Según el informe del Relator de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas “Bolivia posee una estructura altamente desigual de la tierra, donde el 90% de los agricultores familiares, mayoritariamente indígenas, poseen el 10% de las tierras, mientras que el 90% de estas se encuentra en las manos de grandes propietarios”.

De acuerdo a las organizaciones indígenas de Bolivia el reconocimiento y titulación de los territorios indígenas ha sido durante años la principal bandera de lucha y hoy se convierte en una irrenunciable conquista que permitirá la aplicación efectiva de las Autonomías Indígenas reconocidas en la actual Constitución Política del Estado.

A decir de Fruc Villaroel, experto en temas indígenas, la aplicación de la autonomía indígena está muy ligada a la titulación de las Tierras Comunitarias de Origen “la titulación de las tierras indígenas es imprescindible para la aplicación de la Autonomía indígena, sin territorio no hay autonomía y sin autonomía no puede haber el goce de otros derechos como la justicia comunitaria, utilización de recursos naturales, elecciones de autoridades propias y otros”.

El informe del relator describe la experiencia del Estado Boliviano por revertir esta situación de inequidad mediante la reforma agraria de 1953 y la aplicación de la ley INRA de 1996, reconociendo las limitaciones y errores en la aplicación de ambas normas, asimismo reconoce el más reciente esfuerzo del estado boliviano por lograr la redistribución de la tierra a través de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de 2006 “ Esta Ley favorece el reagrupamiento de la pequeña propiedad agraria, así como la distribución de tierras a los pueblos indígenas que no poseen tierra suficiente…... Para ello, la Ley incorpora como causal de reversión el incumplimiento de la función económico-social de la propiedad, y toda tierra expropiada por causa de utilidad pública pasa a ser dotada “exclusivamente a favor de pueblos indígenas y/o originarios” que carezcan de tierras suficientes (artículo 43). La nueva política de titulación de tierras indígenas ha brindado sus frutos. Según datos del INRA, desde la llegada al Gobierno se han titulado 3.889.291 hectáreas, frente a 5.516.210 que se titularon en el periodo 1996-2006”.

Sin embargo, en el mismo informe el Relator Especial alerta sobre el retraso en la titulación de las Tierras Comunitarias de Origen TCO sobre todo en la tierras bajas del Oriente “el Relator Especial recibió numerosos testimonios y documentación sobre irregularidades en el proceso de dotación de tierras y la apropiación indebida de tierras indígenas por parte de empresarios agrícolas y ganaderos en, generalmente con la connivencia de autoridades locales, hechos asociados a prácticas especulativas en el mercado ilegal de tierras y la tala ilegal de madera. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Rural ha documentado ampliamente la apropiación ilegal de 27.000 hectáreas de tierra pertenecientes a la Reserva Forestal y el TCO Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, por parte de un influyente terrateniente de la región”.

El informe sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, misión a Bolivia, será próximamente socializado con las organizaciones indígenas y campesinas quienes participaron en la visita realizada por el ex Relator Rodolfo Stavenhagen del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 2007.

- Agencia Intercultural de Noticias Indígenas (AINI), Santa Cruz, Bolivia.

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