Hace más de un año, el senador Juan Fernando Cristo junto con varias organizaciones sociales emprendieron la heroica tarea de construir un proyecto de ley que hiciera justicia con las víctimas de este país. Durante el desarrollo de este proceso se fueron sumando innumerables personas que con sus ideas aportaron para crear un texto el cual fue sometido a consideración del Congreso de la República. Tal vez eso ha sido lo más importante de esta iniciativa legislativa que muchas personas víctimas, que han sufrido en carne propia la violencia que se vive en este país, han hecho sus aportes, han contribuido con sus propias experiencias.

En el Senado de la República el proyecto hizo su trámite sin mayores contratiempos, tal vez por eso nuestras esperanzas aumentaron y por primera vez soñamos con una ley que le otorgue a la víctima, parte de lo que por tantos años se le ha sido negado por el Estado colombiano. Sin embargo, el transito en la Cámara de Representantes no ha sido tan fácil como esperábamos.

Una vez que el proyecto llegó a la Cámara, pensamos que debíamos llevar la ley a los rincones más apartados del país, a recoger iniciativas que siguieran nutriendo el texto. Fue así como organizamos junto con el sistema de Naciones Unidas, la Comunidad Internacional y organizaciones sociales, 10 audiencias públicas en dónde se escucharon a más de 4.000 víctimas. Estas audiencias se realizaron en Medellín, Villavicencio, Pitalito, Sincelejo, Valledupar, Pasto, Quibdó, Cúcuta, Bogotá y Barrancabermeja. Resultado de estas audiencias, nació la ponencia presentada para el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.

A pesar del poco interés que había mostrado el Gobierno nacional hasta ese punto, emprendimos una labor de concertación con delegados del Ministerio de Hacienda y del Interior, que nos llevara a lograr un texto unificado. Después de un recorrido detallado por cada uno de los artículos, logramos un acuerdo en una buena parte del texto, sin embargo, no logramos acordar conceptos fundamentales como el universo de las víctimas, por la insistencia del Gobierno nacional de excluir las víctimas de agentes del Estado, ni en la manera como debía la víctima acreditar su condición, es decir, en los principios orientadores de la ley.

Durante el debate conocimos una bancada de Gobierno carente de ideas, basando su negativa en un problema fiscal que desde ningún punto de vista se compadecía con la realidad, toda vez que en la misma ley se establece un artículo en donde se habla de la gradualidad en su aplicación y cuyos detalles serían objeto de un documento Conpes.

Es perfectamente legítimo que un Gobierno utilice a su bancada para sacar adelante proyectos de su interés, lo que no es aceptable desde ningún punto de vista es que esa bancada actúe sin fundamento, incluso contrariando compromisos adquiridos por el Gobierno nacional en escenarios internacionales.

El resultado de ese primer debate no pudo ser peor: cambiaron la esencia de la ley y lo que es más delicado, dejaron a las víctimas de agentes del Estado en peores condiciones de las que tienen hoy con la legislación vigente.

Las Organizaciones sociales participantes del proceso, levantaron su voz de protesta por el texto aprobado por los Congresistas.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos lo resume así:

“…El texto excluye específicamente criterios establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas para definir la calidad de víctima, los cuales fueron aceptados por el Gobierno de Colombia……El proyecto desconoce varios principios internacionales, entre los que se destacan, la obligación esencial de los Estados de garantizar el respeto de los derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación y el principio de favorabilidad para las víctimas”.

Para el debate en Plenaria, una nueva luz de esperanza se presentó cuando una acción de tutela interpuesta por la señora Luisa Victoria Ochoa de Ochoa contra Acción Social desencadenó la Sentencia T-1001 de la Corte Constitucional, en dónde se establece que una persona tiene derecho a ser considerado víctima del conflicto así su victimario no haya sido aprehendido o judicializado. "No es necesario la identificación, aprehensión, enjuiciamiento y mucho menos la condena del sujeto responsable del ilícito (...) es absolutamente válida la existencia de víctimas sin victimario identificado, aprehendido, enjuiciado o condenado”.

De igual manera, la Corte Constitucional al declarar inexequible un artículo de la ley de justicia y paz, estableció que los programas sociales para atender a las víctimas de la violencia no sustituyen la reparación, pues el Estado está obligado a brindarle a todos los ciudadanos estos programas.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos enfrentamos al escenario de la plenaria de la Cámara con nuevos argumentos que lograran convencer a la mayoría sobre la obligación moral e internacional de aprobar una ley que cumpla con los compromisos adquiridos por el país. Sin embargo, no fue así, la premura con la que trataron el proyecto y el bochornoso espectáculo que ofrecieron algunos representantes durante el debate, me impidió exponer los argumentos de cientos de víctimas y de las organizaciones que las representan. Fue así como la plenaria dio paso a un festival de gritos y de incoherencias, dónde primó la mayoría y se aprobó el aplazamiento de la discusión para el mes de marzo, una vez el Congreso instale sus sesiones ordinarias.

Consideramos que el aplazamiento de la discusión de la ley debe conllevar un compromiso serio del Gobierno y su bancada para estudiar la jurisprudencia constitucional y así ajustar el contenido de la misma a las providencias recientemente emitidas. Lamentablemente hoy el proyecto de ley con el que soñamos está en veremos. El Gobierno se limitó a aplazar el tema sin comprometerse a realizar un estudio serio y pormenorizado del mismo.

En el escenario más optimista, consideramos que el futuro de la ley es incierto. Las victimas han manifestado que prefieren que no se apruebe la ley, a aprobarla como quiere el Gobierno. Lo único claro hoy es que al Gobierno le asisten otros temores, no fiscales, que le impiden aprobar una ley como la necesitan las víctimas.

Nosotros seguiremos luchando por un proyecto de ley, como lo ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con la adopción de un plan de reparaciones administrativas en Colombia. Dicen que este debe ser “el resultado de un proceso abierto y transparente de diálogo y consulta previa con la sociedad civil y las instituciones del Estado involucradas, que legitime y garantice la continuidad, irreversibilidad e institucionalidad de dicha política” ¹.

Guillermo Rivera Florez

Representante a la Cámara - Ponente Coordinador

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

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