Nuestro ordenamiento jurídico tiene una gran connotación sobre el quehacer evolutivo en materia socioeconómica. Demarcaciones productivas que se ejercen, por una economía de servicio, entre las dinámicas de mercado liberal que han influido en otros menesteres de la vida nacional.

Así podemos interpretar, dentro del pentagrama político estatal, las discordias y dispares iniciativas de desarrollo realizadas a través de concesiones, licencias y contratos dirigidos a motivar la inversión en la explotación de bienes ecológicos.

Más que de interés social un proyecto de este tipo, que mucha veces disfraza el afán de lucro, acecha nuestra legislación vulnerando su moral y sentido de desarrollo humano sustentada en la teoría de la vida.

Un derecho ambiental que en diversas ocasiones es dejado a segundo plano y que entre las abismales profecías del marketing viola todo derecho humano por la falsa prioridad económica. No es más que una afirmación a la depredación de las últimas fuentes verdes que tenemos dentro de la soberanía ecológica de Panamá.

Un ordenamiento ambiental perpetrado y ahuyentado por la fuerza jerárquica de la ley de inversión privada y sin restricciones, observadas por ejemplo en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos. Cuando a diestra y siniestra carecen del debido proceso legal y científico por la ligera otorgación de sus operaciones.

Edificar esperanzas jurídicas, es revalorar el espíritu legal del medio en que vivimos, apropiándonos de una ley ambiental que vaya más allá de lo instrumental, para convertirse en una herramienta ciudadana que transforme la conciencia de los gobernantes y gobernados.

Como la reconquista de nuestra moral y responsabilidad ante el impacto global que sufrimos del cambio climático, producto de la mano invisible del hombre, hasta la forma en que nuestros recursos naturales son sometidos por megaproyectos como la minería, boom inmobiliario, contaminación, caza de ballenas, etc...

En foros, convenios y protocolos internacionales, se han plasmado literaturas de compromiso moral por el econocidio que sufre la humanidad, producto de su propia codicia de clases que divide la necesidad del consumismo salvaje.

Debemos tener latente en nuestras conciencias que el porvenir de una nación se construye con legados y experiencia. También se nutre de la sabiduría de la madre tierra, pero no con la mentalidad tecnócrata y servil a la que se someten las autoridades supuestamente defensoras del ambiente, quienes viven admitiendo que las leyes existen pero llegado el momento de su aplicación no son más que la epidemia de la destrucción.

Hoy la defensa ecológica es pieza clave de la columna de una sociedad,  que es decir alternativas desde la educación socioambiental hasta la participación ciudadana como un Derecho Humano por nuestro ecosistema.

- Olmedo Carrasquilla II es  Ecologista Social