Alertamos a la comunidad internacional, a los gobiernos y parlamentos del mundo, a las centrales sindicales, movimientos sociales y a los organismos de derechos humanos, sobre la gravísima situación que estamos sufriendo en Colombia por cuenta de la agudización sistemática de los ataques del gobierno de Álvaro Uribe Vélez contra las instituciones legítimas del país y contra quienes cuestionan y promueven alternativas a sus políticas por vías democráticas y pacíficas.

Múltiples hechos ponen en evidencia esta dramática situación:

·    El acecho contra el poder judicial, a cuyos integrantes ha vigilado, calumniado y desconocido sistemáticamente, lo cual ha obligado la presencia de un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial y otro sobre las llamadas ejecuciones extrajudiciales, las cuales constituyen un crimen de Estado ampliamente documentado.

·    La persecución contra dirigentes sociales, acusándolos irresponsablemente y sin pruebas de ser miembros de organizaciones armadas en Colombia, como lo acaba de hacer en su visita a Canadá, amenazando con capturarlos con el apoyo de otros gobiernos.

·    La persecución contra destacados dirigentes políticos de oposición, como Jorge Enrique Robledo, Piedad Córdoba, Wilson Borja, Gloria Inés Ramírez y Jaime Caicedo, contra quienes la Procuraduría -institución sometida a los intereses del Presidente- ha abierto investigación disciplinaria, basada en supuesta evidencia de vínculos con grupos ilegales, en un acto más de manipulación de la justicia para perseguir contradictores políticos serios, respetados y legítimos y cerrar espacios democráticos por la vía de su criminalización.

·    La amenaza de convocar a una Asamblea Constituyente para cerrar el Congreso de la República, si no se aprueba el referendo que le permitirá reelegirse.

·    La persecución hacia importantes y reconocidos líderes indígenas, como Feliciano Valencia, Aida Quilqué y Daniel Piñacué, contra quienes se han expedido órdenes de captura, desconociendo la jurisdicción indígena claramente establecida en la Constitución Nacional.

·    El recrudecimiento de los ataques y asesinatos de los líderes de las confederaciones de trabajadores del país, por lo que la OIT ha vuelto a incluir a Colombia en la lista de vigilancia de la Comisión de Aplicación de Normas, mientras que la Central Sindical Internacional ha vuelto a confirmar que de los 76 sindicalistas asesinados en 2008, más de la mitad lo fueron en Colombia.

·    Los escándalos que rodean al gobierno todos los días se multiplican. La vinculación de altos funcionarios del gobierno con los grupos paramilitares, las interceptaciones telefónicas a miembros de las Cortes y de la oposición como parte de un programa sistemático de seguimiento a los mismos. las ejecuciones extrajudiciales y la presión sobre el Congreso para que apruebe la reelección, entre otros hechos.

En los últimos días, esta situación se ha agravado y Uribe Vélez ha pretendido, con numerosos viajes al extranjero y haciendo esfuerzos por suscribir lesivos tratados, tender una cortina de humo ante la opinión pública internacional, buscando apoyos a costa de enajenar el patrimonio nacional, aceptar toda clase de condicionamientos onerosos y distraer la atención sobre las realidades de su gobierno, acusando a todo el que se le opone de ser cómplice de actos terroristas, que han sido ampliamente condenados por quienes participan del movimiento indígena, social y de la izquierda democrática, a la cual el Gobierno estigmatiza y persigue.

Hacemos un llamado a todos los gobiernos y pueblos del mundo a solidarizarse con el pueblo colombiano que sufre el resultado de 7 años de ataques a la democracia por parte de Álvaro Uribe Vélez. Las medidas del Gobierno, dirigidas al cierre de espacios democráticos, la centralización del poder en el Presidente y en los órganos del ejecutivo y de la fuerza pública, con vínculos evidentes con el narcotráfico y con el paramilitarismo, se están incrementando a medida que crece el cerco de las acusaciones, investigaciones y evidencias  sobre las acciones ilegales y criminales del Gobierno.

El Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez pretende asfixiar las ya limitadas libertades constitucionales, desmantelar los derechos ciudadanos y colectivos, perseguir y silenciar cualquier forma de oposición democrática y entregar al mismo tiempo la riqueza y soberanía del país a cambio de obtener respaldos internacionales que le permitan superar su evidente ilegitimidad. La sociedad y la democracia Colombiana enfrentan a esta hora una gran amenaza que proveniente de su Gobierno.

Exigimos a los Jefes de Estado y a los Parlamentos de los países que están negociando o en proceso de ratificación de un Tratado de Libre Comercio con el gobierno colombiano, detener estos acuerdos que profundizarán la situación de pobreza, desplazamiento y violencia en Colombia y le darán al Presidente Uribe el respaldo que busca para consolidar su proyecto autoritario.  

* Recalca congrega a 50 de las organizaciones sociales y sindicales más importantes del país, para coordinar las estrategias de educación, divulgación y movilización frente a los Tratados de Libre Comercio que impulsa el gobierno nacional.

Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca
Página Web: www.recalca.org.co