En El Salvador, la población entre 10 a 24 años, representa el 31.22% del total de salvadoreños1. La situación de la juventud se caracteriza por un profundo deterioro de sus condiciones de vida y una grave marginación social, careciendo este sector de posibilidades de desarrollarse adecuadamente.

Ello se expresa en que el 70% de las y los jóvenes, no llegan a la educación media. De cada 10 jóvenes que ingresan al nivel básico, sólo 3 llegan al bachillero. En el área rural, el promedio que se alcanza es de tercer grado y en el área urbana de sexto grado. El 18% de la población de 15 años y más son personas analfabetas. El desempleo juvenil (15-29 años) es de 12,4%, mientras el subempleo afecta al 50%, es decir, que dos de cada tres jóvenes estarían en situación de desempleo y subempleo. La niñez y juventud es el segmento poblacional mas impactado por todas las formas de violencia que afectan al país, siendo incluso estigmatizados como los responsables de esta. Por todo ello, son las y los jóvenes quienes especialmente emigran masivamente hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida.

La población joven constituye uno de los segmentos poblacionales más importantes para dar inicio a la consolidación de un proceso de desarrollo sostenible. Como personas tienen derecho a vivir dignamente y a disponer de lo necesario para desarrollarse plena e integralmente. Es lamentable que la legislación nacional, las políticas públicas y las prácticas de nuestras instituciones y funcionarios, distan mucho de los estándares internacionalmente aceptados en materia de juventud.

La Organización Iberoamericana de Juventud -OIJ-, conformada por 22 países, incluido El Salvador, ha emitido la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes; la CIDJ- cuyo objetivo es proteger y promover los derechos humanos de la juventud; en ella se establece el compromiso de los Estados miembros de respetarla y aplicarla. Consagra derechos como el derecho a la vida y la integridad personal, la salud, el trabajo, a educación y la cultura, entre otros. Este tratado a la fecha, ha sido ratificado por siete países: Honduras, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Republica Dominicana, España y Uruguay; El Salvador, todavía no la ha firmado.

La CIDJ reconoce a los y las jóvenes como sujetos de derechos, como actores estratégicos del desarrollo de sus países y como personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades; con ello busca superar las concepciones y prácticas adulto centristas que excluyen, invisibilizan y consideran a las y los jóvenes seres sin capacidades o solamente objeto de acciones paternalistas.

El gobierno salvadoreño, especialmente el Presidente de la República ha declarado públicamente que no ratificará la CIDJ, argumentando que dos de sus artículos riñen con disposiciones de la Constitución. FESPAD no comparte esta decisión y, por el contrario, lamenta estas declaraciones que ponen en riesgo la posibilidad de ser parte de tan importante instrumento jurídico depositario de los estándares internacionales de atención y protección de la juventud.

Vale señalar que la doctrina y las normas de derechos humanos no promueven la anarquía, el desorden social, la desobediencia o trasgresión de normas básicas de convivencia; mucho menos promueven la degeneración moral. Por el contrario, impulsan el progreso social y la convivencia armónica en todos lo ámbitos en que es posible.

En este sentido los argumentos que aduce el gobierno salvadoreño no constituyen un motivo jurídico insalvable para suscribir este importante tratado. En todo caso, podría ratificarlo con reservas. No hacerlo es signo de una incoherencia gubernamental, la cual nos resta crédito frente al concierto de naciones, pero principalmente, ante las y los jóvenes salvadoreños, hasta ahora excluidos y marginados.

Es inaceptable que los tratados internacionales que favorecen los derechos humanos de la población se rechazan aduciendo inexistentes violaciones a la Constitución: Estatuto de Roma, Convenios OIT, Protocolo de la CEDAW; lo cual no ocurre frente a otros instrumentos internacionales que sí afectan la vigencia de los derechos humanos y preceptos constitucionales, como los Tratados de Libre Comercio.

En consideración a lo anterior, el Gobierno de El Salvador debe firmar y ratificar la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, haciendo las reservas necesarias, previo un estudio técnico jurídico de su contenido.

Además, los Órganos fundamentales del Estado y los Gobiernos Municipales, deben formular y poner en práctica políticas y programas efectivos destinados a atender los graves problemas que están afectando a las y los jóvenes de El Salvador, que de manera progresiva, avancen hacia la garantía de la plena realización de todos sus derechos y, por tanto, su desarrollo integral.

Por otra parte, las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, los entes de cooperación solidaria, y especialmente la población adulta de nuestro país, debe redoblar sus esfuerzos y continuar trabajando comprometidamente para eliminar la discriminación juvenil y proveer a nuestra juventud de las condiciones necesarias para desarrollarse adecuadamente y con dignidad.

La XVIII Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estados y Gobiernos que se celebra en nuestro país, es una buena oportunidad para que el Estado salvadoreño, dé un mensaje de reconocimiento y respeto de los derechos de la juventud, como segmento fundamental e ineludible del desarrollo en nuestro país.

NOTA:
1 VI Censo de Población y V de Vivienda, www.digestyc.gob.sv

* Observatorio Políticas Públicas y los DESC, Actualidad — Políticas Públicas, Area de investigación y monitoreo, San Salvador, octubre 2008,