La represión del plantón que campesinos e indígenas mantuvieron en Nazareno por 17 días para impedir que las empresas tuvieran acceso a sus campamentos y evitar una mayor devastación es la respuesta del gobierno a una manifestación pacífica que quería llamar su atención a la lesión producida por la minería metálica a cielo abierto.

La ciega obediencia al neoliberalismo desenfrenado pasa sentencia de muerte a recursos naturales que son entregados para complacer la voracidad de saqueadores panameños y canadienses.

La represión confirma la guerra al pueblo en San San Drui, en Soná y La Palma , en Guaribiara, en Charco La Pava , en Tonosí, en Chorcha, Cerro Colorado y en otros sitios para que los depredadores arrollen con su maquinaria y rocíen con perdigones, bombas lacrimógenas y químicos a gentes que no comprenden cómo y por qué el gobierno permite que les disparen desde helicópteros prestados por las empresas cuando huyen por los montes, ni entienden cómo y por qué un gobierno “torrijista” sea alcahueta de acaparadores y geófagos profesionales.

En Nazareno, las comunidades platicaron el sábado 16 de mayo con el representante del alcalde de Donoso, la corregidora y el jefe de la Policía. Éstos acordaron tramitar sus reclamos, con lo cual se abrió un proceso de consulta y una tregua. El lunes 18, a instancias de las empresas que acusaron al campamento de “amasar armas para asaltarla”, la Dirección de Investigación Judicial y la Policía de Coclé lo requisaron con resultado negativo. Esta fue la primera violación del proceso de consulta.

El jueves 21, el gobernador de Colón, Julio Kennion, conversó con las comunidades y prometió regresar el martes 26. El sábado 23, en una segunda violación de las conversaciones, tres vehículos con antimotines fueron enviados a despejar el plantón, pero una tregua con el jefe al mando permitió que nuestra delegación (Celma Moncada, representantes de La Estrella y este columnista) arribáramos a encarar a los antimotines quienes, luego de tres horas, se retiraron.

Kennion visitó a Celma Moncada el lunes 25 y le dijo que no iría el martes 26, sino el miércoles 27. Sorpresivamente, el martes llegaron los antimotines y esta vez, sin preavisos, desvencijaron y quemaron el campamento, arrastraron a campesinos y ambientalistas (Carmencita Tedman, José Yángüez y Paolita), arrestaron a 20, incluyendo al representante Toribio Valdés; robaron cientos de Balboas y desbarataron equipos, además de quemar tanto la bandera rojiverde del Comité pro Cierre de Petaquilla como la bandera nacional. La represión del 26 fue la tercera y última violación de la consulta.

Tan pronto se tuvo noticia, temprano en la mañana, Serpaj-Panamá envió a una abogada que estaba en el área a Coclesito, mientras que Teresa y Celma Moncada presentaban los Habeas Corpus, proceso que tomó hasta entrada la nochecita. Llegamos a Coclesito y, ya en libertad los campesinos, se hizo una reunión con 200 moradores hasta las 4 a .m. del día siguiente.

Las comunidades quisieron auxiliar al Estado en el cumplimiento de la Ley para detener a las empresas que han desobedecido las órdenes de la ANAM de suspender operaciones y pagar las multas. Como dijo un ciego, “amanecerá y veremos”.

Fuente: Colectivo Panamá profundo

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