En Colombia hay garantías suficientes para la inversión, pero nula distribución de la riqueza, escasa garantía de los derechos de la población y el conflicto armado sigue provocando constantes violaciones a los derechos humanos.

Esta es la conclusión de Social Watch en su informe 2008, titulado Derechos Humanos: la única llave, presentado este viernes en Medellín en el marco de la Asamblea de los Pueblos, reunión alterna a la 50º Reunión Anual de Gobernadores del BID, que inició sesiones hoy en Medellín.

Social Watch es una red creada en 1995 que cuenta con miembros en más de 60 países y se ha constituido como un punto de encuentro de organizaciones sociales no gubernamentales preocupadas por el desarrollo social y la discriminación de género. Hasta el momento, ha publicado 13 informes anuales sobre los avances y los retrocesos en la lucha contra la pobreza y a favor de la igualdad de género.

En un nuevo informe, que reporta un análisis sobre el año 2008, Social Watch reconoce que en el país ha habido crecimientos en algunas variables económicas, tales como la tasa de inversión, que pasó del 12% al 28,5%, y admite que se redujo la pobreza a un 45,1%, la más baja en las últimas dos décadas, pero cuestiona que aún el 27,6% de los colombianos tengan necesidades básicas insatisfechas.

Según diversas fuentes citadas en el informe, el 10,4% de los colombianos reside en viviendas inadecuadas, el 11% vive en hacinamiento crítico y los servicios públicos son inadecuados para el 7,4% de los hogares.

Teniendo en cuenta que para el año 2008 el salario mínimo mensual legal vigente fue de 461.500 pesos, Social Watch calculó que una familia necesita de por lo menos 1,94 salarios mínimos para tener acceso al costo de la canasta familiar básica, lo que requeriría de por lo menos dos personas por hogar trabajando, lo que en muchos hogares no ocurre.

En materia educativa, el informe destaca que se lograron grandes avances en el nivel de educación básica, llegando a una cobertura bruta del 90% y una tasa de deserción de 5,8%. Asimismo, resalta las mayores coberturas en el área de la salud, que vio incrementado su registro de la población de nivel 1 y 2 del Sisben, la más pobre de la población, de 374 mil 821 personas a 1 millón 693 mil 207 personas.

No obstante, el informe deja en evidencia que uno de los derechos más vulnerados en el país es el de la salud, que se ve afectado por la negación de la prestación del servicio, deficiente e inoportuna atención médico-asistencial, y no pago de los aportes al sistema.

Social Watch citó informes de la Defensoría del Pueblo para resaltar que 801 municipios del país no se surten de agua apta para el consumo humano, lo que quiere decir que por lo menos 13 millones de colombianos consumen agua insalubre.

En el tema de los efectos del conflicto armado y lo que ello representa en la vulneración de los derechos humanos, el documento divulgado este viernes en Medellín precisó que la agudización del conflicto armado ha afectado, de manera sistemática y con mayor gravedad, a mujeres, ancianos, niños, niñas, campesinos, afrodescendientes e indígenas.

Social Watch registra el Informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado de enero de 2008 para resaltar que en la atención de las comunidades desplazadas de manera forzada se ha dado un retroceso en la prestación de la ayuda humanitaria de emergencia si se compara con años anteriores.

En relación con el enfoque de género, el informe precisó que las políticas de atención a la población desplazada han carecido de un tratamiento diferencial, tal como lo ha señalado la Mesa de Trabajo, Mujer y Conflicto Armado. Según este grupo de trabajo, “la formulación de la política de atención al desplazamiento forzado contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo implica una visión regresiva respecto a la protección y reparación de los derechos de las mujeres víctimas”.

Del mismo modo, la población infantil se ha visto afectada por el conflicto armado. Según datos Unicef citados por Social Watch, cerca de un millón de niños y niñas han sido desplazados forzosamente. Entre esta población, la desnutrición crónica de los menores de cinco años de edad es de 22,6%, es decir, 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Además, el 18% de los menores en condición de lactancia sólo la reciben de manera exclusiva por un tiempo promedio de 1,5 meses, cuando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud recomienda seis meses como mínimo, lo que representa, según Social Watch, una vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y mental de los niños y las niñas.

Los datos consignados por Social Watch en su informe 2008 dejan en evidencia que en materia de logros sociales y económicos Colombia es un país de contrastes, donde hay apertura para la inversión, pero aún no se alcanzan impactos sociales profundos y estructurales entre los más pobres.

- Agencia de Prensa IPC. Medellín, Colombia - www.ipc.org.co