A veinte años de la apertura de la democratización política en Paraguay, la distribución de la tierra, medio productivo de mayor peso en la estructura económica y notablemente en los ingresos nacionales vía exportaciones es de una desigualdad que roza el absurdo. También la desigualdad de distribución del ingreso en este país se acrecienta al mismo tiempo que crece la violencia social, sea ésta delictiva como la que relata la crónica amarilla, sea de acciones contenciosas por acceso a recursos (cada vez más criminalizada), sea por la represión que acaece sistemáticamente en diversos dominios del espacio social (estancias, cárceles, hospitales, psiquiátricos, etc.).

Estos hechos son elementos para comprender las bases sociales del malestar generalizado con la democracia: 34 años antes de aquella noche de la Candelaria de 1989, más 20 años ulteriores, suman más de medio siglo en que las mismas condiciones sociales que sirvieron y alimentaron la dictadura, se mantienen intactas y son el caldo de cultivo para cualquier rebrote oportunista del autoritarismo. La desigualdad económica y las distancias extremas de las posiciones en el espacio social paraguayo, imprimió y sigue imprimiendo un sello notorio en su geografía y su economía política. Hizo posible en el pasado a un Alfredo Stroessner, lo sostuvo y engendró su oligarquía cavernícola. Hoy es la misma organización social que se vale de la intimidación física y la violencia simbólica para “perdurar en su ser” y a la que le es indiferente si sus instituciones políticas se rigen por el sufragio universal o la separación montesquieana de poderes.

Desigualdades extremas y democracia conservadora

El 3 de febrero del año 1989 un golpe de estado hizo caer 35 años de dictadura del General Stroessner, quién llegó al poder en 1954. La caída de este régimen que ha robado la voluntad general a los ciudadanos paraguayos y los ha sumido en la pobreza y en el aislamiento de cara al mundo entero, fue el amanecer de una débil democracia que no veía el sol hacía 50 años. Pero la estructura social se reproduciría bajo la expresión de un “proyecto” político que continuó a mantener la desigualdad de la distribución de la tierra y el ingreso, el primero, un factor central para un país eminentemente agrícola.

El régimen surgido del golpe de estado, sin ninguna duda, ha devuelto los derechos de expresión pública a la población pero fundado sobre una estructura social y económica profundamente desigual, y por tanto, los cambios durante lo que puede llamarse la “transición democrática” han sido superficiales. En el momento de las elecciones paraguayas de abril de 2008, se sabía que no se cambiaba de un golpe una estructura social que había dado su sustento desde hace 61 años a gobiernos autoritarios y corruptos de la Asociación Nacional Republicana (Partido colorado) y que se reproduciría aún en la actualidad.

La así dicha “transición democrática” paraguaya presenta una peculiaridad desde su inicio mismo: sus procesos de reformas han consistido en adecuar prácticas autoritarias a disposiciones clientelistas de una población pobre y excluida. Y así, la democratización resultó un mito más que una realidad. El cumplimiento de reglas de juego en abstracto fue priorizado por encima de la participación ciudadana, e impuso un calendario que se ha cumplido en sus formas, pero que distó mucho de denominarse un proceso real y efectivo. A pesar de cambios institucionales, esta democracia sigue sin operar al nivel del imaginario social como un proceso que redunda en beneficios concretos, en condición de posibilidad de transformar la “sociedad de castas”, donde la extrema distancia entre los que más y menos tienen no les da tan siquiera el sentido de pertenencia a una misma comunidad política, tan siquiera de sentirse “compatriotas”¹.

Si el estado paraguayo no incide en la transformación sustantiva de la estructura social legada por Stroessner (v.gr. de extremas desigualdades sociales) y no radicaliza la democratización política, entonces el estado permanecerá stronista. Si la democracia sigue fundándose en relaciones sociales asimétricas y no hace posible ni contribuye a la transformación del estado, entonces es una democracia conservadora.

Y la prueba del carácter conservador de esta democracia se traduce en el actual proceso que atraviesa el gobierno de Fernando Lugo. Las principales trabas para éste de formular reformas estructurales (romper con la estructura de extrema desigualdad) son la obstaculización política de sus proyectos por parte de una oligarquía que está empotrada en el Parlamento y en el Poder judicial, así como la dificultad institucional de administrar la contraposición de intereses que constituye su coalición política y la oposición. Varios acontecimientos de reciente data confirman esto último y, de hecho, vemos cuánto le cuesta al presidente echar a andar una pragmática política eficaz, que le asegure concretar pactos basados en puntos concretos que atiendan los intereses de los grupos de su coalición y asimismo favorezcan los de los sectores más carentes de la población paraguaya. Tanto más difícil se hace cuanto más recibe el asedio sistemático de la prensa paraguaya, hostil y manipuladora.

Un ex-obispo a la cabeza del Estado

En la necesidad de cambiar la estructura conservadora que hace posible hasta la fecha la desigualdad y la pobreza en Paraguay, Fernando Lugo ha dejado su condición de obispo para satisfacer –con una actitud en extremo conciliadora–, la necesidad de desmantelar el “régimen stronista” que sobrevive aún disimulado en la democracia conservadora paraguaya.

La reforma de las estructuras e instituciones no puede ser hecha sino bajo cierta representación de “consenso”. Lugo, hombre que no se identifica con ningún partido ni posición política particular (sea de izquierda o de derecha), encarna esta representación con un estilo cuasi pastoral. Al mismo tiempo, él se distancia de la lógica tradicional de la Iglesia católica en Paraguay, caracterizada en los años de transición democrática (1989-2008) por abandonar al pueblo católico a su suerte social y económica, bajo el eufemismo ideológico de la “buena conducta moral” y con un discurso extremadamente prudente, “neutral” y cómplice frente a la agresión de la oligarquía violenta e inescrupulosa (particularmente de los terratenientes y productores de soja) contra los más desfavorecidos de la sociedad paraguaya.

Fernando Lugo era el obispo que ha tomado la posta de compromiso pastoral con los sectores más desfavorecidos, en un país azotado por las injusticias sociales y cuya población es de mayoría católica. Así, la figura política de Lugo es la expresión de un compromiso pastoral cercano a la gente así como de un contexto signado por un empobrecimiento sin precedentes y una población ávida de esperanzas casi escatológicas.

La posibilidad de dar vuelta la página con más de 60 años de gobierno oligárquico, no releva el temor a una conspiración organizada por los sectores tradicionales, temerosos de perder sus privilegios, en un país cuya historia está signada por la persecución al adversario y el recurrente recurso al revanchismo político. Y es precisamente allí donde radica la importancia de su figura con elementos pastorales, que por situarse en el “centro”, apuesta por la reconciliación y a hacer a un lado el temor a la purga.

La trayectoria de compromiso social puede valerle a Fernando Lugo convertirse en un presidente electo acreditado los restantes cuatro años de gobierno. Pero deberá romper con un sistema clientelista que más temprano que tarde puede volvérsele encima y poner en jaque la democracia. Esta ruptura solo es posible a condición de reformar la actual estructura de distribución de la tierra, de dinamizar el mercado de trabajo y la puesta en marcha de una profunda reforma del estado. Y lo que es inmediato: mostrar signos decisivos a emprender reformas.

Está en entredicho lo mucho o poco que podrá hacer Lugo como presidente de la República paraguaya en su periodo presidencial. Es difícil predecir lo que podrá reformar en concreto dado el panorama político que se le presentará con el Partido Colorado al frente de la nueva agrupación opositora y con la gama discordante de grupos políticos dentro de su coalición gobernante (entre los que se destaca el Partido Liberal, de fuerte composición latifundista). Lo que sí es seguro es lo que no podrá hacer, y es superar en un quinquenio un deterioro social y económico que ha venido operando a modo de un cambio social regresivo. Solo un nuevo sistema político podría transformar el estado de cosas, o, de lo contrario, las promesas de abril de 2008 quedarán solo como buenas intenciones, de las que como dice el dicho, está empedrado el camino al infierno.

 1 La ficción de la "comunidad" del Estado-nación moderno y la pretendida "identidad" de su comunidad demográfica cumplieron con el transcurso del tiempo la función hegemónica de reconducir el efecto de las luchas sociales en torno al principio de igualdad, disminuyendo hasta el límite permitido por el modo de producción capitalista, las distancias entre las diferentes clases sociales.

- Luis Ortiz Sandoval es sociólogo paraguayo.