No hubo sorpresa y el gobierno de Estados Unidos ratificó lo que ya se sabía, al cancelar los restantes 62 millones de la Cuenta Reto del Milenio que había congelado por seis meses después del proceso electoral del pasado noviembre 2008 en Nicaragua. Solamente se terminarán con fondos del Estado norteamericano los proyectos que ya fueron contratados y que se están desarrollando, como la construcción de tres carreteras en el occidente del país y el apoyo al sector ganadero.

Durante una conferencia de prensa, el embajador estadounidense en Nicaragua, Robert Callahan, dejó en claro que el principal motivo que llevó la junta directiva de la corporación de la Cuenta Reto del Milenio (CRM), presidida por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a tomar esta decisión fue el tema del supuesto fraude electoral en las pasadas elecciones municipales.

Ante los fuertes comentarios vertidos por miembros del gobierno en los días pasados acerca del uso de la cooperación como instrumento para condicionar la política interna de Nicaragua, Callahan recordó que “el uso del dinero de los impuestos de los estadounidenses siempre está condicionado. Al igual que esta ayuda internacional, muchas otras están condicionadas y sujetas a los principios fundamentales de democracia y gobernabilidad, incluyendo los derechos humanos, el estado de derecho, elecciones libres y justas. En el caso de Nicaragua –continuó Callahan- la ayuda de la cooperación Reto del Milenio no ha sido correspondida con un compromiso del gobierno con los principios democráticos”.

Retomando el tema de las elecciones municipales que asignaron 109 municipios de los 153 existentes en el país al partido de gobierno, el embajador consideró que “parte de la condicionalidad que le ponemos a las ayudas de la Cuenta incluye el llevar a cabo elecciones libres, justas, las cuales son una parte fundamental de la democracia eficaz”. En este sentido, la junta directiva de la CRM parece haber confiado en el criterio de “observadores imparciales y varios grupos de respetables organizaciones nacionales e internacionales”, quienes consideraron que hubo un proceso electoral “profundamente irregular” antes, durante y después de las elecciones.

En nombre del gobierno de los Estados Unidos, Callahan pidió nuevamente al gobierno del Fsln “encontrar una solución nicaragüense a las irregularidades que se dieron con respecto a las elecciones municipales, para así restaurar la fe ciudadana y la confianza en su sistema de gobierno”, al mismo tiempo que salió en defensa de las organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría con una posición abiertamente antigubernamental, para que puedan recibir donaciones sin presiones.

Contestando a las preguntas de los periodistas, Callahan tocó un punto neurálgico de esta situación, al decir que “como todos países del mundo tenemos el derecho de expresar nuestra opinión sobre asuntos internacionales. Nosotros, lo que no podemos hacer y lo que no debemos hacer es meternos directamente en los asuntos internos de otros países. Podemos expresar nuestro desacuerdo, pero no meternos directamente y yo puedo decir que esta embajada no lo hace y no vamos a hacerlo, sin embargo tenemos la obligación de expresar la política de nuestro gobierno”.

Al parecer una abierta contradicción con todo lo que se ha dicho con respecto a la cancelación de la CRM y con la advertencia del mismo embajador Callahan de que toda la ayuda norteamericana está bajo revisión, donde resulta evidente que un acto propio y soberano como son las elecciones se transforma en motivo para castigar la población de un país.

Cuándo un país tan poderoso como Estados Unidos o un conjunto de países altamente desarrollados, como son los que conforman el Grupo de Apoyo Presupuestario, que en las próximas horas van a decidir si suspender o no la ayuda que permite financiar el Presupuesto General de la República, deciden apoyar económicamente a países subdesarrollados como Nicaragua, ¿cuál es el confín que separa el acto de donar  del poder que eso conlleva? ¿Cómo cuidar que el poder que otorga una donación que es vital para el desarrollo de un país en búsqueda de su propia soberanía no se transforme en imposición? ¿Cuál es, entonces, el confín sutil que existe entre donación para el desarrollo e la imposición? ¿Y hasta qué punto pueden llegar estas imposiciones camufladas de condicionalidades?

Preguntas que hasta la fecha nadie parece querer contestar.

Para Gustavo Porras, secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores, Fnt, la decisión del gobierno norteamericano es una abierta forma de ingerencismo.

“Aquí hay dos actores: el gobierno norteamericano que quiere doblegar este pueblo por hambre y ya no con las armas como en el pasado, y las fuerzas opositoras nacionales que fueron a Estados Unidos y a Europa pidiendo que cortaran la ayuda a Nicaragua. Ahora –continuó Porras- salen todos haciendo el gran escándalo porque efectivamente la ayuda fue cancelada. Ellos son los que montaron todo el tema del fraude electoral y lo que buscaron que se suspendiera la ayuda”, agregó.

No obstante, para Porras de esta situación de dificultad se puede sacar provecho. “Se fue la ayuda, pero vamos a seguir adelante y vamos a buscar como substituirla. Ya hay promesas por parte de Venezuela para remplazar esos fondos que hemos perdido y no dudamos de que sea así. El gobierno y los movimientos sociales vamos a trabajar para conseguirlo”, concluyó.

© Giorgio Trucchi