Medellín

La disputa por el control territorial y de las actividades ilícitas que vienen librando bandas armadas en la comuna 8 de Medellín no sólo tiene intranquilo a sus más de 125 mil habitantes; también está afectando sensiblemente el trabajo de los líderes comunitarios tradicionales, quienes se están convirtiendo en blanco de los violentos.

En los últimos meses, varios líderes comunales han sido objeto de amenazas, obstaculización a sus labores, intimidaciones y desplazamientos forzados. El último caso se presentó en el mes de noviembre, cuando Julio Flórez, presidente de la junta de acción comunal del barrio Villatina debió abandonar su hogar tras recibir una serie de fuertes amenazas contra su vida.

Flórez es uno de los testigos de la Fiscalía en el proceso judicial que actualmente se adelanta contra Jonh William López, alias Memin, desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y a quien las autoridades acusan de liderar un grupo armado en la zona, de generar el desplazamiento forzado de varios habitantes del sector y de constreñir ilegalmente a los electores en las pasadas elecciones a Junta Administradora Local, donde salió elegido edil en representación de la comuna 8.

El dirigente barrial cuenta ahora con medidas especiales para su protección. Por su parte, Jairo Zapata, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Hermosa, espera no contar con la misma suerte de su compañero, aunque admite que le preocupa su situación. “la situación está muy tensa, todo porque hay quienes sienten que somos incómodos por el sólo hecho de oponernos a muchas cosas que pasan aquí”, expresó.

Jonh Ramírez, líder del asentamiento Esfuerzos de Paz, asegura que debido a la situación de orden público que se vive en la zona, trabajar a favor de los menos favorecidos es mucho más complejo. “Estábamos construyendo un albergue para los niños, para trabajar con ellos, y hace como dos meses nos destruyeron la obra: nos quebraron tejas, nos robaron ladrillos, cosas por el estilo”, dijo Jonh.

Temor constante

Al ser consultados por la Agencia de Prensa IPC, varios habitantes de este sector subnormal ubicado en el costado oriental del cerro Pan de Azúcar, afirman que grupos armados vienen haciendo de las suyas gracias a la débil presencia de la fuerza pública y del Estado. Los tiroteos son constantes, la presencia de gente portando armas a la vista es pan de cada día y la venta y consumo de sustancias alucinógenas ya desbordó la capacidad de reacción de las autoridades.

Ejemplo del clima de temor que se vive en los 15 barrios de esta comuna ubicada en el centro-oriente de la capital antioqueña lo constituyó la realización del evento Toma Cultural de la Comuna 8, actividad programada por el Comité Municipal de Derechos Humanos de Medellín en el marco de la XVIII Semana de Derechos Humanos y que tuvo lugar el jueves 4 de diciembre, en la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores del barrio Caicedo Las Estancias.

Si bien un buen número de habitantes de la zona respondieron al llamado del Comité a manifestarse en contra de las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo allí, los dirigentes barriales coincidieron en afirmar que a “mucha gente le dio miedo asistir”.

“Por lo menos de mi barrio, varios me dijeron que no vendrían por miedo”, aseguró Jairo Zapata, mientras que Alexander Pulgarín, líder del barrio Caicedo y quien ahora cuenta con medidas de protección debido a las constantes amenazas contra su vida, manifestó que mientras se siga presentando una confrontación como la que está padeciendo la comuna 8, será muy difícil movilizar a la población.

“De todas formas es un paso importante que se haga un evento en esta comuna donde se hable de derechos humanos. Ese siempre ha sido un tema vedado en estos territorios, pero frente a esta confrontación que se está viviendo es muy difícil que cosas como esta tenga un real impacto”, declaró Pulgarín.

Disputa económica

Al parecer, lo que está en juego tras esta arremetida contra los líderes barriales es una estrategia de apropiación de los recursos públicos por parte de grupos armados, integrados en la mayoría de casos por desmovilizados de las Auc en asocio con delincuentes comunes.

De acuerdo con una fuente consultada por la Agencia de Prensa IPC, quien pidió reserva de su nombre por razones de seguridad, existe una fuerte presión hacia las juntas de acción comunal (JAC) que obtienen contratos con la Administración Municipal y que no están dirigidas por personas allegadas al proceso de desmovilización.

“Si una JAC que no es de la gente de ellos (los desmovilizados) se gana un contrato con el municipio, recibe de inmediato la presión para que les sea otorgado a los desmovilizados o a gente desconocida que es afín a ellos, o simplemente que ellos tienen que participar sea como sea”, relató la fuente.

Según el entrevistado, el panorama se complejiza aún más debido a la confrontación de estos grupos entre sí por el control de los dineros que generan las actividades ilegales; disputas que se agudizaron tras la captura, en mayo de este año, de alias Memín y la muerte, en el mes de julio, de Antonio López, alias Job.

“Ellos tenían mucha ascendencia con los desmovilizados de la comuna. Se hacía lo que ellos dijeran, fuera algo legal o ilegal. Como ya no hay ‘patrón’, todos están peleándose ese poder que ellos tenían”, agregó. Y es que según los cálculos de los conocedores de la situación de la comuna 8, advierten que lo que está en disputa es un lucrativo negocio de miles de millones de pesos mensuales.

“La cuenta es sencilla: los buses de Caicedo deben pagar 20 mil pesos por día y son más de 40 vehículos. Aquí hay más de 100 negocios con maquinas traga-monedas, ninguna es legal y todas pagan una vacuna de 50 mil pesos por día. Una plaza de vicio deja libres 6 millones de pesos al día y aquí son incontables; súmele a eso las vacunas a los negocios comerciales, que todavía les cobran. Eso da una cifra considerable”, explicó la fuente.

De ahí que en las calles de Caicedo, Villatina, Villaturbay, Enciso, entre otros, ya se hable con insistencia de alias Diego Chamizo, el nuevo ‘patrón’ de la delincuencia organizada del oriente de Medellín y quien estaría “pescando en río revuelto” tras la ausencia de alias Memín y alias Job.

Incluso, hay quienes ya le atribuyen un poder considerable sobre los antiguos subordinados de ambos ex jefes paramilitares y de ser el responsable de la muerte de varios desmovilizados de las Auc ocurridas en los últimos meses.

Pero mientras las autoridades establecen el paradero del enigmático personaje y se avanza en la desarticulación de los grupos armados que operan en esta zona de la ciudad, sus habitantes tendrán que continuar con sus “toques de queda”, sus precauciones para circular en las noches y para visitar otros barrios, así sea época de navidad.

Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
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