Acosada por denuncias ante la Justicia de Estados Unidos, la filial argentina de la empresa alemana aceptó su responsabilidad a fin de conservar negocios futuros en el mercado argentino. Los Gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rua en la mira.

En una carta dirigida al Ministro de Planificación Federal, Julio Miguel De Vido por parte del Presidente del directorio de Siemens Argentina, Enrique Antonio Genzone, la empresa alemana admitió haber cometido actos que violan las leyes de prácticas anticorrupción a fin de resultar adjudicataria en el negocio de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI).

El contrato para la digitalización de DNI, que involucraba una cifra cercana a los 1.000 millones de dólares, fue firmado el 6 de octubre de 1998 durante la presidencia de Carlos Menem y cancelado por el ex presidente De La Rúa el 18 de mayo de 2001.

La admisión de culpas de la filial argentina de Siemens se produjo luego de que la Comisión de Valores de Estados Unidos denunciara que la empresa de origen alemán utilizó el soborno como procedimiento normal en sus operaciones internacionales.

Además de Argentina, la denuncia identifica a Bangladesh; Venezuela, China y Rusia como lugares en los cuáles dichas prácticas se habrían producido.

El informe de la Comisión de Valores, presentado ante el juez estadounidense Richard León, de Washington, añade que entre 1998 y 1999 la empresa destinó 19 millones de dólares al pago de coimas en Argentina.

Si bien el texto explica que esos pagos se extendieron entre 1998 y 2004, da por supuesto que el escándalo de corrupción no toca ni a Eduardo Duhalde ni a Néstor Kirchner ya que en sus períodos solo se habrían realizado pagos "atrasados.”

Sin embargo, los hechos de corrupción involucran al ex presidente Carlos Menem; al ex ministro del interior Carlos Corach y al ex director de migraciones Hugo Franco quienes habrían recibido entre 1998 y 1999 una cifra de 19 millones de dólares.

Textualmente la denuncia precisa que "Entre 1998 y 2004, Siemens pagó más de 40 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno argentino para asegurarse el proyecto de mil millones de dólares por producir los documentos nacionales de identidad".

Por su parte, Siemens también habría destinado 6 millones de dólares más a funcionarios de la gestión del ex mandatario Fernando De la Rúa, quién finalmente anuló los contratos, decisión que motivó una denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por parte de la empresa alemana.

En referencia a esta causa el diputado oficialista Carlos Kunkel manifestó que la denuncia de la Comisión de Valores de Estados Unidos dejará sin efecto la presentación ante el Ciadi en razón de que “Siemens se basaba sus operaciones en la corrupción y el pago de coimas.”

La caída de la denuncia ante el Ciadi representaría para el gobierno argentino un virtual ahorro en concepto de indemnizaciones.

Interrogantes

Relatados a grandes rasgos los hechos -no da para más- resulta conveniente abrir el espacio de la reflexión y en ella es imposible no identificar algunos interrogantes que hacen posible la comisión sistematizada y continua de fraudes económicos.

Es una verdad de público -y mundial- conocimiento que la lógica de búsqueda del beneficio a toda costa, unida al modo de gestión capitalista y a sistemas judiciales que parecen siempre correr detrás de la liebre sin alcanzarla jamás, no puede sino provocar nuevas catástrofes a los ciudadanos comunes de cualquier país del mundo.

Esa es la lógica que promueve las guerras que arrasan países enteros, provocan hambre en gran escala y destruyen el medio ambiente. Las tres patas de la crisis global.

Testigos de ese accionar son hoy Irak y Afganistán como antes Biafra y Vietnam; también los 1000 millones de hambrientos del mundo y los tsunamis y catástrofes como la de Nueva Orleans.

También son la causa de la actual crisis financiera, nacida del fraude de saco y corbata “sub prime” que hoy amenaza al planeta con la pérdida de trabajo y la miseria consecuente. Los ejemplos sobran pero la lección no se aprende.

Y es que en la búsqueda del beneficio todo vale, desde el asesinato y la mentira hasta el empleo de la coima que doblega a funcionarios de muy pobre entereza moral, que han logrado disimular esa carencia para aprovecharse del sistema que los ha entronado. Todos pretenden hacer de su vida un intento individual por comer y dormir mejor que su vecino.

La coima, los negociados y la violencia impregnan a toda la sociedad planetaria. Es la ley del “sálvese quién pueda a costa de cualquiera y por cualquier medio”. La corrupción es un problema de trascendencia pública.

Pero si estos hechos son tan evidentes y conocidos… ¿como es que los ciudadanos comunes no pueden hacer nada para contrarrestarlos? ¿Seguirían siendo inocentes dichos ciudadanos si se encontraran en posición de torcer las cosas? ¿Por qué, a pesar de estar todos preocupados por la corrupción y de existir múltiples programas contra ella, nunca hemos podido combatirla eficazmente?

La comisión de delitos es tan generalizada que, en Argentina, el sistema carcelario está colapsado.

En palabras de la Dra. Carmen María Argibay, Ministra de la Corte Suprema de Justicia Argentina: “Si es verdad que los delincuentes entran a una comisaría por una puerta y salen por la otra… ¿Quiénes son entonces los que súper pueblan las cárceles?”

Demasiados interrogantes. Y son sólo algunos.

Hacia una teoría de la corrupción

Un estudio del Centro de Investigación y Estudios Legales (Citel) de Perú, propone no contemplar a la corrupción como causa sino como efecto para entender la lógica de los sistemas corruptos.

Según la investigación, la corrupción sería un efecto del costo de la legalidad: la justicia no sería gratis y tampoco neutral.

Para el analista del Citel Enrique Ghersi la ley “tiene costos y beneficios. Altera la forma como la gente se comportan y modifica los medios puestos a disposición de las personas para tomar decisiones en los mercados”.

Según esa visión, la vigencia de la ley depende del tiempo y de la información necesaria para realizarse. Ambos elementos representan un costo y al tener un costo resultarán beneficiados por ella aquellos sectores que pueden pagarlo.

Por eso, tal vez, pueda entenderse aquello de que la justicia sólo encarcela “a los ladrones de gallinas.”

El tiempo y la información son elementos excesivamente costosos en todo el mercado y, en consecuencia, el aumento de la legislación favorece a los ricos y perjudica a los pobres. Una tendencia general que hace que todo incremento en la cantidad de normas de una sociedad, encarne lo que se conoce como “discriminación legal”.

Concebida como un costo que difiere en cada caso, la ley tiene efectos asimétricos en los mercados y no afecta igual a todas las personas.

La economía de la ley es entonces fundamental para entender el problema de la corrupción. La corrupción es una consecuencia de una mala economía de la ley. Cuando el costo de la legalidad excede su beneficio, la ley se incumple.

Cuando la ley es excesivamente costosa, los ciudadanos deben optar entre actuar a favor o en contra de la ley y la acción final dependerá de un análisis micro económico personal de cada individuo. De esa manera y de frente a una misma situación, algunos actuarán y otros se abstendrán de hacerlo.

Sin embargo, hay quienes no tienen más opción que ir contra la ley. Así, en el fenómeno “económico informal” se produce un problema de corrupción en sentido conceptual y una consecuencia de la mala economía de la ley frente a un sistema institucional excesivamente costoso.

Hay en el mundo millones de personas a las que no les queda otra salida que caminar al margen de la ley -y aun en contra de ella- simplemente para seguir subsistiendo. Pero no es esta la situación de los involucrados en el escándalo Siemens; o en el caso IMB-Banco Nación de Argentina o en las hipotecas “sub prime”; o la quiebra de Enron.

Esas otras personas -que por la calidad de las cosas que hacen no pueden ser llamados “informales”- serían corrompidas por la lógica económica para ejecutar acciones ilegales.

Admitida esta proposición se abren dos posibles caminos: o bien la corrupción es un “impuesto” o bien, es un “seguro”.

Como impuesto significa un desembolso ilegal para seguir funcionando en lo que quiera que fuese. Se paga para escapar a la persecución legal y penal.

Como seguro la coima sería una prima mediante la cual se consigue que un funcionario brinde protección frente a la vigencia de una ley costosa. Se trata de “adquirir” agentes oficiales que “no observen” para protegerse de la vigencia de la ley.

Como puede deducirse, la discusión académica en torno a la corrupción aparece como infinita.

Pareciera ser que el secreto de la “anticorrupción”, residiría en convertir los vicios privados en virtudes públicas de manera que cada persona, al buscar su propio beneficio, sirva sin querer al beneficio de los demás. Pero eso suena muy inocente en un sistema mundial regido por la economía de mercado.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata,  Argentina.  

http://www.prensamercosur.com.ar