La lucha de las comunidades nativas y pueblos amazónicos, articulados en  AIDESEP, su dramático y contundente desenlace, marcan un antes y un después en la política nacional.

Para el gobierno de García está nítido: 78% de desaprobación nacional urbana (sería más con lo rural). 57% que lo responsabiliza de la criminal y torpe matanza de nativos, pobladores y policías, que su soberbia azuzó. Pocos aceptan el inconsistente y sangriento costo del retroceso para derogar, hasta ahora, 4 DL que impuso mañosa e ilegalmente (violando convenios internacionales y las facultades legislativas delegadas). Casi nadie acepta el mantenimiento –con respirador artificial– de un gabinete ilegítimo, manchado de sangre, ya muerto, que no podrá reemplazar por quien quiera. Se agrieta su alianza (UN, fujimorismo y alanismo) y su relación con la gente, pues insiste en la persecución y criminalización a la lucha social (detención de líderes nativos y destierro de su dirigente, Alberto Pizango). Finalmente, se siente el fracaso del programa del Perro del Hortelano. Crece el rechazo al trato insultante, prepotente y al maltrato de su fundamentalismo neoliberal a los pueblos originarios, las comunidades campesinas, los pequeños propietarios y las mayorías nacionales que batallan diariamente por sobrevivir y progresar. Y se desgasta el mito del paraíso de país que seríamos, manejados por las grandes empresas transnacionales a las que sirve García.

Pero la batalla amazónica también ha hecho evidente lo deslegitimado y apolillado que se encuentra el sistema político peruano. El Congreso está en el piso: 11% de aprobación. Su manejo prepotente se evidencia en la sanción ilegal a los que protestan contra el abuso al suspenderlos y pretender desaforarlos. El país entero ve que baila al ritmo de Palacio y sus locuras y humores, mostrándose incapaz de responder ante la ciudadanía y de resolver los urgentes problemas. A su vez, preguntados si aprueban o desaprueban la forma como se han conducido frente al conflicto amazónico, sólo las comunidades nativas reciben 51% de aprobación. Sigue Pizango con 32%. Desaprobados: García, 84%; Mercedes Cabanillas,  77%; y Simon con 69%. La bancada aprista tiene 82%, y todos los liderazgos nacionales (desde Lourdes Flores, Keiko Fujimori, Toledo y Humala) oscilan entre 52% y 59% de desaprobación. Una evidente crisis de confianza, que sólo parecen mantener los movimientos sociales que protagonizaron la lucha por su dignidad y sus derechos.

La lucha amazónica, protagonizada por una minoría (las etnias amazónicas bordean los 400,000 habitantes), no solo logró vincularse con el resto de la población urbana y rural de la Amazonía, sino que se convirtió en un símbolo para las mayorías de país. De allí la jornada nacional de lucha del 11 de junio y los paros regionales que la acompañaron, así como las huelgas que se desataron en Andahuaylas y Sicuani, la anunciada en Ucayali,  los Paros Agrarios de Fartc y la FDCP en Cusco y Puno desde el 24 de junio y la Jornada del 7, 8 y 9 de julio.

Gran parte del país reconoce en ellos la tenacidad en rescatar y defender su dignidad como pueblos, la firmeza para hacer respetar su derecho legal a ser consultados sobre las normas que los afectan (esta fue la segunda huelga desde 2008 y resistió 60 días), la tremenda valentía en defender los recursos naturales del país, cuestionando la cotización de la Amazonía–a cualquier precio– para concesionarla a las industrias extractivas en manos de transnacionales, destruyendo el ecosistema y el medio de vida de los pueblos. Han dado grandes lecciones permitiendo que los peruanos recuperemos autoestima, aprendamos que es legítimo, posible y necesario que reaccionemos frente a la prepotencia, el abuso y la mañosería política de las autoridades. Que no nos dejemos pisar y empujar.  Que es posible hacer retroceder a “papa gobierno” y sus abusos.

Sin duda, esto marca otro tiempo. Y un humor que, ante la inoperancia del sistema de representación política, impulsa la acción directa de los pueblos. Allí están Andahuaylas y Sicuani, como ya hemos señalado. Pero plantea problemas de fondo: la necesidad de refundar la República, con una nueva Constitución que recoja mecanismos de democracia directa, de efectiva rendición de cuenta de las autoridades a los ciudadanos, de control de los pueblos sobre las autoridades, que solo ejercen autoridad delegada.

Una Constitución de un Perú plurinacional y diverso, con derechos efectivos, que recupere el control sobre nuestros recursos naturales, la renta que generan, su uso e industrialización (evitando la sinvergüencería de exportar el gas de Camisea mientras lo necesitamos para generar electricidad). Una Carta Magna que garantice derechos sociales. Y, claro, renovar las representaciones políticas y, sobre todo, la relación entre las organizaciones políticas y los movimientos sociales, que no son simple masa de maniobra o base de votos para las elecciones. El Perú está cambiando, para bien.

La República, 22 de junio de 2009
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090622/19/pagina/1634