Para Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para el tema de ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, la comisión de este crimen de guerra en Colombia podría responder a una práctica “mas o menos sistemática” que involucra a una “cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”.

Así lo señaló en el informe que entregó este miércoles 18 de junio y en el que consignó sus observaciones sobre la situación de las ejecuciones extrajudiciales en el país. Alston realizó una gira desde el pasado 8 de junio por varias regiones colombianas, en la que se entrevistó con autoridades nacionales y departamentales, altos mandos militares, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas de esta práctica atroz.

Fruto de dichas consultas, Alston concluyó que si bien no ha encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del Gobierno, o bajo el conocimiento del Presidente de la República o los sucesivos Ministros de Defensa, también es insostenible la tesis según la cual las ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por un pequeño puñado de “manzanas podridas” al interior de las Fuerzas Militares.

“La expresión ‘falsos positivos’ brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracteriza mejor por el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes con fines de beneficio (…) He entrevistado a testigos y supervivientes que describieron matanzas muy similares en Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, César, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello”, dice el informe en uno de sus apartes.

Lo anterior concuerda con las denuncias hechas por organizaciones no gubernamentales como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (Cceu), coalición que agrupa a cerca de 120 ONG defensoras de derechos humanos de todo el país, que en un informe fechado el 30 de octubre de 2008 señaló cómo entre enero de 2007 y junio de 2008 se documentaron 535 casos de muertes de civiles atribuibles a miembros de la Fuerza Pública, en 26 de los 32 departamentos del país.

El Relator Especial advirtió también sobre las presiones e intimidaciones que están recibiendo los familiares de personas muertas violentamente y reportadas por el Ejército como “guerrilleros dados de baja en combate”, lo que agrava aún más el panorama en materia de respeto a los derechos humanos.

“Una mujer de Soacha relató como en el 2008 uno de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común”, señala el informe.

Dicha situación también se ha registrado en Antioquia, departamento que presenta el mayor número de casos documentados de ejecuciones extrajudiciales. Las Hermanas Sandra y Tatiana Cañola, de Medellín, cuentan con medidas de protección emitidas por la Fiscalía de esta ciudad, luego que denunciaran el asesinato de su hermano Zahir, soldado profesional, a manos de sus superiores cuando éste se negó a “ajusticiar” a una pareja de campesinos en el municipio de San Vicente, Antioquia.

Lentitud de la justicia

Si bien el informe tiene el carácter de preliminar, las observaciones hechas por el Relator Especial recogen preocupaciones expresadas por defensores de derechos humanos frente a la situación de las ejecuciones extrajudiciales.

Una de ellas guarda relación con las acciones emprendidas por la justicia. EL documento entregado este miércoles 18 por Alston señala que si bien se han emprendido acciones y medidas por parte del Gobierno Nacional a fin de hacerle frente a estos homicidios y prevenir su ocurrencia en el futuro, “sigue habiendo una brecha muy grande entre la política y la práctica”.

De acuerdo con las observaciones del Relator Especial, “la Fiscalía, y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal,  recursos o formación”, por lo que pidió aumentar sustancialmente los recursos para el Ente Investigador y pidió que el próximo Fiscal, que será elegido en mes y medio por la Corte Suprema de Justicia a partir de una terna que propone el Presidente, sea una persona “fuerte, independiente y de prestigio”.

Y continúa el documento: “En algunas zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria. Se demoran u obstruyen la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas”.  

Por último, el Relator Especial deja entrever que en su informe final, que será entregado en unos cuatro meses, planteará unas recomendaciones entre las que se destacan la supresión de todo tipo de incentivos para los militares por ejecuciones, la no prescripción de los procesos civiles contra funcionarios en casos de ejecuciones extrajudiciales y la necesidad de promover una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de investigar dichos alegatos.

- Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co/agenciadeprensa