Intereses transnacionales farmacéuticos implicados en golpe de estado a Zelaya

30/06/2009
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La participación de factores políticos y económicos ligados a laboratorios farmacéuticos transnacionales aparecía hoy en Tegucigalpa como hipótesis para explicar el movimiento golpista impulsado por sectores de la ultraderecha en Honduras.

La decisión de estas mafias farmacéuticas de apoyar el movimiento desestabilizador contra el presidente Zelaya, habría surgido hace algunos meses tras el ingreso a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. En Honduras, más del 80% de los medicamentos son provistos por empresas multinacionales, siendo la materia prima para su producción 100% importada, principalmente desde Estados Unidos y Europa.

Los países de origen de estos medicamentos son Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala: en Panamá se encuentran ubicadas las plantas de laboratorios multinacionales como Glaxo , Sanofi y Smiyh Kline, mientras que en Costa Rica están Pfizer y Stein. En Guatemala se encuentran Novartis, Bristol Myers y Aventis.

La concreción de un acuerdo comercial establecido por los gobiernos de Cuba y Honduras tras el ingreso al ALBA incluyó como una de las principales temáticas de intercambio, la importación de medicamentos genéricos desde la isla caribeña como forma de contrarrestar los altos precios de las medicinas que el estado hondureño debe costear para la provisión de sus hospitales públicos.

A principios de 2009 el gobierno de Honduras intentó comprar medicinas genéricas aprovechando los acuerdos establecidos por el ALBA pero se encontró con un escollo interpuesto por las transnacionales a través del colegio químico farmacéutico quien argumentó aspectos burocráticos para hacer caer las importaciones provenientes de Cuba a precios asequibles: los intereses del poderoso lobby farmacéutico norteamericano y europeo no permitirían la competencia de la industria cubana o de otras industrias nacionales farmacéuticas en el mercado de las medicinas de Honduras.

Como detonante final de las acciones desestabilizadoras, un hecho más colmaría la paciencia de los intereses privados transnacionales farmacéuticos: el 24 de junio pasado, los presidentes del ALBA “se comprometieron a promover un modelo de apropiación social del conocimiento que permita superar los obstáculos en la producción de bienes fundamentales para la vida, como la alimentación y la salud, y en ese sentido instruyeron al Consejo de Ministros del ALBA constituir, en un plazo no mayor a 30 días, un Grupo de Trabajo para la Revisión de la doctrina sobre Propiedad Industrial coordinado por Venezuela”.

Esta decisión gatilló automáticamente la orden de acelerar el movimiento desestabilizador previo a las elecciones democráticas a desarrollarse en el país conducido por el presidente Zelaya.

El terrorismo farmacéutico emergió nuevamente en los golpes de estado contra gobiernos que luchan por su independencia como ocurrió en otros momentos de la historia latinoamericana.

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