Actualmente, los problemas de seguridad pública y violencia prácticamente definen las agendas políticas en América Latina. Sin embargo, el caso que hoy nos ocupa está enmarcado en la región Centroamericana, donde hemos sido afectados directamente por los altos índices de violencia, crimen organizado y corrupción.

Sobresalen tres países unidos por fronteras comunes: Guatemala, Honduras y El Salvador, dónde principalmente las crisis de gobierno y de Estado –en distintos niveles- evidencian su máxima expresión en la ingobernable situación del delito en general y especialmente del crimen organizado, que con evidencias a la vista, ha penetrado en las esferas más altas de decisión política, mientras la justicia es sometida por intereses espurios, muy alejados de los intereses ciudadanos.

Mucho se repite que los problemas relacionados con la seguridad pública no deben “politizarse”, sobre todo en el discurso panfletario de los miembros del gobierno cuando se les critica la ineficacia de sus pseudo políticas, en las que se conjugan prácticas autoritarias y violentas enraizadas en la policía y la justicia penal, y la paraplejia de las instituciones encargadas.

Desde nuestro punto de vista, sin embargo, los asuntos de seguridad pública son los cimientos del establecimiento del orden político, y éste es el fundamento del Estado que puede comprometer a la sociedad a crear el imperio de la ley, sustentado en los derechos humanos y la democracia participativa. Por ello, hasta que tengamos un entendimiento más claro de la dinámica del crimen, la violencia, la corrupción y sus efectos en el Estado y la sociedad, nuestra comprensión de asuntos más amplios acerca de la construcción y consolidación de la democracia, serán limitados.

La corrupción por su parte no es sólo por causas atribuibles a las grandes deficiencias de nuestros ordenamientos jurídicos, pues la hay en países con sistemas jurídicos muy avanzados; tiene raíces más profundas. En primer lugar, están ligadas al sistema económico y en segundo, a las relaciones entre ese sistema y el ámbito de las instituciones públicas. Pero también hay que buscarlas en la esfera de los valores positivos y sus crisis, de la psicología social, y en definitiva en la ética colectiva. La corrupción política siempre ha existido, aunque no en la misma forma ni en los escandalosos niveles actuales. En términos generales pues, el famoso tópico de que el poder corrompe, es cierto, lo que a su vez explica la lucha por afinar los instrumentos de control del poder, cuyos resultados niegan o avalan el avance del Estado democrático, social y de derecho. Lo que parece cierto en la actualidad, es que hoy se acumulan condiciones que favorecen la extensión y profundidad de prácticas corruptas, lo que demuestra que el poder político no está separado de los poderes fácticos económicos, sino en íntima conexión.

Es necesario considerar que el incremento inédito de la violencia -generada por un sistema fincado en las más aviesas formas de desigualdad e injusticia-, de la criminalidad organizada, de la corrupción y de la ineficacia de los órganos involucrados en el sistema de justicia penal, no sólo afectan la política doméstica sino que como en este caso, dañan las relaciones bilaterales, alejando cada día más en el caso centroamericano, cualquier posibilidad de integración de nuestros Estados.

No obstante las particularidades de los sistemas de seguridad pública y justicia criminal de cada uno de los países centroamericanos, es necesario ya pensar en serio sobre la posible homologación de procedimientos legales eficaces, transparentes e imparciales, que permitan hacerle frente al crimen organizado transnacional y a la corrupción de los aparatos de gobierno, que facultan la infiltración expedita de las organizaciones mafiosas hasta los niveles más altos de decisión política.

Las instituciones de procuración de justicia e instituciones judiciales en nuestros países han operado inadecuadamente, pues los Estados se han sometido al poder de fuerzas oscuras y peligrosas que buscan prostituir cualquier intento de democracia, para someter los poderes públicos a sus intereses criminales. De esta forma los Estados pierden aceleradamente legitimidad y dejan de ser viables como instrumentos de un contrato social legítimo pactado por el pueblo. De aquí que la necesidad de re construir el Estado se perfila como una posibilidad cada vez más factible en nuestros países.

Si bien, el reto del crimen transnacional es un reto cualitativamente diferente al de la inseguridad interna de cada país, ambos están ligados por cuatro factores: un Estado casi inexistente (¿fallido?) y corrompido; una galopante destrucción del tejido social; pérdida de la calidad de ciudadanía y a la base, los crecientes niveles de inequidad, sobre lo cual no es ocioso insistir.

Oscar A. Fernández O.

Politólogo y colaborador de ContraPunto

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