La Personería de Medellín solicitó la presencia en Medellín de Christian Salazar Wolkmann, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que ejerza un papel de veeduría y acompañamiento a las organizaciones sociales en riesgo de judicialización, criminalización, persecución y estigmatización a causa de su labor.

La solicitud fue hecha por el órgano de control de la capital antioqueña tras calificar como “grave” la situación que vive actualmente el movimiento social de esta ciudad, que a lo largo del año ha sufrido de robos de información y asaltos a las sedes de varias de ellas, amenazas a varios líderes sociales y atentados con armas blancas y de fuego a otros más.

Asimismo, la Personería rechazó las acusaciones contra organizaciones sociales y políticas de la ciudad formuladas con base en informes de inteligencia que relaciona a miembros del movimiento estudiantil, representantes de las víctimas del paramilitarismo, activistas de derechos humanos, sindicalistas, dirigentes con estructuras de las Farc, Eln y el llamado PC3 (Partido Comunista Clandestino de Colombia).

A la solicitud del Personero de Medellín se suma también la petición que hará el Comité Municipal de Derechos Humanos, integrado por diversas organizaciones no gubernamentales y el órgano de control, de pedirle formalmente al Concejo de la ciudad realizar un debate público cuyo tema central sea precisamente la persecución que viene padeciendo el movimiento social.

Con ello se buscará poner en evidencia ante la opinión pública el conjunto de hechos anómalos que han sufrido a lo largo de este año y que, según las organizaciones sociales, dejaron de ser considerados como hechos aislados.

Para los miembros de la Secretaría Técnica del Comité, dado el contexto en el que se desarrolla actualmente el trabajo de acompañamiento, promoción y defensa de los derechos humanos, se hace necesario llevar la discusión a un escenario más abierto y que involucre a todos los sectores de la sociedad.

La petición le será formulada en los próximos días a la Corporación y, de darse el espacio, las organizaciones que integran el Comité también aprovecharán la ocasión para exigirle a las autoridades judiciales y a los organismos de seguridad del Estado claridad frente a la reciente utilización fraudulenta de emblemas, nombres, firmas y números de cédula de dos abogados de la Corporación Jurídica Libertad para elaborar un falso documento con graves imputaciones dirigidas a otras organizaciones sociales.

Frente a este hecho, así como frente a la posibilidad de que varias ONG afronten un proceso penal por cargos de rebelión, hecho que fue denunciado por la Agencia de Prensa IPC, el Comité pidió a través de un comunicado que la Procuraduría General de la Nación cumpla con el compromiso de revisar los archivos de inteligencia militar y policial y que “sancione disciplinariamente a aquellos agentes del Estado que con sus acciones u omisiones pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos”.

De igual forma, el Comité solicitó a la Fiscalía General de la Nación que desmonte la figura de fiscalías seccionales y especializadas destacadas ante guarniciones militares y de policía, “ya que su actividad, en la mayoría de los casos, ha dado lugar a las violaciones flagrantes del debido proceso y el derecho de defensa”.

“En este sentido cabe recordar lo sucedido en el proceso Álgebra II, adelantado por la Fiscalía 51 especializada adscrita a la IV Brigada en mayo de 2005 contra 10 estudiantes de la Universidad de Antioquia, acusados de terrorismo. Los universitarios fueron capturados, llevados hasta la cárcel Bellavista y 10 meses después puestos en libertad por falta de pruebas, en un proceso lleno de irregularidades”, expresó un miembro de la Secretaría Técnica del Comité, quien pidió la reserva del nombre.

Para las organizaciones que integran el ente, la intención de judicializar al movimiento social evidencia que existe una política de criminalización de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, del derecho de opinión y de oposición política, para colocarlas en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad.

“No reivindicamos para nosotros ni para nuestras organizaciones inmunidad ni mucho menos impunidad; pero sí exigimos de manera categórica que las acciones judiciales en contra nuestra se hagan con base en la legalidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa”, precisa el comunicado en uno de sus apartes.

Todo lo anterior se da en los meses previos a las visitas que recibirá el país, a mediados del presente año, del Relator Especial de las Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos, el Relator para Ejecuciones Extrajudiciales y la visita in locu de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Cada misión sostendrá reuniones con representantes del Gobierno, activistas y comunidad, a fin de tener una visión global sobre la situación de derechos humanos en el país y, especialmente, la de aquellas personas que se dedican a esta actividad.

“Demandamos que estas visitas incluyan reuniones de trabajo con las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de Medellín, e incorporen la situación de la ciudad de manera específica en sus informes”, concluye el documento.

- Agencia de Prensa IPC, www.ipc.org.co/agenciadeprensa