La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia, ONIC, saluda a los diputados del Parlamento Europeo, a los Sectores Sociales y a las Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos.

En Colombia, hoy los Pueblos Indígenas nos encontramos en movilización y resistencia permanente en razón a nuestra pervivencia como pueblos originarios; y en la que hemos planteado la necesidad de un diálogo real con el gobierno colombiano, frente a las necesidades conocidas y demandadas y  por el respeto de nuestros derechos.

Sea esta la oportunidad para manifestar al Parlamento Europeo nuestra profunda preocupación, porque el Gobierno colombiano de Álvaro Uribe Vélez no ha tomado ni ha garantizado las medidas efectivas para asegurar el respeto integral de los Derechos Humanos y Colectivos de nuestros Pueblos Indígenas, ha criminalizado las legítimas reclamaciones y protestas del Movimiento Indígena; ofreciendo recompensas como se hiciere con cualquier delincuente; poniendo en grave riesgo el buen nombre y vida de nuestros líderes.

Solo en los primeros tres meses de este año 2009 se han presentado 50 casos de asesinatos de indígenas, y más de 3.000 indígenas han sido desplazados forzosamente. En el periodo comprendido del 2002 al 2008, que coincide con el período del actual Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se presentaron 1.255 homicidios de indígenas. Cabe destacar que la mayoría de los casos de homicidios y violaciones quedan en impunidad. Uno de los casos ejemplarizantes son los más de 117 asesinatos de miembros del pueblo Kankuamo.

En Colombia existen 102 pueblos indígenas, 32 de ellos presentan una población inferior a los 500 habitantes. De estos pueblos, 18 tienen menos de doscientos habitantes y 10 menos de cien. Estos son las más vulnerables y se encuentran en alto riesgo de extinción física, cultural, y demográfica; además agobiados por el continuo conflicto armado interno, ignorados en sus demandas de protección y garantía de derechos fundamentales.

Con reservas, el Gobierno de Colombia ha manifestado adoptar la Declaración Universal de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas de la ONU; significa esto para los Pueblos Indígenas de Colombia, representados en la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de la ONIC, que no se quiere reconocer garantías y derechos promulgados en esta Declaración, continuando la militarización de los Territorios Indígenas, controlando el manejo, administración y preservación de los recursos naturales en los Territorios Indígenas, sobre, bajo y por el suelo, y negando el Derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Con su licencia ha permitido la puesta en marcha de Megaproyectos en Territorios Indígenas, que corresponden a su ambicioso interés comercial y personal, modelo económico que desconoce toda legislación y Convenios; como el Convenio 169 de la OIT. 

Igualmente en Colombia se están facilitando los accesos a los recursos genéticos, la bioprospección, la patentabilidad del Saber y Conocimiento Ancestral, los bienes inmateriales de los Pueblos Indígenas, sin ningún tipo de control y/o sanción o mecanismo efectivo que garantice la salvaguarda de los conocimientos ancestrales; o lo que es peor aun: se propone un registro de protección administrado por el gobierno con exclusividad temporal; que no es otra cosa que poner en el dominio público y en el de las transnacionales los medicamentos y los saberes ancestrales.

Por lo tanto, expresamos nuestra profunda preocupación a la Unión Europea de negociar bilateralmente un Tratado de Libre Comercio. Aun cuando los gobiernos de Perú y Colombia son sindicados de graves violaciones a los derechos humanos: los asesinatos de sindicalistas en Colombia y la generalización de medidas represivas en contra del movimiento indígena y reivindicaciones populares en Perú pretenden ser ignorados por la Unión Europea, a pesar del reconocimiento que ha hecho incluso el gobierno de los Estados Unidos en el caso de Colombia.

Es necesario recordar que cuando se iniciaron las negociaciones, la Unión Europea proclamó que para ella era de la mayor importancia el fomento de la “integración regional” andina. En diciembre de 2006 la Comisaria Europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, declaró “que el objetivo del acuerdo (entre la UE y la CAN), así como el espíritu de la negociación que lo precederá, es y debe ser el que ambas partes se beneficien de él. La Asociación no tiene ni sentido ni futuro cuando se construye a costa de una de las partes”. Sin embargo, en enero de 2009 el Consejo de Ministros de la UE autorizó la negociación bilateral con los gobiernos de Perú y Colombia. Con esta decisión la Unión Europea reconoció que no existen las condiciones para promover un Acuerdo de Asociación entre bloques y le dio prioridad a sus intereses comerciales. La propuesta de los gobiernos de Alan García y Álvaro Uribe, de avanzar por la vía de una negociación bilateral, avalada por la Unión Europea, representa una decisión nefasta para la pervivencia de nuestros pueblos, niega los esfuerzos de una integración regional alternativa y constituye un grave precedente antidemocrático, fuera de todo principio de estado social de derecho en nuestra nación.

El TLC con Europa está en nuestros territorios desde hace rato, con inversiones incluso más importantes que las de Estados Unidos y en sectores claves de la economía, como el energético con Unión FENOSA. Buena parte de los servicios públicos, como el agua, está bajo el control de Aguas de Barcelona, monopolio Español; e incursionaron en el mercado financiero con los bancos BBVA. Están en el petróleo, el ferroníquel y el carbón; en las telecomunicaciones, con Telefónica.

Preguntamos; La Unión Europea, ¿cómo está asegurando que el Gobierno Colombiano va a respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas y demás Sectores Sociales una vez firmado el acuerdo? ¿Y cómo va a asegurar que sus empresas respeten los Territorios y Derechos de los Pueblos Indígenas, Campesinos y Trabajadores?

Queremos recordarle al Parlamento Europeo y a las Organizaciones Sociales aquí presentes que en julio de 2008, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena ONIC llevó a cabo el Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión Indígena, donde jueces independientes internacionales indígenas y no-indígenas, y autoridades indígenas colombianas, juzgaron el Estado Colombiano y las empresas transnacionales por su responsabilidad en las múltiples y sistemáticas violaciones de Derechos de los pueblos indígenas. En su dictamen final, los jueces encuentran responsables al Estado y las empresas por violaciones a los derechos colectivos, como el derecho a la autonomía y a la cultura, el derecho a la participación, el derecho al propio desarrollo, y el derecho a la existencia como pueblos indígenas. En términos de derechos individuales, también encontraron violaciones al derecho a la vida y a la integridad física, al derecho a la salud y a la alimentación, a los derechos de las mujeres indígenas, al derecho a la libertad y a la libre circulación, al derecho a la propiedad privada, y al derecho a la justicia y la reparación. Concluyeron los jueces lo siguiente:

Acusar al Estado Colombiano y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por la comisión de graves violaciones a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos indígenas de Colombia que se concretan en la implementación de políticas de exterminio, genocidio, etnocidio y desplazamiento de los pueblos indígenas producto de la cual  cientos de miles de indígenas sufren graves consecuencias.

Por la persecución, torturas, desapariciones, implementación de campañas de desinformación, pago de recompensas para acusar y judicializar a las autoridades y líderes defensores de los pueblos indígenas que luchan por los derechos a la identidad, territorio, cultura, autonomía y participación. 

Por favorecer prácticas ilegítimas que permiten la apropiación violenta e ilegal de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, para desarrollar  proyectos y actividades extractivas de exploración y explotación por parte de las empresas transnacionales.

Por su responsabilidad en la situación crítica de los 18 pueblos indígenas en inminente peligro de extinción y exterminio.

Acusar a las empresas nacionales y trasnacionales Ecopetrol, Oxy, Repsol, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Anglo Gold Ashanti, Bhp Billingthon, Anglo American, Glencore, Xtrata, Monsanto, Dyncorp, Maderas del Darien-Urapalma, Muriel Mining Corporation, Brisa SA, Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold – Cobre y Oro de Colombia SA, por su participación en los referidos hechos.

Por todo lo anterior, solicitamos a la Unión Europea no negociar un Acuerdo de Asociación como se pretende presentar o un TLC con el Gobierno Colombiano, cuando continúa violando constantemente los derechos de los Pueblos Indígenas, criminalizando la Protesta Social, y su modelo económico sigue generando expropiación y saqueo en sus recursos y bienes naturales.

Requerimos que no se premie al gobierno de Uribe Vélez, cuando no ha garantizado  el desarrollo y práctica de una política comercial, que asegure la prioridad en justicia social, la sostenibilidad ambiental y el pleno goce de los derechos de los Pueblos Indígenas, los Derechos Humanos y laborales de todos los hombres y mujeres habitantes de los países de Colombia y el área Andina.

Abril del 2009 

Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC