Lo que relataré a continuación proviene de mi propia experiencia como asesor legal de comunidades Awajún y Wampís del Cenepa, en Amazonas, y es un testimonio directo que a mi juicio, muestra indicios políticos -todavía no pruebas jurídicas- que apuntarían hacia una deliberada estrategia de provocación estatal y empresarial contra las naciones Awajún y Wampís con dos claros objetivos: en lo estratégico, aplastar la protesta y el movimiento indígena nacional; en lo táctico, desprestigiar ante el país a esos dos pueblos y así facilitar el ingreso de empresas extractivas transnacionales en sus territorios.

Que cada quien sea libre de sacar sus propias conclusiones. La golpeada y sufrida familia policial peruana ya está comenzando a sacar las suyas, rompiendo con su tradicional y disciplinado silencio, en aras de la verdad y la justicia (véase el testimonio de un mayor retirado sobre la muerte de su hermano policía en el que se refuerza la hipótesis de una provocación deliberada).

Lo que altos funcionarios y ejecutivos del Gobierno y de empresas mineras sí saben, pero no sus subordinados enviados como carne de cañón

“¿Usted sabe quiénes son los Awajún, conoce algo de su historia, señor Vigil?” le pregunté al ejecutivo de la empresa minera Afrodita (o Dorato Resources Inc., que es lo mismo) retenido por indígenas de varias comunidades en Huampami, distrito de El Cenepa en enero de 2009 (1) .

Yo había viajado hasta allá para persuadir a los nativos de que accedieran a liberarlos y que la sangre no llegara al río con el consiguiente luto de 06 familias y el desprestigio de la legítima y justa lucha indígena por la vida y salud de sus familias… Me respondió que no sabía nada especial sobre ellos. “…Pero cualquiera se entera leyendo en internet, señor. ¿Y Afrodita no tiene antropólogos contratados que los asesoren y les expliquen cuál es la cultura de los pueblos donde piensan hacer minería?“, la respuesta fue nuevamente negativa. “¿Pero al ser designado como supervisor de esta zona, sus jefes (Jorge Bedoya, Valentín Paniagua Jara, Carlos Ballón) no le dijeron nada sobre cómo fue mutilado un Parque Nacional que contaba con apoyo indígena para favorecer a su empresa?“. Nuevamente no…

Estas preguntas se las hacía al finalizar 06 días psicológicamente extenuantes, impredecibles y sumamente tensos en los que seis personas (este ejecutivo de aprox. 60 años, con un bypass en el corazón e hipertenso, un joven empleado, dos agentes de seguridad -uno de ellos con una camiseta que decía “FBI”- y dos guías indígenas) estuvieron retenidos por 300 indignados pobladores -cantidad que aumentaba con el correr de los días- que ya habían expresado al Estado mediante numerosos comunicados públicos, cartas y memoriales su total rechazo a la actividad minera desde más de una década atrás. Ni el Gobierno, ni los dueños de la empresa minera Afrodita/Dorato, ni los indígenas eran actores que se desconocieran entre sí.

La empresa minera Afrodita estaba muy bien advertida por los dirigentes aguarunas de que no eran bienvenidos en sus tierras y de que no podían responsabilizarse de cualquier cosa que pudiera suceder en adelante. El último aviso les llegó mediante una carta fechada 17 de diciembre de 2008 (ver páginas uno y dos), pero los Altos Ejecutivos tampoco hicieron caso. Pusieron en aprietos a los Apus locales y en riesgo de una inminente tragedia a sus empleados. Esto no podía entenderse sino como una total irresponsabilidad hacia la vida de indígenas y de la comitiva enviada.

a. El Gobierno sabía que las naciones Awajún y Wampís fueron -y todavía son- cultural y militarmente indoblegables y pueblos particularmente orgullosos.

Mi desacuerdo con la retención de esta gente fue expresado con el debido respeto a la autoridad y soberanía de la Asamblea Comunal (tengo pruebas y el hecho de que fui el único foráneo que llegó a la comunidad hasta que se logró la liberación); pero con el mismo respeto fui refutado con respuestas que nos ilustran sobre las consecuencias de violar el derecho a la consulta contenido en el Convenio 169 de la OIT: “doctor, ellos han violado nuestro territorio como tú muy bien sabes“, “es la única manera para que el Gobierno nos responda, nos escuche y nos explique de por qué aprueban minería en nuestro territorio sagrado donde están enterrados nuestros viejos y del cual vivimos”. “Pero hermanos, por principio los Gobiernos no tienen la política de dialogar bajo presiones…“. Una madre responde: “Entonces serán mártires de la minería y nosotras mártires de nuestro pueblo“.

¿Mera palabrería?. El Instituto de Recursos Naturales (hoy SERNANP), organismo del Ministerio de Agricultura, sabía muy bien que estos pueblos no pueden ser traicionados, que la palabra empeñada con ellos es inviolable, que mejor es no prometer nada antes que mentirles o hablarles con ambigüedades engañosas, que los indígenas son celosos de su autoridad consuetudinaria sobre su rico territorio, que en particular los Awajún y Wampís nunca fueron conquistados por los sanguinarios Mochicas, por el arrasador Imperio Incaico, por los colonialistas españoles ni por los codiciosos explotadores del oro y del caucho de la época republicana. Y que fueron entusiastas y habilísimos soldados en las guerras limítrofes contra Ecuador, donde ellos murieron mientras sólo los oficiales mestizos y blancos eran condecorados. Además con una cultura riquísima, compleja y milenaria, motivo de admiración de todos aquellos que la han estudiado. Y con una sabiduría ancestral francamente sorprendente. Con vicios y defectos como todo grupo humano (no hablamos de extraterrestres ni de ángeles, nadie pretende mitificarlos), pero pueblos admirables.

Aunque dudo de que su valor humano sea apreciado por los Altos niveles del Gobierno, de lo que sí estaban al tanto era de la tradición guerrera Awajún y Wampís. El Poder Ejecutivo sabía bien de qué se trataba aquél 05 de junio en Bagua. En la primera parte de este artículo cité algunos extractos oficiales de INRENA, enviados a diversos Ministerios del Poder Ejecutivo y a la Presidencia del Consejo de Ministros en 2007. Aquí ofrezco más de ellos:

“Estos grupos indígenas han mantenido su identidad ajustando los diversos desequilibrios que se iban produciendo. Supieron defender fieramente sus tierras de los invasores: Incas, españoles, exploradores y colonos. Poseen una fuerte identidad y se sienten orgullosos de ella”.

“Los awajún y wampís tienen una gran capacidad para establecer alianzas y unirse como pueblo en la defensa de su territorio. Su territorio, su lengua y las cosmovisiones son los elementos aglutinantes que les confieren identidad diferenciada, además del conocimiento que poseen de su entorno natural“.

“Una de las características de la cultura jíbara, con predominio en los hombres, es su actitud guerrera.” (2)

Y no sólo en sus hombres, sino también en sus mujeres, cuando se trata de defender el futuro de sus hijos, de sus familias y de su territorio donde reciben “la visión” de los espíritus del bosque para constituirse en lideresas de sus comunidades.

“Hacia el año 1450 el Inca Tupa Yupanqui trató de conquistar a los jíbaros de la ceja de selva en un lugar llamado Bracamoros, pero fracasó. Según el cronista español Pedro de Cieza de León, “Por los Bracamoros entró y volvió huyendo, porque es mala tierra aquella de montaña“. Huayna Capac, según el mismo autor, también fracasó: “Público es entre muchos naturales de estas partes que Guayna Capa entró por la tierra que llamamos Bracamoros y que volvió huyendo de la furia de los hombres que en ella moran“. (3)

“El historiador, Juan de Velasco, dice: No hay que decir que los Incas del Perú hubiesen civilizado esta Provincia. No intentó conquistarla el Inca Huaynacápac, y siendo él vencedor de todas las naciones, salió huyendo vergonzosamente de ella, con todas sus tropas disciplinadas y de gran fama.” (4)

Puede ser cierto que, como el mismo informe gubernamental que citamos dice, “estas prácticas van disminuyendo por las prohibiciones de las iglesias y la intromisión de la cultura occidental” pero el hecho de estar ante aguarunas y huambisas ex combatientes, debería haber significado algo para los altos mandos de la Policía Nacional y a la Ministra del Interior antes de enviarlos a Bagua.

¿Y mientras tanto la empresa minera Afrodita quizás andaría distraída? De ninguna forma. Desde antes del conflicto de 1995 con el Ecuador, el dueño de esta empresa realizaba lobbies en los dos lados de la frontera tanto a nivel de los gobiernos y ejércitos ecuatoriano y peruano como al de las organizaciones locales indígenas para favorecer sus concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor.

Mientras tanto, hacía negocios con Goldmarca, una empresa asociada a la DINE, empresa del Ejército ecuatoriano con intereses mineros en la frontera. Esta es una historia muy importante para ser conocida y puede leerse aquí, historiada por la especialista en Amazonía Frederica Barclay. Lo que quiero destacar es que esta empresa conocía tan bien a los nativos, que sus puestos mineros se instalaron al amparo de bases militares (”Ciro Alegría” y “El Tambo”) para asegurar su permanencia. Y ni así logró protegerlas.

Sigo en Huampami. Ya es el cuarto día y no hay solución. El Gobierno no cede y hace invocaciones a un diálogo bajo condición de previa liberación, la Defensoría del Pueblo tampoco llega a la zona y la empresa minera insulta al principal dirigente Awajún, le exige que les diga “cuánto dinero pide por el rescate” y lo amenaza con una denuncia penal por secuestro (todo por teléfono).

El Gobierno propone dialogar en una ciudad distante de allí (Bagua), pero el pueblo dice que no y su dirigente no puede desobedecerles. Además, dicen, el incidente no ocurrió allí e ir a otra ciudad puede facilitar detenciones arbitrarias contra los voceros indígenas. Le digo a un empleado en Lima de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría que esto no puede durar eternamente. Y me dice: “pues tendrán que cansarse…”. Hoy, a más de 60 días de paro amazónico y luego de una treintena de muertos, ese señor debe estar recordando sus palabras.

b . Las peticiones de titulación y demarcación territorial de comunidades Awajún y Wampís fueron dilatadas arbitrariamente por el Estado o negadas por “falta de recursos”.

Luego de la masacre en Bagua, la Ministra de Justicia, inflamada perseguidora del dirigente indígena Alberto Pizango, dijo que el Gobierno debería aprobar un programa especial de titulación para las tierras indígenas. Sí pues, debería. Porque a los pueblos indígenas peruanos, en la práctica se les ha negado el derecho de titulación que el ideólogo neoliberal Hernando de Soto (”El misterio del Capital”) dice que es la condición para salir del subdesarrollo económico. Qué tales “perros del hortelano” estos del Gobierno.

El Estado peruano no ha cumplido plenamente con su obligación de reconocer la propiedad del Pueblo Awajún y Wampís del Cenepa sobre sus territorios tradicionales a pesar de que ellos se lo vienen solicitando por lo menos desde 1977. El Estado ha incumplido sea dilatando injustificadamente durante 30 años la entrega de los respectivos contratos de “cesión de uso” (contratos que “regularizan” legalmente su posesión) (5), sea aduciendo falta de recursos para proceder a la demarcación y titulación (y sin efectuar tampoco la debida planificación para obtenerlos) (6).

Así, por ejemplo, para efectuar la ampliación, demarcación y titulación legal del área de 09 comunidades nativas (Ajuntai Entsa, Kusu Numptkeim, Pagki, Sawientsa, Tagkegip, Tunas, Tunim, Uchi Numptkaim y Wee, en total 67,185.4563 Ha.) el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) solicitó a los indígenas que le paguen la suma de S/.385,588.74 nuevos soles (aproximadamente USD$ 128,000.00 dólares americanos), monto extremadamente sobrevaluado en relación a los costos del mercado, prácticamente prohibitivo y que debería ser sufragado por los propios programas sociales del Estado (7).

Se niega la titularidad de la tierra a los poseedores ancestrales de ella, se desconoce la sacrosanta propiedad privada cuando ésta es indígena. Esta tierra sí “es de todos los peruanos” pero las propiedades de las grandes empresas no, sólo son de ellas. Y esto, a pesar de que el Estado ha admitido en diversos informes oficiales lo siguiente:

“La Cordillera del Cóndor en sus dos vertientes, la peruana y ecuatoriana, es territorio ancestral de la nación Jíbara, representada por los grupos étnicos awajún, wampis y shuar. Antes de la guerra del año 1941 los pobladores nativos de ambos lados de la frontera formaban familias o clanes extensos a quienes les pertenecían estos territorios” (8).

¿Por qué no titularlas entonces?. Lo respondió a los dirigentes indígenas de AIDESEP el abogado Valentín Paniagua Jara, representante legal de la empresa subsidiaria de la empresa canadiense Dorato Resources, verdadera dueña de la compañía Afrodita: “tierra no titulada es tierra libre y podemos hacer minería pidiendo permiso sólo al Estado”. ¿Convenio 169?: pamplinas.

Ahora todos estamos en una discusión pública, agitada, pero ellos y yo conservamos el respeto y la paciencia. Le digo a uno de los Apus presentes en la asamblea: “Qué le decimos a la opinión pública, va a decir que ustedes son violentos”. Un joven inmediatamente me sale al frente y alza la voz: “¡Que vengan aquí para que conozcan nuestra cultura!, ¡no somos salvajes!“. No me inmuto pues sé que sus maneras de hablar -desde nuestra apreciación cultural- parecen apasionadas, y su aparente ira es en realidad énfasis y convicción. Cuando bromean son muy expresivos, incluso su saludo tradicional de bienvenida podría inspirar temor cuando se tiene el privilegio de recibirlo por primera vez y no se está avisado.

“Hermano, ¿no sería bueno primero soltar al menos a Vigil como gesto de buena voluntad para que el diálogo pueda iniciarse?”. “No doctor, ya les habíamos advertido con carta para que no vengan pero igual ellos han venido y se han metido en nuestra casa sin que nadie les invite”. “¿Si los soltamos y ya no vienen?. ¡Después no cumplen!”.
Me quedo callado: es imposible asegurarles que el Gobierno cumpla su palabra.

c . El Gobierno otorgó concesiones mineras situadas en territorio ancestral Awajún y Wampís sin consultarles, violando la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, a favor de amigos políticos del Presidente García.

INRENA manifestó permanentemente que la minería es incompatible con el desarrollo de la vida en la Cordillera del Cóndor porque se trata de un área ecológicamente vulnerable y de alta diversidad biológica. Pero presionada por los abogados de Afrodita/Dorato y por el Poder Ejecutivo (hay documentos que lo prueban), dio su opinión favorable a los petitorios mineros sin modificar ni uno sólo de sus argumentos técnicos desfavorables. Aquí unas perlas:

El área es “uno de los bosques más dinámicos y por ello inestables y frágiles ante cualquier fenómeno físico o natural o acción directa del hombre” .

“…para la población aguaruna asentada en las partes bajas de la Cordillera es necesario e indispensable a fin de mantener su calidad de vida y sus valores culturales mantener con carácter de intangibilidad las partes altas de la cordillera, por la que vienen apoyando el establecimiento del Parque Nacional Ichigkat Muja Cordillera del Cóndor“.

“… los impactos que se pudieran generar como producto de la actividad de exploración y explotación minera afectarían directamente los objetivos de conservación de la zona Reservada Santiago Comaina” (9).

“Cualquier actividad que se desarrolle va a alterar el régimen hídrico de la cuenca y afectar el caudal ecológico, por consecuencia pone en riesgo la conservación de la biodiversidad y la disponibilidad de recursos para las partes bajas de la cordillera” (10).

“Los petitorios mineros se encuentran superpuestos a un enmarañado sistema de quebradas, que forman parte de las cabeceras del río Cenepa, las cuales podrían verse afectadas por la actividad y afectar a las comunidades nativas y población que de ellos se abastecen, si sus aguas se ven contaminadas con los residuos de la actividad“ (11).

“Los petitorios Lahaina 17 y Lahaina 20, los cuales se ubican a menos de 01 km. del Parque Nacional Ichigkat Muja y los petitorios Lahaina 1, Lahaina 2, Lahaina 3 y Lahaina 17, que se encuentran a menos de 10 kilómetros del mismo, se encuentran ubicados en su Zona de Amortiguamiento, sobre un abanico de ríos que desembocan al río Cenepa, el mismo que ingresa, aguas abajo, a la Reserva Comunal Tuntanain, por lo que el desarrollo de actividades mineras en dichos petitorios conlleva una elevada probabilidad de contaminación. Si a esto sumamos que es una zona con constantes lluvias durante todo el año y que los contaminantes que se generarían serian llevados rápidamente por acción de las aguas al interior de la Reserva Comunal Tuntanain, creemos conveniente emitir opinión desfavorable, debido a que las actividades que se realicen en las Zonas de Amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los objetos de conservación del Área Natural Protegida” (12).

“Las constantes y fuertes precipitaciones durante todo el año que presenta esta zona y el relieve bastante empinado [mayor del 50 %], las escorrentías producto de lluvias podrían transportar contaminantes generados por las actividades mineras y trasladarlos hacia la zona de la Reserva Comunal Tuntanain, en una eventual actividad de explotación minera inadecuadamente manejada” (13).

Que, la explotación minera causará impactos en los ecosistemas de la región fronteriza. Dichos impactos como la contaminación y otros, deberán ser mitigados con una planificación que mantenga el equilibrio entre los beneficios económicos que se obtengan y el mantenimiento de procesos ecológicos y culturales mediante mecanismos binacionales;” (14)

¿Algun(a) peruano(a) confiaría en la “planificación” de las autoridades ambientales peruanas para mitigar la contaminación de su familia?, ¿algun(a) peruano(a) permitiría esto en su casa?.

Más allá del argumento ecológico, aquí no se trata sólo de un territorio con importancia ambiental y económica para el país, el mundo y los indígenas, sino también de una tierra con profundo significado cultural y religioso para los pueblos que lo habitan, un espacio físico-cultural en el que su existencia como pueblos es objeto de reproducción espiritual, como lo reconoce nuevamente INRENA:

“Que, dicha zona alberga áreas de importancia cultural y religiosa para los habitantes de las comunidades nativas colindantes y les proporciona los recursos necesarios para su subsistencia, los que han venido siendo aprovechados de manera sostenible;

“Es importante resaltar, que existe una población indígena que depende de la conservación de esta área, además del recurso hídrico, también representa un lugar sagrado dentro de su cosmovisión“ (15).

Pero nada de esto importó a los idólatras del oro y del petróleo cuyos dioses deben ser acatados con el sacrificio cruento de la naturaleza y los indígenas, andinos o amazónicos. Las concesiones mineras se aprobaron de todos modos. Es que como dijo el Presidente García:

“Ya está bueno, estos indígenas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase que puedan decirnos 400 mil nativos a 28 millones de peruanos tú no tienes derecho de venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo“.

Pero su amigo Carlos Ballón Barraza sí que es un ciudadano de primera clase. Ballón fue quien elaboró el capítulo minero del Plan de Gobierno del APRA y es socio de Abel Salinas, ex ministro de Energía y Minas durante el primer régimen de García. Ballón Barraza es el dueño de numerosas concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor, representante legal de Dorato Perú S.A.C, la subsidiaria que es la nueva propietaria de la compañía minera Afrodita, y ahora socio de Jorge Bedoya Torrico, pero además es Ejecutivo tanto de Dorato Resources Inc. como del Grupo Cardero, corporación canadiense que se autodenomina “first mover” en áreas de clase mundial en el distrito aurífero ecuatoriano y que es dueña de Dorato.

Estos negocios son inconstitucionales porque violan el artículo 71 de la Constitución Política que prohíbe la propiedad extranjera sobre minas en zona de frontera por razones de seguridad nacional, salvo que mediante un Decreto Supremo se declare de “necesidad pública”. Ni ésta formalidad han cumplido. No hay decreto pero sí hay exploración minera de la subsidiaria de la canadiense Dorato Resources Inc..

Todo ello sin contar con que las concesiones también son inconstitucionales porque no han sido otorgadas respetando el derecho a la consulta libre, previa e informada a la que tienen derecho los pueblos indígenas en virtud del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU cuya aprobación fue impulsada por la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, al punto de recibir una felicitación pública internacional por ello… (”luz en la calle, tinieblas en la casa”).

Es el quinto día y a pesar de que el Sr. Vigil se animó bastante cuando le regalé un Nuevo Testamento, su hipertensión ya adquiere niveles riesgosos y el médico de la comunidad informa a la asamblea indígena lo que sucede y el peligro que se cierne. Al principio no le creen porque es mestizo y desconfían, piensan que puede ser una estrategia para dejarlo ir. Dudan, discuten, unos quieren dejarlo ir pero otros rechazan la posibilidad. “Si al gobierno le interesa la vida, entonces que venga a conversar con nosotros”. “Pero el Gobierno puede tener miedo, ¿qué garantías darían ustedes si ellos aceptaran venir hasta aquí?” “Nuestra palabra, doctor. Eso basta. ¿Cómo otros sí vienen?“. Y tienen razón. Su palabra sí basta, no es cualquier cosa el acusar de mentiroso a un Awajún o a un Wampís.

d . El Gobierno mutiló a la mitad un santuario ecológico (calificado como “epicentro de la biodiversidad mundial“), desconociendo los resultados de consultas hechas por el propio Estado a las comunidades Awajún y Wampís del Cenepa; nuevamente a favor de aliados políticos del Presidente García.

De acuerdo a Conservación Internacional el área es un “Hotspot” de importancia mundial debido a que presenta un variado gradiente altitudinal que alberga especies en vías de extinción y especies vulnerables de importancia nacional y planetaria, así como multitud de especies endémicas, conteniendo la sexta parte de todas las plantas del planeta en menos del uno por ciento de área terrestre. Es parte de la región más diversa y rica del planeta.

En 1999, el propio Estado peruano la identificó como “área representativa de la eco región del bosque montano de la Cordillera Real Oriental de los Andes” y la incluyó para su protección prioritaria en la “Estrategia Nacional para las Áreas Naturales Protegidas-Plan Director (1999)” aprobada mediante Decreto Supremo No.010-99-AG.

Se proyectó crear un área natural protegida allí, un Parque Nacional. El mapa de la primera propuesta de Parque abarcaba un área de 152,873.76 Ha., y fue elaborada por INRENA en base a un expediente técnico muy cualificado que contó con un amplio proceso participativo sistematizado desarrollado a través de talleres de consulta a organizaciones privadas de conservación, autoridades locales y nacionales, organismos no gubernamentales así como a las comunidades indígenas aledañas.

Los indígenas aceptaron con desconfianza la propuesta de ceder sus derechos territoriales bajo la forma legal de un área natural “protegida” pero finalmente acordaron que esa sería una manera más rápida de protegerlo de la minería aurífera. Entonces decidieron que sólo aceptarían un Parque Nacional cuyos límites correspondieran a los límites de las comunidades ya tituladas, a los límites de las áreas solicitadas en ampliación y a los límites de las nuevas comunidades por titularse “respetándose los derechos ancestrales de las comunidades” e instando nuevamente al Estado a que cumpliera con titular la ampliación de las comunidades nativas (16) y que escuchara su pedido reiterado de establecer el Parque Nacional para protegerse de la contaminación minera.

Escúchese el audio del Video “Ichigkat Muja. Un Parque para la Paz y la Conservación de la Cordillera del Cóndor” producido por Conservación Internacional en donde se historia el proceso de creación del Parque Nacional Ichigkat Muja. Es un testimonio que documenta el proceso.

Pero el cuento de hadas de un proyecto concertado entre Estado e indígenas se vino abajo cuando el INRENA modificó nuevamente su primera propuesta e hizo una segunda propuesta, disminuyendo el área a 88,477.00 Ha., la que finalmente fue aprobada mediante Decreto Supremo No.023-2007-AG. ¿Para qué redujo el Parque?. Para posibilitar la aprobación de petitorios mineros del amigo de Alan García en dichos ecosistemas. ¿Porqué cambió su primera propuesta a espaldas de lo acordado con Awajún y Wampís?. Ello sólo puede explicarse a partir de la presión documentada del Poder Ejecutivo aprista. Está documentado:

En noviembre de 2005 una Comisión Multisectorial del Gobierno instó al INRENA a declarar la inmediata compatibilidad de la Minería con la zona protegida (17). Sin que le hayan pedido su opinión, el Ministerio de Relaciones Exteriores se metió a opinar:

“b. Indudablemente el INRENA basa su propuesta en sólidos planteamientos de carácter ambiental y ecológico que esta Cancillería comparte y siempre apoya. Sin embargo, [se debe] asegurar para el Perú el aprovechamiento de la ventaja natural que ofrece la presencia de riquezas mineras (oro) en la zona. En ese sentido, nos referimos a las denuncias (sic) mineras que podrían surgir en el futuro (aparte de las concesiones ya existentes y que de acuerdo a lo manifestado por INRENA estarían excluidas del Parque Nacional propuesto).

d. De aprobarse la propuesta de INRENA, se estaría impidiendo el futuro desarrollo minero (y eventualmente el forestal) de nuestro territorio, mientras que ello es permitido y apoyado por las autoridades ecuatorianas en dicha zona limítrofe. En este sentido, la categorización del Parque Nacional conllevaría en el Perú las consecuentes restricciones a la actividad económica que no corresponden a las características observadas por el lado ecuatoriano, donde por la intensidad de la actividad minera y las técnicas empleadas para la extracción de oro (socavones) eventualmente podrían conducir a la explotación indebida de los recursos de nuestro lado de la frontera. Esto pondría a nuestro país en situación de desventaja frente a la actividad minera que viene fomentándose en territorio ecuatoriano adyacente al área del proyectado parque nacional“ (18).

Esto fue aplaudido, por supuesto, por el bróker de las empresas mineras en el Perú, el Ministerio de Energía y Minas, quien elogió que

“… ya no se encuentran superpuestos ningún tipo de derechos [mineros] otorgados a terceros por este sector” [lo cual] “propiciará que el Perú establezca una frontera viva, con oportunidades para diversas actividades económicas como la minera en el marco de la responsabilidad ambiental” (19).

La “frontera viva” sería la gran minería transnacional por cierto, ignorando que existen comunidades que viven allí desde hace siglos. Esa minería que mientras presiona para recortar un santuario ecológico y dice que “seis soldaditos no pueden cuidar la frontera”, al mismo tiempo hace negocios mineros en el lado ecuatoriano de la Cordillera del Cóndor…

e . Ya existían antecedentes de burlas a las autoridades consuetudinarias indígenas que a fines de 2008 y comienzos de 2009 provocaron graves conflictos entre Gobierno Central, empresa minera e indígenas de la zona con riesgo de vidas humanas de por medio.

Los incidentes de Huampami en enero de 2009 fueron precedidos por otros que fueron publicitados en la prensa nacional: en noviembre y diciembre de 2008, comitivas Awajún y Wampís hicieron una marcha de 07 días por caminos conocidos sólo por ellos y abiertos en medio de la selva virgen para constatar directamente los daños ambientales causados por actividades de explotación ilegales en la Cordillera.

En diciembre de 2008, procedieron a desalojar el campamento minero de Afrodita que se había establecido dentro de un puesto militar fronterizo, sin ninguna resistencia de los soldados allí instalados. Esta acción se realizó luego de varias cartas enviadas a dicha empresa protestando por su presencia inconsulta en la zona, de una fallida reunión de diálogo que nunca llegó a realizarse y de una carta fechada el 14 de Diciembre de 2008 en la que los indígenas exigen a la empresa que en el plazo de 48 horas se retire del territorio ancestral.

El 12 de enero de 2009, la organización indígena local ODECOFROC solicita por escrito una reunión de alto nivel con la Presidencia del Consejo de Ministros y diversos Ministerios con competencia en la problemática social de los indígenas del Cenepa. Ninguna de las cartas enviadas fueron respondidas por el Poder Ejecutivo.

Estos antecedentes conflictivos poco importaron a los altos ejecutivos de Afrodita/Dorato, como para hacerlos desistir de enviar a sus empleados a la comunidad de Huampami sin ninguna coordinación ni previo aviso con las comunidades y con los Apus.

Día quinto, de noche: la Asamblea Awajún y Wampís decide liberar a todos los retenidos. No explicaré cómo fue logrado esto porque no interesa contarlo aquí. Pero lo deciden con la condición de que el Gobierno garantice mediante un Comunicado publicado en un diario, firmado por el Presidente del Consejo de Ministros, a enviar una Comisión de Alto Nivel a esa comunidad (Huampami) para dialogar, que la empresa minera se disculpe por haber ocasionado todo este conflicto y que no hayan persecuciones judiciales contra los dirigentes. Soy testigo de que ni aún a este nivel tan local, los dirigentes pueden decidir o manipular a su pueblo. Son simples voceros que acatan lo que dicen las asambleas en deliberación y pobre de ellos si no cumplen con su función. Por eso no le creen -o no quieren creer- al dirigente perseguido Alberto Pizango, aquellos políticos caudillistas tan están acostumbrados a mandar y manosear la voluntad de sus representados. En el mundo indígena la autoridad es realmente colectiva y no individual.

Al día siguiente el Gobierno emite su compromiso escrito aunque no lo publica en ningún diario (¿pensará incumplir?). Los retenidos son liberados, la vida vuelve a los ojos de estas personas; Vigil sigue mal de salud pero está aliviado. Sigue bromeando con los indígenas que lo cuidaron diariamente en el puesto de salud de la Comunidad donde fue alojado. En medio del alivio general, toma el deslizador junto a los demás retenidos y un par de policías de resguardo, y navegan por el río Cenepa, hacia la base militar Chávez Valdivia que queda a pocos minutos de allí.

La asamblea indígena se reinicia pero esta vez discuten ardorosamente sobre “la mejor manera de recibir a los Apus del Gobierno” que llegarán al día siguiente: con danzas culturales, con sus mujeres ataviadas a la usanza tradicional, con “masato”, con muerte del mejor animal para preparar un delicioso almuerzo típico, con danzas de bienvenida a cargo de los Apus añejos, de los niños y de las mujeres.

Hay alegría, hay ilusión, otra vez hay confianza en quienes siempre los traicionan. Yo observo todo como un privilegiado. Los he visto colectivamente enojados y ahora los veo colectivamente festivos.

Al día siguiente, jueves 22 de enero de 2009, una multitud se reúne para recibir al helicóptero del Gobierno. Pero la Comisión nunca llega a Huampami. El helicóptero del Viceministro de Minas pasa de largo y aterriza en la base militar cercana. Pide que los dirigentes vayan a verlo allá. Ellos corren el riesgo y entonces el Viceministro les dice que “no tiene autorización para cruzar el río”, defiende a la canadiense Dorato Resources Inc. asegurando que no tiene concesiones mineras en la frontera, sino sólo la compañía “peruana” Afrodita; que los indígenas lo ayuden a “descubrir las pruebas que demuestren lo contrario”; que “estaría encantado de ir a Huampami” pero no puede. No hay diálogo. Los dirigentes indígenas se retiran e informan a su pueblo.

El Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, no cumplió su palabra a pesar de haberla expresado dos veces y por escrito. El pueblo ha sido engañado. “La próxima vez”, me digo, “¿cómo se podría convencerlos de cambiar sus decisiones?”. El Presidente y sus Ministros han querido responder esta pregunta el pasado 05 de junio en Bagua: lo harán las balas y las bombas lacrimógenas.

La fiesta y la comida se realizan de todos modos: pero son para Alberto Pizango y los dirigentes de AIDESEP que han llegado hasta la comunidad para conversar con sus hermanos.

Epílogo:

- 19 de marzo de 2009: Un dirigente sobresaltado me llama por teléfono desde el Cenepa: otra vez, dos funcionarios del Gobierno (uno del Ministerio de Energía y Minas y otro del Ministerio de Agricultura, acompañados de un sociólogo) han ingresado al territorio Awajún sin efectuar ninguna coordinación previa con las comunidades indígenas ni con la organización representativa. Son retenidos en Huampami.

Dicen que fueron a dar un “seminario sobre minería, hidrocarburos y medio ambiente” dirigido a una organización indígena fantasma creada no se sabe por quién, pero con la misma jurisdicción territorial de una organización previamente existente (ODECOFROC). Se produce una confusión y un Apu de la comunidad los deja ir luego de dos horas. Hay una asamblea y se delibera qué ha sucedido, “quién ha traicionado”.

Otra provocación, esta vez desde el Ministerio de Energía y Minas.

- 13 de abril de 2009: El Presidente de ODECOFROC presenta tres denuncias administrativas ante el Ministerio de Energía y Minas solicitando la revocatoria de las concesiones mineras inconstitucionales en sus territorios. En el límite del plazo legal para contestar, 30 días hábiles después, el Ministerio responde que ha iniciado indagaciones preliminares, pero ya nos va adelantando que los contratos de cesión minera que no hayan sido inscritos en Registros Públicos no tienen efectos ante el Estado…¿y por tanto dará igual que hayan negociados inconstitucionales con intereses extranjeros?.

Díganselo a Dorato Resources y sus millonarias inversiones en exploración minera en la Cordillera del Cóndor. Díganselo a las mujeres e hijos de los aguarunas y huambisas muertos que han sido provocados hasta el genocidio. Díganselo a las familias de los policías caídos en el cumplimiento de órdenes fascistas y valientes salidas de cómodos escritorios gubernamentales.

Hoy, luego de las masacres del 05 y 06 de junio, la directiva nacional de AIDESEP y los Apus Awajún y Wampís de Amazonas han entrado a la clandestinidad porque pesan órdenes de captura contra ellos, el máximo líder indígena Alberto Pizango está refugiado en la Embajada nicaragüense, y hay multitud de desaparecidos y detenidos. Se ha intentado descabezar al movimiento indígena amazónico. Mientras los nombres y apellidos concretos de los ejecutivos de empresas nacionales y transnacionales beneficiados con el 70% de la Amazonía peruana concesionada guardan un oportuno silencio. No se escuchan los pronunciamientos de los gremios empresariales ni de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo.

¿Cómo han podido ignorarse tan simplemente todos los antecedentes mencionados aquí? Antes de la masacre del 05 de junio en la “curva del diablo”, la prensa informó que el Presidente García prácticamente gritó a la Ministra del Interior por su “debilidad en imponer el orden”. “¿Negligencia?” se pregunta en un importantísimo reportaje el diario La República… aquí nos preguntamos si no fue una negligencia con ribetes de indiferencia racista hacia las posibles consecuencias. En todo caso, el operativo policial fue pésimamente planificado e improvisado, según han informado los propios policías.

También debemos finalmente preguntarnos: ¿cuántos hombres de los videos y fotos que usted ha visto en este artículo ahora estarán muertos o desaparecidos? ¿Cuántas de estas mujeres ahora son viudas o perdieron a sus hijos? ¿Y los jóvenes policías enviados a enfrentar a otros peruanos tan humildes y asustados como ellos? ¿Quién responderá por estas vidas perdidas? La espantosa matanza de policías desarmados el 06 de junio en la Estación 6 de Petroperú -quienes no fueron avisados previamente del plan de la “curva del diablo”- debe ser investigada profundamente. El país entero debe reflexionar sobre el inmenso daño humano que el colonialismo racista sigue causando en nuestro suelo, a nuestra gente, a nuestra viabilidad como país plurinacional.

Apéndice

Yehude Simon, el Primer Ministro, repitió macabra e reiteradamente: “vamos a matar aquellas partes de los decretos que afecten a las comunidades”. Lo repitió tantas veces que un diario local llamó la atención sobre eso… Al final, lo que se mató no fueron esos decretos… Reiteramos aquí las razones del Derecho para derogarlos totalmente:

• Perú: ¿porqué luchan los pueblos amazónicos?: breve explicación sobre los decretos cuestionados y enlaces a más explicaciones didácticas sobre los mismos.

• Actas del debate 2008 en el Congreso de la República en el que se derogaron los Decretos 1015 y 1073: hoy estamos ante la misma situación.

• Informe conclusivo de la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República: analizando los decretos cuestionados y opinando por su derogación.

• Informe jurídico y Resumen de 2008 del constitucionalista Eguiguren Praeli: señalando que los decretos legislativos son inconstitucionales.

• Informe jurídico de 2008 de especialista Patricia Urteaga en el mismo sentido.

• Informe jurídico y Cuadro Sinóptico de 2008 de CAAAP en idéntico sentido.

• En respuesta al Sr. Althaus: extraordinaria réplica que ilustra lo que se juegan los pueblos amazónicos.

Notas:
(1) La intrusión en tierras indígenas sin previa consulta es una violación del artículo 18 del Convenio 169 de la OIT que a la letra dice: “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados (…) y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”. No olvidemos que dicho Convenio es obligatorio y no “referencial”.
(2) Proyecto de Decreto Supremo de categorización del Parque Nacional Ichigkat Muja, p.47.
(3) Ídem.
(4) Documento “Valoración cultural de los pueblos Awajún y Wampís”. INRENA, Proyecto “Paz y Conservación Binacional en la Cordillera del Cóndor, Ecuador-Perú (componente peruano)”, p.8.
(5) El término “propiedad informal” implica la posesión física de bienes no reconocida mediante ningún título y que por ello se buscaría “formalizar” por el Estado. En abierta violación del concepto de “territorio” del Convenio 169 de la OIT, el Estado peruano desconoce la ancestral territorialidad de los pueblos indígenas y exige a las comunidades nativas que soliciten la “formalización” legal de sus títulos de propiedad como condición para reconocerles como verdaderos dueños de sus tierras ancestrales.
(6) La programación de metas del año 2008 de COFOPRI no consideraba incluir ninguna partida económica para cumplir con la solicitada titulación de las comunidades Awajún y Wampís.
(7) Documento “Presupuesto del Diagnóstico para ampliación y saneamiento físico legal de nueve comunidades nativas ubicadas en la cuenca del río Cenepa, Distrito del Cenepa, Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas”, adjunto al Oficio No.606-2008-COFOPRI/DFINT de fecha 12 de junio de 2008 emitido por COFOPRI al Instituto de Bien Común, institución privada que coopera con los indígenas para la titulación de sus tierras.
(8) Proyecto de Decreto Supremo de categorización del Parque Nacional Ichigkat Muja, p.47.
(9) Informe No.487-2006-INRENA-IANP-DOANP de fecha 04 de agosto de 2006, en: Expediente de la concesión minera “Halcon 1″, Distrito del Cenepa (subrayados nuestros).
(10) Informe No. 116-2007-INRENA-IANP-DOANP de fecha 06 de marzo de 2007, en Expedientes de concesiones mineras “Vicmarama 10″, “Maravilla 6″ y otros allí mencionados.
(11) Informe No.566-2008-INRENA-IANP-DOANP en Expediente de la concesión minera “Halcón 1″ del Distrito del Cenepa.
(12) Informe de INRENA No. 941-2007-INRENA-IANP-DOANP de fecha 08 de enero de 2008, Expediente de concesión minera “Lahaina 1″ del Distrito del Cenepa (subrayados nuestros).
(13) Informe de INRENA No. 158-2007-INRENA-IANP-DOANP de fecha 30 de abril de 2008, Expediente de concesión minera “Lahaina 1″ del Distrito del Cenepa.
(14) Oficio No.198-2007-INRENA-IANP-DOANP del 22 de marzo de 2007.
(15) Oficio No.198-2007-INRENA-IANP-DOANP del 22 de marzo de 2007, Exposición de motivos del proyecto de decreto supremo que categoriza el Parque Nacional Ichigkat Muja.
(16) “Acta de la reunión de presentación de la propuesta del Parque Nacional Cordillera del Cóndor”, Huampami, 29 y 30 de marzo de 2004, suscrita por numerosos representantes y pobladores Awajún y Wampís.
(17) Actas de la última reunión de la comisión celebrada en el Ministerio de Defensa el 08 de noviembre de 2005 con asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas de INRENA e inclusive el gerente legal de la compañía minera Afrodita, titular de diversas concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor (Archivo SERNANP, Ministerio del Ambiente).
(18) Oficio RE (SAA-SUD-APA-ECU) No. 2-9-B/9 de fecha 18 de enero de 2006 y su Informe anexo. Subrayados nuestros.
(19) Oficio No.065-2007-MEM/MM de fecha 23 de febrero de 2007 suscrito por la Viceministra de Minas.

Fuente: http://www.servindi.org/actualidad