El Gobierno peruano parece tomar la iniciativa. La ministra de Justicia, Rosario Fernández, ha anunciado que va a crearse la “comisión imparcial” de investigación de los sucesos de Bagua recomendada por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, con representación tanto indígena como internacional. El anuncio parece que no reza para otros miembros del Gobierno, pues siguen anticipando conclusiones por su cuenta. Y el Gobierno aún no se ha comprometido a poner en manos de parte imparcial tanto la composición como la definición de los términos de referencia de la Comisión. De otra forma, la imparcialidad misma resultaría radicalmente comprometida.
Por su parte, la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, se comporta como si ya contase con las conclusiones. Declara que presentará al Congreso “pruebas fehacientes” de la versión oficial de los acontecimientos de Bagua, la versión que sienta, como diría Federico García Lorca, que han muerto más guardias que cartaginenses y que además entiende este presunto dato como decisivo a la hora de calificar los hechos. La Ministra del Interior por lo menos es franca, pues puntualiza que dará “todas las explicaciones que me alcanza la Policía Nacional”. Aún más, la Ministra responsabiliza a indígenas, indígenas bajo la influencia de “un complot político”, de las muertes de Bagua conforme a tales explicaciones, las policiales, que tiene por “objetivas y veraces”. Con todo esto exime de toda responsabilidad al Gobierno. Sobre dichos supuestos, ¿qué idea puede tenerse sobre la necesidad, la entidad y el cometido de una Comisión imparcial?
Ha dicho más la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas: “La policía no actuó sola, porque previamente hubo coordinaciones funcionales con el Comando de las Fuerzas Armadas, en base a autorizaciones que se habían gestionado con esas resoluciones supremas”, resoluciones a las que ya se ha referido sin mayor especificación. Así reconoce una intervención militar que por otra parte ha sido evidente y que ha resultado fatal en la provocación de muertes. Lo importante resulta entonces que esta participación se la atribuya a “resoluciones supremas”, las cuales, en el caso y conforme a los términos de la Constitución, sólo pueden ser las procedentes en forma directa de la Presidencia de la República. El Gobierno presidido por Yehude Simon anda descoordinado, pero se guarda las espaldas. Si la Comisión imparcial, esa comisión que no haría falta según la Ministra del Interior, llega a apreciar alguna responsabilidad política por la masacre de Bagua, la misma ya se ve donde recae según también la Ministra del Interior, no en otra parte que en la misma Presidencia de la República, en el Presidente Alan García.
Por si no fuera poca la confusión producida por miembros del Gobierno entre el anuncio de la Comisión por la Ministra de Justicia y el anuncio de las conclusiones por la Ministra del Interior, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, echa su cuarto a espada. Declara que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) está en peligro poniéndose así en entredicho el crédito internacional del Perú. Ya se sabe que el Gobierno peruano, el encabezado por Jorge del Castillo con Alan García ya en la Presidencia de la República, sacó buen provecho de la entrada en vigor del TLC para hacerse habilitar por el Congreso con unos poderes legislativos extraordinarios, los poderes que le permitieron la promulgación de la serie de decretos masivamente lesivos de derechos, entre otros de derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.
Pues bien, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo arguye ahora que con la derogación ya habida de algunos decretos no sólo impugnados de parte indígena, sino también cuestionados por la Defensoría del Pueblo y por la Comisión Multipartidaria ad hoc del Congreso, detalles que la Ministra calla, “el Perú está incumpliendo” dicho tratado, con lo cual, añade, los Estados Unidos podrían imponer sanciones. Increíble, pero cierto, el argumento. Ante su misma inverosimilitud, es secundario, aunque significativo, que el Embajador de Estados Unidos en el Perú, Michael McKinley, se haya mostrado comprensivo con dicha rectificación respaldándolo a su modo incluso. Ha declarado: “Apoyamos (los Estados Unidos) los derechos de las comunidades a ser respetadas” conforme a lo que vaya a decidirse “entre el pueblo y el Gobierno peruanos”. La Ministra peruana en cambio pretende que ha tenido que enviar una delegación al Senado de Estados Unidos para explicar la derogación de unos decretos, lo cual es algo igualmente inverosímil a la luz de las propias obligaciones contraídas con el TLC.
Dice más la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz. Entendiendo siempre que así tranquiliza a los Estados Unidos, anuncia que su ministerio ya está apresurándose en la preparación de la legislación que sustituya a los decretos derogados. Resulta esto sorprendente porque, dada la materia, dicha tarea no es competencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y porque así además se sigue flagrantemente ignorando el derecho cuya conculcación ha generado toda esta crisis, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. Y la excusa es siempre la de urgencia de la satisfacción del libre comercio comprometido con los Estados Unidos. Hasta los Estados Unidos lo tienen ahora más claro. Este Gobierno del Perú parece estar buscando la complicidad con unos Estados Unidos que ya no existen, los Estados Unidos del Presidente George W. Bush.
¿Y dónde queda con todo la Comisión imparcial, una comisión que podría, entre otros resultados, conducir a una rectificación más amplia, bastante más amplia, de toda la legislación producida con la excusa de la puesta en práctica de TLC? Ésta es otra. El Gobierno peruano está dando por supuesto que la Comisión habrá de ocuparse estrictamente de los acontecimientos de Bagua, una acontecimientos a los que directísimamente se ha llegado a partir del radical vuelco legislativo acometido con la excusa de puesta en marcha del TLC y mediante la brutal repercusión de este cambio en el desmantelamiento de las garantías de derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas tan elementales como el derecho a la tierra, al medio ambiente, a los recursos propios, a la salud o, en definitiva, a la vida. Si la Comisión no se ocupa de las causas de lo acontecido en Bagua, su labor será bastante vana.
El Gobierno aún se empeña en que han caído más guardias que cartagineses y en que es dato decisivo para eximirle de toda responsabilidad este que arroja un marcador manipulado en un partido entre muertos. Basta con que la Comisión se sitúe y recluya en este escenario macabro para que la impunidad siga reinando o, mejor dicho, presidiendo en el Perú. Tales son las perspectivas si la iniciativa de la formación de la Comisión se deja en manos del Gobierno o incluso del Congreso y no se toma de parte internacional. De parte peruana, el problema impeditivo no es sólo de descoordinación patente, sino también y sobre todo de responsabilidades pendientes.
- Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1805
