La visión política antigubernamental de una serie de “opinadores”, unida a la falta de perspectiva histórica sobre el país, les impide evaluar, con sentido nacional, el Informe de la CAIC y la toma de posición del Estado ecuatoriano sobre la deuda ilegítima.

Son dos las deudas que han condicionado la historia nacional: la “deuda de la independencia” y la que bautizaremos como “deuda neoliberal” del presente. Ambas ilegítimas, ruinosas para el país y honradas, en el pasado, sin beneficio de inventario.

La primera se originó en 1821, por el arbitrario contrato entre el agente Luis López Méndez con Jaime Mackintosh para la compra de material bélico. El vicepresidente de Colombia, Francisco de Paula Santander, se negó a recibir esos equipos por el supervalorado precio. Quiso que intervengan peritos, a lo que Mackintosh se negó. Increíblemente, fue Simón Bolívar, requerido de recursos militares para la campaña libertaria, quien aceptó ese contrato. Sin embargo, enviado a Londres, el Ministro José López Revenga fue demandado y reducido a prisión por no aceptar las imposiciones de Mackintosh.

 El nuevo enviado, Francisco Antonio Zea, no solo reconoció a los acreedores dudosos, sino que renegoció un nuevo préstamo (1822). Indignada, la Asamblea de Colombia desconoció todas esas negociaciones.

Un nuevo enviado, Manuel José Hurtado, logró arreglar (1824) con los acreedores Herring, Graham, Powles e incluso Mackintosh. Y otra comisión paralela, con Manuel A. Arrublas y Francisco Montoya, adquirió un nuevo empréstito de la casa B. A. Goldschmidt y Cía, cuya quiebra complicaría los asuntos. Increíblemente, en mayo de 1826 el Congreso de Colombia reconoció las onerosas negociaciones de Zea, Arrubas y Montoya.

 Tras extinguirse la Gran Colombia (1830), Juan José Flores, primer presidente del Ecuador, no envió su delegado, por lo que el arreglo de la deuda de la independencia quedó así por el convenio Pombo-Michelena: Nueva Granada (Colombia) pagaría el 50%, Venezuela el 28.5% y Ecuador el 21.5% que ascendió a £.2.108.377.

Recién en 1837 el Ecuador reconoció aquel convenio. Y solo en 1854 el Congreso aprobó el acuerdo entre el Ministro Marcos Espinel y el Agente de los Tenedores de Bonos en Londres, Elías Mocatta. Esa “monstruosa negociación”, según la calificó Emilio María Terán (1899), reconoció £.1.824.000 en nuevos bonos a favor de los tenedores.

Solo en 1855 se inició el pago de esa “deuda de la independencia” pero exclusivamente en cuanto a intereses, hasta la suspensión que hizo García Moreno en 1869. Se destinó la cuarta parte de los derechos por importaciones. Durante esos 14 años los tenedores de bonos recibieron $ 1.527.114,11 “sin que nuestra deuda de un millón ochocientas veinticuatro mil libras esterlinas hubiera disminuido siquiera en un penique”, según constató un Informe de Emilio María Terán a Eloy Alfaro en 1899, que es comparable al presentado por la CAIC al presidente Rafael Correa. Para desgracia del Ecuador, la historia de la deuda republicana sólo había comenzado. Continuaremos sobre el tema.

El Telégrafo

Primer Diario Público

Ecuador, lunes 15 de diciembre de 2008