De no adelantarse un proceso de acompañamiento a la población infantil y juvenil afectada por el conflicto armado en el departamento de Sucre, será muy difícil romper los círculos de odio y venganza que han alimentado el conflicto armado en el país.

Así lo conceptúan miembros de la comunidad académica y de organizaciones no gubernamentales de este departamento de la Costa Norte colombiana que participaron en la Escuela Itinerante para la Formación y Protección de los Derechos de la Niñez, espacio formativo de carácter nacional liderado por las organizaciones Fundación Cultura Democrática (Fucude) de Bogotá y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín y que culminó este viernes 30 de noviembre en la ciudad de Sincelejo.

La iniciativa hace parte de las estrategias de la campaña Juguemos en Serio a la Paz, que busca generar una cultura de respeto hacia los derechos de la infancia y la adolescencia en zonas afectadas por el conflicto armado. Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Bogotá son, además de Sucre, los territorios donde se desarrolla la campaña.

En Sucre particularmente, la Escuela Itinerante convocó a estudiantes, docentes, organizaciones de víctimas; defensores de derechos humanos, jóvenes y padres de familia del municipio de San Onofre y de las comunas 6, 7 y 8 de la capital sucreña.

Por espacio de cuatro meses, los participantes  no sólo realizaron un detallado diagnóstico sobre la situación de los menores de edad afectados por la guerra, sino que avanzaron además en la construcción de propuestas que apunten a hacer visible el tema en la opinión pública local, regional y nacional.

“La temática es bastante pertinente, pero le falta mayor acompañamiento por parte de todas las instituciones”, manifiesta Libia Paternina, especialista de Familia de la Comisaría Primera de Sincelejo, quien no duda en afirmar que “si hay mayor articulación, se puede generar mayor impacto”.

Y es que uno de los objetivos primordiales del ciclo formativo, que también se adelantó en las otras cuatro regiones, es recoger insumos para el diseño de una política pública que privilegie y atienda de manera diferencial las necesidades de los niños y los jóvenes en materia de verdad, justicia y reparación.

Serias afectaciones

De acuerdo a los registros levantados por el IPC y Fucude, entre el año 2000 y 2007 se documentaron 38 casos de menores de edad desaparecidos forzosamente en el departamento de Sucre; igualmente, se registraron 14 casos de asesinatos de jóvenes, 6 niños murieron en diversas masacres y 4 más fueron víctimas de minas antipersona.

Si bien estas cifras son alarmantes y muchos de los casos aún permanecen en la impunidad, lo que más preocupa a los expertos en temas de niñez es el alto grado de afectación psicológica y social de la población infantil que ha sobrevivido a eventos trágicos como masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos, quienes no han contado con ningún tipo de acompañamiento psicológico que les ayude a elaborar sus respectivos duelos.

Quienes acompañan a la población víctima del conflicto, advierten sobre los comportamientos y actitudes agresivas que manifiestan los más jóvenes. De ello es testigo Rosa Loaiza, fonoaudióloga del Centro de Familia de la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar), quien desde hace más de un año trabaja con población desplazada asentada en sectores populares de Sincelejo como Camilo Torres, Pablo VI, La Selva y La Trinidad.

Gracias a su labor de acompañamiento a estas comunidades, Rosa ha conocido casos dramáticos de niños y niñas que presenciaron el asesinato de sus padres o que fueron desplazados forzosamente por actores armados quienes abrigan la posibilidad de tomar –algún día- justicia por sus propias manos. 

“Desde el Cecar venimos haciendo un trabajo interdisciplinario con los jóvenes y las familias que habitan estos barrios, pues en su mayoría fueron muy afectadas por el conflicto y nadie les ha tendido la mano. (…) lo que si se observa es que en los niños desplazados y en los hijos de víctimas de las masacres se observan actualmente comportamientos agresivos, lo que les está dificultando su convivencia en los espacios comunitarios y en la escuela”, indicó Rosa, quien también participó del ciclo formativo de la Escuela Itinerante.

La misma percepción tiene Katy, una joven de tan sólo 12 años de edad quien se motivó a trabajar con los niños desplazados de su comunidad, en Altos del Rosario. Según la joven, quien semanalmente visita a las comunidades desplazadas en compañía de otro grupo de compañeros de su colegio, el principal problema que tienen los menores de edad desarraigados es la tristeza en que viven por estas lejos de sus hogares.

“Ellos tienen muchas necesidades aquí en la ciudad, porque la vida aquí no es lo mismo que en el campo y fuera de eso la gente los discrimina mucho. Lo que nosotros hacemos es darles un apoyo psicosocial.

Continuidad

Una de las grandes lecciones que dejó este ciclo formativo en Sucre es que procesos como este deben continuar. Por ello, diversas organizaciones sociales piensan desde ya cómo conformar un comité permanente de debate sobre esta temática en particular.

“la idea es que a través de otros espacios que tenemos aquí en Sincelejo, crear una mesa para el tema exclusivo de niñez, pues vemos que el tema ha logrado posicionarse. Algo que nos motiva mucho es que tuvimos una importante participación de jóvenes de colegios oficiales de barrios de alto riesgo”, manifestó Victor Ureguí, coordinador de la Campaña en el departamento de Sucre.

A su vez, Franklin Torres, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Capitulo Sucre, observa que a pesar de las dificultades de orden público que aún persisten, la gente está perdiendo el miedo para hablar de su pasado.

“Estos eran temas que no se hablaban públicamente, porque la gente mantenía mucho temor; claro que aún persiste ese temor en la gente, pero por lo menos ya la gente habla”, dijo Torres.

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia
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