La Constitución Política de la República señala en su artículo 17 que el gobierno está en la obligación de proteger la vida de toda persona que reside en el territorio nacional. En el caso de las cuatro personas que fueron muertas violentamente en Darién estamos frente a lo que pareciera ser una flagrante violación de ese mandato constitucional por parte del gobierno En vez de investigar los hechos de violencia que le costó la vida a 4 panameños que residen en la frontera con Colombia, como ocurrieron y quienes son los responsables, las autoridades gubernamentales han hecho caer todo el peso de la justicia sobre un individuo que acusan de colaborador de los asesinos. Sin embargo, no hay interés alguno en identificar a los asesinos En declaraciones a la prensa, la presidenta de la República ha señalado que desconoce como se dieron los hechos. El ministro de Gobierno y Justicia, sin conocer la realidad de los hechos, pidió que efectivos militares norteamericanos llegaran a la zona fronteriza con el fin de inspeccionar el área. El director de la Policía Nacional declaró que no tiene información sobre los acontecimientos en la frontera. Aparentemente, los estamentos más altos del escalafón gubernamental admiten su ignorancia sobre la realidad que caracteriza la vida en la frontera entre Panamá y Colombia Del lado colombiano, pareciera que existe un poco más de información. El gobierno de Bogotá minimizó la muerte de los cuatro panameños. Según las autoridades tradicionales del altiplano, indiferentes a las muertes que causan sus desgobiernos, sus guerras civiles siempre cobran vidas inocentes. (En este caso, sin embargo, se pasaron de la frontera). Por otro lado, los paramilitares (las llamadas Autodefensas Campesinas) dieron dos partes militares explicando las muertes de Paya. El comandante Castaño señaló que en un enfrentamiento en la frontera habían tomado bajo su custodia a un grupo de norteamericanos que se encontraban en el área. En otras palabras, algo tuvieron que ver los paramilitares y los norteamericanos con las muerte de los cuatro panameños. Sin embargo, posteriormente, otro comandante paramilitar indicó que el enfrentamiento armado había tenido lugar lejos de la frontera y que en ese lugar habían decidido darle protección a los norteamericanos Es obvio que las muertes en el Darién fueron causados por los paramilitares. El gobierno panameño, sin embargo, se resiste a exigirle al gobierno de Bogotá que entregue a los irregulares para someterlos a las autoridades judiciales del país. La presidenta de la República tampoco le ha exigido al gobierno colombiano que haga una investigación detallada de lo ocurrido en la frontera con Panamá. El ministro de Relaciones Exteriores quien debería haber convocado al embajador panameño en Bogotá, se encuentra totalmente ajeno a sus obligaciones Sería muy oportuno que las autoridades judiciales panameñas investiguen con un poco más de detalle el papel que jugaron los tres norteamericanos involucrados en este caso. Las autoridades judiciales detuvieron al guía de los tres norteamericanos, pero no han dado a conocer las declaraciones del acusado de "complicidad". ¿Complicidad con quién? ¿Con los paramilitares? ¿Con los norteamericanos? Uno de los norteamericanos que salió del área con la ayuda de las Autodefensas Campesinas (grupo irregular que apoya al Ejército de Colombia en sus actividades represivas) es un reconocido empresario de las llamadas "aventuras extremas" que tienen un amplio mercado en EEUU. Califica a Panamá como un "lugarcito sucio y desagradable" y, a la vez, uno de los lugares más peligrosos sobre el planeta. Habría que investigar si la muerte de cuatro panameños puede ser parte de una promoción empresarial del país para los aventureros extremos. ¡Trágico desenlace! El gobierno panameño que cumple con el mandato constitucional debe ejecutar, a corto plazo, una política de reconocimiento de nuestra frontera con Colombia para controlar todos los movimientos que pueden amenazar la seguridad de nuestra ciudadanía. Además, a mediano plazo, el ejecutivo está obligado por la Constitución a mantener una relación diplomática con Bogotá que exija respeto y consideración por parte de ese país para con los panameños. (Esto implica el arresto y entrega a Panamá de los responsables de los muertos en Paya). A largo plazo, la Presidencia de la República tiene que entender que su responsabilidad constitucional es garantizar el desarrollo de la provincia del Darién, y de las nuevas comarcas indígenas, con la ejecución de programas económicos y sociales coherentes y efectivos. En las tres áreas señaladas, el gobierno nacional ha fracasado. (Los gobiernos anteriores tampoco pueden ser bien calificados). Panamá sabe lo que tiene que hacer. La Constitución Política le da a los gobernantes el mandato para hacerlo. No hay excusa para seguir fracasando y haciendo de nuestra frontera oriental con Colombia un campo de muerte