El Congresillo acaba de ratificar la nueva Ley minera envía por el Ejecutivo, con 51 votos a farvor de Alianza País y los “independientes”, 7 votos en contra de Pachakutik, el MPD y la Red y el resto de abstenciones de los socialcristianos y Sociedad Patriótica. Esos 51 votos representan a la mayoría de asambleístas, lo cual supone la legitimidad, que en rigor es la legalidad, de dicha ley en la medida en que estos 51 asambleístas son la voz representante de la mayoría de la población ecuatoriana, al menos según la lógica de la democracia-liberal-burguesa dominante en nuestro país. A pesar de todas las invocaciones, que esos mismos 51 asambleístas, hacen de la democracia participativa y directa, invocación, que por cierto, fue clave para que se encuentren cómodamente sentados en los curules de la Asamblea Legislativa, no son más que representantes de los grupos de poder económico de la burguesía nacional y extranjera.

Volvimos a caer en la trampa política de la burguesía, independiente del grupo específico que hoy controle el poder gubernamental y estatal la trampa democrática-liberal siempre resulta eficaz en la medida en que las clases populares aceptemos jugar su juego y cumplir sus reglas. Con esta “democrática” aprobación de la Ley Minera ya es posible mirar la estafa del juego democrático en el cual volvimos a caer.

La mayoría del pueblo ecuatoriano acaba de aprobar una carta constitucional que suponía desde el mismo gobierno grandes cambios en beneficio de la mayoría de la población. La casi totalidad de las organizaciones sociales apoyaron el Si a la nueva Constitución, considerando que significaba un avance democrático que beneficiaría al pueblo, en la medida en que la nueva constitución recogía varias de las demanadas y propuestas de los sectores sociales. En menos de seis meses de su aprobación, el Congresillo -que dicho sea de paso es tan democrático que ha devenido en un instrumento del ejecutivo con apariencia de Asamblea Legislativa que cumple el mandato gubernamental, y digo democrático ya que según las encuestas Correa tiene el 80% de popularidad, parecido al porcentaje de Uribe en Colombia,- ha aprobado una ley (minera) que viola varias normas de la constitución democráticamente redactada. Citemos las violaciones más claras, aún cuando el régimen y sus voceros las intenten disimular en las trampas de la charlatanería jurídica-legal: la oconsulta previa informada a las comunidades y pueblos cuyos territorios se verían afectados con la extracción minera a gran escala; los derechos de la naturaleza, pues digan lo que digan sabemos los daños ambientales que la minería a gran escala y cielo abierto ha ocacionado en los sitios donde ha sido ejecutada; la soberanía y seguridad alimentaria, no vamos a creer que con la extracción minera a gran escala va a protegerse la pequeña y mediana producción campesina que ha alimentado a este país; el derecho humano al agua, digan lo que digan sabemos los daños que la minería causa al agua de consumo humano y de riego; la soberanía nacional feriada a lo largo de nuestra historia a los intereses de los grandes capitales internacionales, no nos invente que ahora las transnacionales mineras son buenas, ¡¡ Por favor!!, podríamo seguir enumerando las violaciones, pero ¿para qué? No importa, ya se aprobó la Constitución y más allá de las cosas buenas que allí se lograron escribir, está la política real donde no cuentan mucho las formalidades democráticas sino las fuerza política y económica real del régimen y la fuerza política, social y organizativa del pueblo.

Pasada la fiebre y el show de la participación democrática de la Asamblea Constituyente montado por el régimen, la participación real del pueblo organizado, que desde el inicio para éste gobierno no tiene ninguna importancia, ahora menos con el 80% de popularidad del presidente y con todos los poderes del estado bajo su control; sumado a esto el papel de una vieja derecha que, en términos ciertos, le sigue el juego, a pesar de ciertas discrepancias propias de los intereses interburgueses.

Qué importancia tiene ahora para el Gobierno, cuyo presidente cuenta con el 80% de popularidad, lo que digan las organizaciones indígeno-campesinas, las organizaciones sindicales, los ecologistas, etc. si para el régimen, según sus “lúcidas declaraciones”, no son más que cuatro dirigentes corruptos, fundamentalistas, románticos, anarquistas, locos y por último financiados por las transnacionales que no representan ni al 2% de la población.

Qué le importa violar normas de una Constitución que tanto defendió, que le importa acogerse únicamente a aquella del estado de excepción que le da poderes totales al presidente para decidir, según su criterio, si se explota o no lo recursos naturales en zonas de riesgo o protegidas como por ejemplo el ITT, o la misma explotación minera a gran escala y a cielo abierto, o si se permite la entrada de transgénicos para la agricultura, o si se hace una política de soberanía alimentaria entregando su control a las agroempresas nacionales e internacionales, o si se decide por beneficio del país el cultivo para biocombustibles, etc.

Qué le va a importar lo que diga las organizaciones sociales pequeñas o grandes, las personas afectas, si el tiene el 80% de popularidad y ganó democráticamente las elecciones, si él es “el representante” de todo los ciudadanos ecuatorianos que democráticamente en varias elecciones le entregaron su poder para que el haga con él lo que quiera. Esa es la trampa de la democracia representativa y de las elecciones, ¿acaso no lo podemos ver? En el país vecino con las diferencias de contenido la FORMA es la misma, Uribe tiene el 80% de popularidad y ganó las elecciones democráticamente y por eso puede decidir a nombre del pueblo colombiano implementar en Colombia una política de terror estatal, ¿quien le puede decir nada si es un presidente democráticamente elegido y con el 80% de popularidad?

Qué es esto del 80% de popularidad, dato en el cual curiosamente tanto las encuestadoras del régimen cuanto la de sus “enemigos políticos de la derecha” coinciden, es de hecho la manifestación de la democracia populista liberal que en rigor es una forma política autoritaria y dictatorial, más peligrosa que la dictadura porque supone un brutal control ideológico de la población que le impide al sujeto, convertido en masa-ciudadana, mantener una distancia crítica con el sistema y sus formas políticas dominantes.

 Digamos que la popularidad del presidente Correa no es por su proyecto revolucionario, porque de revolucionario nada tiene, sino por su innegable capacidad de control ideológico de la población acompañado de ciertas medidas de corte populista-neokeinesiano. Control ideológico posible, primero por la dispocisión psicológica de la población ecuatoriana en el momento de la llegada de Correa al Gobierno debido a la crisis política y económica que vivíamos; el soporte de los sectores sociales que lo apoyaron y que inmediatamente después de su triunfo fueron paulatinamente despachados; la colaboración de un considerable grupo la tecnocracia académica-ONGegista; y por el gran despliegue propagandístico de estos dos años, cuyo núcleo fuerte ha sido la manipulación de la información sobre las acciones del gobierno, solo por citar un ejemplo nombremos el tema del no pago de la deuda externa. Primero se lanza una gran campaña mediática del no pago de la deuda donde se presenta como un presidente crítico de la injusta política económica internacional con lo cual acumula el respaldo popular y luego simplemente se paga la deuda, hecho que no tiene el mismo despliegue publicitario por lo cual pasa desapercibido, quedando en la conciencia de la gente la primera información; de este tipo de manipulación esta llena la campaña política del régimen: el Contrato de PORTA, el impasse con ODEBRECH, el tema del ITT que hoy sale a licitación internacional, etc.

Pero nunca formas totalitarias logran cerrar el círculo, siempre queda el RESTO, aquello que se resiste a la totalización, aquello que escapa al control ideológico y desde donde siempre es posible derrumbar los sistemas “cerrados” y autoritarios. Ese Resto que está en el 2% de la población, los indígenas, los campesinos, los ecologistas románticos y locos, los fundamentalistas de izquierda, los anarquistas, las personas comunes que no quieren que sus tierras desaparezcan con los oyos enormes de la minería de gran escala y a cielo abierto. Los que no somos ciudadanos, y en buena hora que este no es un país de ciudadanos, siempre iremos más allá de las trampas democrático-burguesas como ya lo hemos hecho a lo largo de la historia de este país y de este continente. Ya paramos antes la firma del TLC, y varios intentos privatizadores, lo vamos a volver a parar aunque nos cueste una vez más la cárcel, la tortura o la muerte, pues este gobierno de la revolución ciudadana vuelve a violar los derechos humanos y políticos del pueblo que lucha por la defensa de su vida y de la vida criminalizando la protesta social desde Dayuma hasta hoy con los compañeros campesinos de las provincias del sur de País quienes están siendo perseguidos, encarcelados y acusados de criminales solo por defender la vida.

La lucha y resistencia de las clases populares nunca ha sido en los espacios de la Democracia Liberal y de su sistema electoral, y ahora una vez más lo sabemos y lo sentimos con el autoritarismo de éste presidente democráticamente elegido. Nuestra lucha ha sido en la calles porque nunca ha habido espacio de diálogo ni antes ni ahora, el diálogo solo es una show montado para conseguir ese 80% de popularidad, la burguesía no dialoga sino entre ella y este presidente es parte de esa burguesía, ¿cual? todavía no está claro pero burguesía si. El diálogo va entre pares, entre las clases populares para ver como defendemos nuestros intereses que no es otro que el interés por la vida frente al capital, así como el pueblo palestino resiste y lucha contra la brutalidad del estado terrorista de Israel y los intereses geopolítico y económicos del gran capital transnacional, así mismo, el pueblo ecuatoriano organizado luchará y resistirá contra el genocidio de la mineria de gran escala y a cielo abierto, gran negocio de las transnacionales del gran capital.

- Natalia Sierra, socióloga, docente de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador.