Venezuela dispuso nacionalizar seis empresas siderúrgicas, tres de ellas del grupo Techint, y en Buenos Aires ardió Troya. Casi todas las cámaras empresarias y financieras se abroquelaron en defensa del pulpo de acero.

El vocero de la Sociedad Rural Argentina es uno de los que llevan el más minucioso registro de las nacionalizaciones de Hugo Chávez,  para despotricar en contra. Ese matutino puntualizó que era la tercera medida adversa al grupo Techint, pues el gobierno de Caracas había recuperado primero unas áreas petroleras que explotaba Tecpetrol; luego corrió la misma suerte Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y finalmente el jueves pasado se supo que el decreto nacionalizador había recuperado a las empresas Tavsa, Matesi y Comsigua.

Estas últimas eran del pulpo siderúrgico argentino presidido por Paolo Rocca y en Ciudad Guayana se encargaban a fabricar caños sin costura para la industria petrolera, y briquetas y otros productos intermedios para la metalurgia. Las otras tres compañías estatizadas pertenecían a capitales australianos y venezolanos.

El griterío ensordecedor de los capitalistas que se sintieron afectados y los medios de prensa que defienden sus intereses en Caracas y en Buenos Aires, trató de presentar las nacionalizaciones como un despojo.

No hay tal cosa. El gobierno chavista ha dicho que abonará las indemnizaciones que corresponda. El 15 de mayo, cuando el líder bolivariano estuvo en Buenos Aires, se conoció que había cerrado trato con Techint por la indemnización por Sidor. Se pagarán 1.970 millones de dólares, lo que dejó satisfecho a Rocca.

Un proceso similar de discusión sobre el precio de Tavsa, Matesi y Comsigua se pondrá en movimiento. El tire y afloje por Sidor duró desde julio del año pasado hasta mayo de 2009, lo que puede ser tomado como un lapso de referencia sobre lo que puede insumir la nueva discusión. Pero despojo seguro que no hay. Algunos sectores obreros de Venezuela cuestionan que su mandatario es propenso a abonar indemnizaciones por encima de lo que debería oblarse. Hasta el momento el proceso bolivariano expropió 22 empresas y pagó unos 15.000 millones de dólares. Esta lista se engrosó con las decisiones adoptadas en las últimas semanas, que tienen dos razones de ser: había una demanda laboral y social para recuperar esas compañías, sempiternas violadoras de las leyes laborales y la seguridad social; y hay una decisión política del gobierno de forjar una fuerte industria estatal, integrada.

No era posible continuar con empresas paradas durante cuatro meses por no abonar a sus empleados lo que marcan las leyes. Ni con una situación de no integración, donde una estatal vende hierro subsidiado a Sidor, por entonces de Techint, quien fundía el acero y vendía al exterior, a sí misma (Ternium de México, ex Hilsamex), que luego sí vendía al mercado venezolano a precios muy elevados. Ahora el mineral, el acero y los productos intermedios estarán controlados por el Estado.

Aquí están, estos son…

El conflicto entre Techint y el gobierno bolivariano ha tenido la virtud de poner negro sobre blanco, sin ningún gris, los intereses que se mueven alrededor de los Rocca en el plano económico-gremial, el político y el mediático. Ha sido un aporte a la clarificación política en la conciencia de millones de argentinos, los que deberían tomar nota de estos elementos de prueba.

Es que ante la expropiación de las tres compañías en Guayana, los medios de comunicación porteños se atosigaron con comunicados patronales solidarios con el máximo monopolio industrial.

Aún a riesgo de omitir alguna entidad, esa lista estuvo encabezada por la Unión Industrial Argentina (UIA), Asociación Empresaria Argentina (AEA) Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA), Sociedad Rural, Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Cámara de Exportadores de la República Argentina (CRA), Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), Asociación de Bancos de Argentina (ABA), Cámara Argentina de Comercio y Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Varias, en particular la UIA, AEA, Construcción, IDEA y Exportadores, están bajo el control directo de Rocca y sus ejecutivos como Luis Betnaza.

La extensa nómina de repudios a Chávez tenía como argumentos la defensa de la propiedad privada y la seguridad jurídica, y una expresa convocatoria, que sonaba extorsiva, a Cristina Fernández, para que hiciera de abogada de Rocca ante Chávez y volteara los decretos de “nacionalícese”.

La gran burguesía industrial, exportadora, comercial y financiera, firmante de esos comunicados, supuestamente estaba embanderada con la celeste y blanca. Como si Techint y la Nación Argentina fueran la misma cosa.

En esos textos se presentaba a Chávez como un verdugo de los intereses argentinos, lo que es totalmente falso: cuando nuestro país necesitó colocar títulos públicos, allí estuvo Caracas como receptora de 5.000 millones de dólares en esos papeles; Sancor iba a caer en manos de George Soros, pero Chávez le prestó varios millones de dólares pagaderos en leche en polvo; varias fábricas arruinadas por la crisis de 2001, como Zanello (actual Pauny), resucitaron vendiendo a ese mercado sudamericano.

La derecha política

La derecha política es en general retardataria. Ya en el conflicto por la soja, no fueron los partidos de la oposición los que lideraron los lock out sino los productores de la Mesa de Enlace. Aquí pasó otro tanto. Los que primero salieron al ruedo a condenar las recuperaciones chavistas fueron los grandes industriales y banqueros arriba citados. Más tarde se subieron a ese tren los políticos de la derecha doméstica como Elisa Carrió, Mauricio Macri, Francisco de Narváez y Ricardo Alfonsín.

Tan ocupados estaban de pleitear judicialmente contra las candidaturas testimoniales y en sus propias internas, que demoraron en reaccionar ante una medida que afectaba a un monopolio como Techint, cuya defensa irrestricta debería estar entre sus prioridades. Llegaron tarde otra vez.

Y cuando lo hicieron, fue para ir más allá, groseramente, de las tomas de posiciones empresarias contrarias a Chávez. Es que mientras la UIA deploraba la nacionalización y le pedía a la presidenta que intercediera para defender “una empresa argentina”, Carrió y Macri directamente acusaron al gobierno argentino de haber sido socio o cómplice de las nacionalizaciones.

El sofisma es así: si Chávez vino el 15 de mayo a Buenos Aires, y estuvo con los Kirchner allí y en El Calafate, ¿cómo no denunciar que estos anfitriones sabían y compartían la decisión que se hizo pública el jueves 21? Luego de comprobar tan fácilmente su hipótesis, la matrona del Acuerdo Cívico y el empresario dueño de la jefatura de gobierno coincidieron en algo peor aún para sus intereses: los Kirchner prepararían su propia ola de nacionalizaciones si ganan el 28 de junio, pues es la ruta populista radical inaugurada por su amigo Chávez. El corolario es obvio y obsceno: si los argentinos no quieren que aquí haya expropiaciones, deben votar a la oposición, que defiende cabalmente los intereses de Techint  y las principales empresas.

De toda esa construcción, lo único cierto es el final. Lo dijo la propia Carrió en oposición a  una nueva ley de comunicación audiovisual: “si por defender la libertad de prensa tenemos que defender a grandes empresas, lo vamos a hacer”.  Que Macri tiene sintonía fina con la mayoría de las cámaras que firmaron los citados comunicados, eso no necesita demostrarse: es una de las pocas certezas en medio de la crisis internacional y nacional.

Ahora bien, que Chávez le haya confiado al matrimonio Kirchner su intención confiscatoria de Techint, eso no puede afirmarse ni negarse. Es sólo una posibilidad. Y aún si así hubiera sido, eso no convierte al matrimonio en cómplice de nada porque obviamente tenían que respetar la decisión de un país soberano como Venezuela.

Lo importante es determinar si en nuestro país comenzará una seguidilla de nacionalizaciones el 29 de junio en caso que las legislativas sean ganadas por el kirchnerismo. Eso es lo que dan por seguro Carrió y Macri, lo que los hace incurrir en una grosera contradicción. ¿Ganará o no el oficialismo? ¿No era que sufriría una derrota aplastante?

En el afán por impedir esa victoria K, los opositores pintan un escenario de catástrofe originada en medidas antiimperialistas. Uno no puede predecir el futuro pero sí analizar el presente. Y sobre 58 privatizaciones menemo-aliancistas, desde 2003 a la fecha sólo volvieron al Estado 8: Correo Argentino, Thales Spectrum, dos ramales ferroviarios, AySA, Aerolíneas, fondos de las AFJP y Lockheed. En seis años aquí no se tocaron  el petróleo, la siderurgia, las telecomunicaciones ni los bancos. Difícilmente los toquen el 29 y esa es una de las diferencias entre Chávez y Cristina.

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