En los últimos 30 años, Medellín ha sido epicentro de constantes conflictos territoriales que han puesto en jaque el monopolio del Estado en materia de seguridad. Aunque los actores han cambiado y los métodos son distintos, las motivaciones siguen siendo las mismas: alcanzar la hegemonía de las actividades criminales de la ciudad.

Así lo sienten defensores de derechos humanos, politólogos y analistas, quienes intentan dar explicaciones a la ola de criminalidad que azota a la ciudad desde finales de 2007 y que parece no menguar a pesar de las acciones llevadas a cabo por la Fuerza Pública y la Alcaldía de Medellín.

Para especialistas en temas de conflicto urbano como Pablo Angarita, director del Grupo de Estudio sobre Violencia y Territorio de la Universidad de Antioquia, lo que vive la ciudad “no es más que la continuación de una violencia que ya traíamos”.

Su apreciación no dista mucho de la realidad histórica de la ciudad. Sin embargo, en la violencia actual confluyen varios elementos que hacen que el escenario sea más complejo: la confrontación por el control de la ciudad entre estructuras del narcotráfico lideradas por Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, y la llamada Oficina de Envigado; la restructuración de antiguas bandas de delincuencia común, y la reincidencia en actividades delictivas de un sector de reinsertados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Para la Alcaldía de Medellín el tema obedece a un reacomodo de estructuras criminales que se están disputando jugosos botines como lo son el dinero producto de venta de estupefacientes, extorsiones y vacunas.

Pero, para algunas organizaciones no gubernamentales como la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades),  en la ciudad persiste un control paramilitar que se manifiesta en el  continuo hostigamiento a líderes sociales en la comuna 8 por parte de reinsertados, que incluyen amenazas y desplazamientos forzados, y los controles sociales a las comunidades ejercidos por grupos armados ilegales en comunas como la 13 y la 1.

Si bien es cierto que hoy no se registran condiciones como las vividas en décadas pasadas, no deja de ser preocupante que la Administración Municipal aún no haya retomado el monopolio de la seguridad.

Voceros de organizaciones sociales y académicos plantean que la discusión sobre lo que pasa en Medellín implica evaluar qué ha pasado en los últimos 25 años en la ciudad y cómo las administraciones de turno han enfrentado las distintas manifestaciones de violencia presentadas a lo largo de la historia de la ciudad. 

Recorrido histórico

Primero fueron las milicias urbanas de las Farc y el ELN, quienes se disputaron, a finales de los 80, el control de territorios barriales con bandas delincuenciales. Luego, fue la guerra sin cuartel que libraron las instituciones del Estado, en asocio con el grupo “Perseguidos por Pablo Escobar” (Pepes), contra el gran capo y sus bandas leales, lo que derivó en la muerte de Escobar, pero también en un incrementó del número de homicidios a cifras que superaron los 6.000 muertos al año.

Cuando muchos pensaron que la tranquilidad llegaría con la muerte de Escobar, comenzó el posicionamiento de temidas bandas como la de “Frank” en la comuna 7 y “La Terraza” en la comuna 3, las cuales se convirtieron en “puerta de entrada” para la llegada, en 1998, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) a través del bloque Metro.
Luego vino el período paramilitar. A comienzos del año 2000 arribó el bloque Cacique Nutibara a la capital antioqueña, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna. Sus diferencias ideológicas con el bloque Metro en torno a la presencia de narcotraficantes en las Auc llevó a la persecución de sus líderes. Aquellos que no aceptaban su propuesta paramilitar fueron exterminados, otros, por sobrevivencia, aceptaron al nuevo “patrón”.
El poder de alias don Berna se debilitó a partir del 24 de agosto de 2007, cuando fue trasladado de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a la de Cómbita, en Boyacá. Desde ese momento se quiebran las líneas de comunicación con sus subalternos, quienes no tuvieron el suficiente poder para sostener el monopolio alcanzado por su jefe. A finales de ese año se registran, inicialmente, enfrentamientos con el cartel del Norte del Valle y luego con estructuras de alias don Mario, quien busca posicionarse como el nuevo “patrón” de la ciudad.
“Esa es la diferencia con otras épocas: hay más atomización, no hay un “patrón” o capo único. Lo que hay es una disputa entre múltiples micropoderes”, añade Pablo   Angarita. Pero lo anterior también plantea un aspecto que para Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, es fundamental a la hora de hablar de seguridad: “la pactación que ha existido entre lo institucional y la ilegalidad”.
“En los últimos 25 años las administraciones de turno han recurrido a unos pactos tácitos con la ilegalidad, algo así como un acuerdo para coexistir basado en el control de la seguridad por parte de los ilegales”, asegura Arboleda.
La reflexión de la jurista pone el acento en un punto que se ha convertido en un secreto a voces en Medellín, pero que nadie confirma: la reducción de por lo menos el 45% de la criminalidad y los homicidios entre los años 2004 y 2007, época que coincide con las desmovilizaciones de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, obedeció al poder hegemónico que alcanzó alias don Berna en la ciudad.
La desmovilización

Los últimos hechos de violencia registrados en Medellín involucran en buena medida a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que residen en esta capital.

Al incremento de asesinatos de reinsertados y la captura de importantes líderes del proceso por reincidir en actividades delictivas, se suman los informes de Policía Judicial  que afirman que esta población se está convirtiendo en factor fundamental a la hora de consolidar presencia militar en las comunas de Medellín por parte de los bandos en disputa.

La estrategia es cooptar a los coordinadores de zona, denominación dada a los reinsertados que, por su voz de mando, tienen gran ascendencia sobre un amplio número de desmovilizados.

“Tenemos información de que hace poco, hombres de la Oficina de Envigado citaron a 10 coordinadores de los más duros de la ciudad. ¿Para qué? Para saber quién está con quién”, señala una fuente de Policía Judicial. Los hombres de don Mario tampoco se quedan atrás. “Aquí hay un desmovilizado que le dicen El rolo que antes trabajaba para Antonio López, alias Job, y ahora trabaja con don Mario”, cuenta un residente de la comuna 8, cercano al proceso de desmovilización.

Lo anterior vuelva a poner en el centro del debate el proceso de reinserción de por lo menos 4.200 desmovilizados de los bloques Héroes de Granada y Cacique Nutibara que actualmente son atendidos por el Programa Paz y Reconciliación, de la Secretaría de Gobierno de Medellín.

De acuerdo con el Programa de Paz y Reconciliación, entre los años 2004 y 2008 fueron asesinados 237 desmovilizados, unos 86 han sido expulsados del programa por haber reincidido en actividades ilegales y unos 172 han sido detenidos por las autoridades. En lo que va corrido del año, el número de desmovilizados asesinados asciende a 14 y, según declaraciones de altos funcionarios de la Alcaldía, el porcentaje de reincidentes en hechos delictivos podría situarse en un 20%.

Para la Alcaldía de Medellín, la cifra continúa siendo baja si se tiene en cuenta el número elevado de aquellos que han cumplido con sus compromisos. Sin embargo, para Pablo Angarita, la cifra puede ser engañosa si se tiene en cuenta que los beneficios de la reinserción los esta disfrutando un número importante de desmovilizados que nunca fueron combatientes directos de los paramilitares.

“Se sabe que hubo un reclutamiento de jóvenes días previos a la desmovilización del bloque Cacique Nutibara; es decir, allí no estuvieron todos lo que eran”, manifiesta Pablo Angarita.

Por su parte, Jesús Balbín, del Instituto Popular de Capacitación (IPC), sostiene que el perfil de los desmovilizados los hace más vulnerables a la reincidencia en contextos criminales: “este grueso de desmovilizados tiene un perfil más delincuencial que político. Así, reinsertar delincuentes requiere una estrategia distinta a la reinserción política. La oferta institucional, en este sentido, tiene que ser muy atractiva para que no vuelva a delinquir”, advierte Balbín.

Al respecto, la sentencia de la abogada Arboleda es categórica: “el proceso de reinserción fue exitoso mientras alias don Berna tuvo injerencia en él. Ese es el punto: la Administración tiene que romper con el esquema de negociar la seguridad con la ilegalidad”. 

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia.  www.ipc.org.co