiores que la “orden había sido cumplida a cabalidad”. El crimen había sido consumado. La Ley de Seguridad Nacional aplicada.

La dictadura, para encubrir su crimen, fabricó una versión –que nadie creyó- con la cual hacía responsables de la masacre a los dirigentes laborales, e inventó un supuesto “plan terrorista internacional”. Los cadáveres desaparecieron y según se dice fueron arrojados a los calderos del Ingenio, mientras a otros se los dejó sepultados en el fondo del canal.

Los dirigentes fueron perseguidos y tomados presos; se allanaron sus domicilios. La población de La Troncal, donde la lucha de los zafreros continuaba, fue militarizada. La dictadura desconoció a los legítimos representantes laborales e infiltró a varios agentes de seguridad con el objeto de montar una directiva corrompida que llegó incluso a condecorar a los responsables del asesinato.

Las reacciones de repudio en varias ciudades del país e incluso a nivel internacional no se hicieron esperar. Los trabajadores de los ingenios San Carlos y Valdez declararon una huelga solidaria indefinida. En Cuenca se suspendieron los festejos de noviembre y en toda la ciudad se colocaron crespones negros en señal de luto. En distintos sectores del país se efectuaron manifestaciones estudiantiles y de trabajadores, algunas de las cuales se prolongaron por varias semanas.

Aztra se dio en el marco en el cual la dictadura ponía en marcha el “plan de retorno a la democracia”, exigiendo como requisito previo un “clima de paz y de orden” que en la práctica significó la vigencia de decretos anti-obreros, ilegalización de la Unión Nacional de Educadores, de la CEDOC y la FESE, encarcelamiento de dirigentes obreros y del magisterio, represión al clero progresista y asesinato a dirigentes campesinos como Mardoqueo León y Rafael Perugachi. Fruto de esta política, los conflictos laborales bajaron de 285 en 1975 a 171 en 1977 y a 117 en 1978.

En medio de la campaña electoral, el binomio Roldós Hurtado prometió que no habría perdón ni olvido para los responsables de la masacre de Aztra. Cuando asumió el poder, en agosto de 1979, el ofrecimiento fue olvidado. La dictadura no fue fiscalizada, el crimen quedó en la impunidad.

El Congreso, que se reinstaló luego de 9 años de receso, conformó una comisión investigadora que emitió un informe favorable y que hacía pensar que la justicia llegaría. Pero la función jurisdiccional, controlada por al alianza Concentración de Fuerzas Populares-Partido Conservador-Partido Liberal, no fue más allá de la destitución de dos jueces de la provincia del Cañar.

A nueve años de la masacre, los responsables, cómplices y encubridores se pasean impunemente por las calles, pensando que el tiempo borrará de la memoria del pueblo su horrendo crimen.

Algunos jefes policiales fueron ascendidos, los militares que gobernaron en la época ocupan altos puestos en el gobierno, los jueces que absolvieron a los culpables no han sido sancionados. Para los trabajadores…olvido, para las responsables…perdón. ¿Hasta cuando?

Publicado en el Semanario Punto de Vista Nº 241, 20-10-1986, Quito- Ecuador.