El Congreso de la República del Perú tenía una importante cita pendiente a la que ha acudido el miércoles día diez de junio. Su Comisión de Constitución y Reglamento había dictaminado a favor de la derogación de algunas de las principales disposiciones que, por atropellar derechos de los pueblos indígenas, han provocado el levantamiento amazónico y la reacción gubernamental con resultado de muertes. Otras comisiones del propio Congreso están recomendando ulteriores derogaciones por razones de inconstitucionalidad, unas razones que resultan tanto de contenido, por dicha lesión de derechos, como de procedimiento, por tratarse en su mayoría de decretos legislativos que desbordaron los términos de la correspondiente habilitación del Congreso al Gobierno.

Tras un par de aplazamientos, por fin el pleno aborda la cuestión. En las vísperas, el martes día nueve, el Grupo Parlamentario Fujimorista presenta una proposición legislativa que no se opone a la derogación, pero la sustituye por la suspensión “mientras se establece un espacio político con nuevos interlocutores válidos a efectos de solucionar los gravísimos problemas suscitados por la falta de comunicación, difusión y consenso para efectos de llevar a cabo reformas relacionadas con el desarrollo de la amazonía”. Obsérvese bien pues ya adelanto que, respaldada por el partido de gobierno (la Alianza Popular Revolucionaria Americana: APRA), la propuesta fujimorista, y no la procedente de la Comisión de Constitución y Reglamento, ha sido sustancialmente la aprobada por el pleno del Congreso el miércoles diez.

Lo que se propone es la suspensión temporal de unas normas, no de sus aplicaciones en curso, a los efectos además de que pueda restablecerse un régimen de explotación o, como se dice, desarrollo de la Amazonía que en sí no se pone en cuestión a ningún efecto. El asunto de los derechos indígenas ni siquiera se menciona. Y no es todavía lo peor esta falta completa de disposición a la recapacitación que permitiera sentar unas bases para la resolución del conflicto. Lo pésimo es que la interlocución indígena se descalifica e invalida. Tal cosa se pretende en términos bien expresos. La previsión que se hace es la de nuevos interlocutores válidos, interlocutores que serían cooptados por el Gobierno. No sólo no se muestra disposición a tomar en cuenta las reclamaciones indígenas, sino que se queman los puentes para la reconducción del conflicto. Dicho brevemente, en dicho contexto bien a la vista y con tales objetivos nada disimulados, la suspensión es una burla.

De las motivaciones mejor no hablar si no queremos sentir bochorno además de temor. El vocero del APRA en el Congreso, Jorge del Castillo, quien fuera Presidente del Consejo de Ministros cuando se inició esta historia de decretos lesivos de derechos indígenas, fue esta vez el encargado del alarde tan usual por el Perú durante estos días de argumentos llanamente racistas. Asimila ahora indígena con terrorista, con un terrorista incapaz, terrorista manejado por intereses extranjeros. ¿Derechos de los pueblos indígenas? Ni modo. El discurso oficial no deja resquicio que ofrezca cabida. Desde esos supuestos, ¿cómo no va a clamarse por nuevos interlocutores válidos? Los interlocutores reales quieren ser eliminados del mapa. He ahí un genocidio virtual que sostiene y alimenta el genocidio real. ¿Dónde está la prevención del genocidio que las Naciones Unidas asumen como justa y necesaria obligación internacional?

- Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.